La Justicia investiga las "expulsiones forzosas" a las que ETA sometió a decenas de 'malos vascos'

La Audiencia Nacional investigará "la política de expulsiones forzosas del País Vasco" a la que ETA sometió a decenas de ciudadanos en Euskadi.

Así consta en un auto del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, fechado este lunes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. El magistrado Alejandro Abascal ha admitido a trámite una querella presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), dirigida contra 10 miembros de la cúpula de la banda terrorista en el año 2000.

Fueron ellos, según la querella, los que "decidieron" el "intento de expulsión" del País Vasco y el posterior asesinato del concejal del PP José María Pedrosa Urquiza.

Este es uno de los 379 crímenes de la banda terrorista sin resolver. Es decir, sin que haya condenas ni para sus autores materiales ni para los intelectuales.

La querella se dirige contra diez jefes de ETA, quienes, "presuntamente, integraban el vértice y la cadena de mando jerárquico de la organización terrorista al momento de los hechos" y a los que acusa de un delito de asesinato y de coacciones y amenazas.

José María Pedrosa Urquiza.

Se trata de Ignacio Miguel Gracia Arregui (alias Iñaki de Rentería), Javier García Gaztelu (Txapote), Juan Antonio Olarra Guridi (Jokin), Ainhoa Múgica Goñi (Olga), Asier Oyarzábal Chapartegui (Baltza), Juan Carlos Iglesias Chouzas (Gadafi), Mikel Albisu Iriarte (Mikel Antza), Vicente Goicoechea Barandiaran (Willy), Ramón Sagarzazu Gaztelumendi (Ramontxo) y María Soledad Iparraguire Guenechea (Anboto).

Todos ellos eran los responsables de los distintos aparatos —militar, logístico, internacional...— de la banda terrorista y componían la llamada zuba, el comité de dirección de la banda armada.

José María Pedrosa Urquiza fue asesinado el 4 de junio de 2000 por un pistolero que le disparó un tiro en la nuca. Antes de ello, había sufrido amenazas y coacciones para tratar de que abandonase el municipio del que era concejal, Durango.

Según subraya la querella de Dignidad y Justicia, desde el año 1977, la zuba acometió una "política de expulsiones forzadas de distintos sectores de población no nacionalista". La organización de víctimas ha podido localizar casi 40 comunicados de ETA destinados a forzar el abandono del País Vasco de diversas personalidades críticas con la banda terrorista o el independentismo.

La cúpula de ETA

Esta querella de Dignidad y Justicia —al igual que otras tantas— se dirige contra los jefes de la banda terrorista, dado su "dominio" y "control" de las acciones violentas y el carácter "jerárquico" de su estructura. Se trataría, según DyJ, de los "presuntos autores detrás del autor" de este y de otros atentados.

Por ello, en esta ocasión, adjuntan la reivindicación, por parte de la cúpula etarra, del asesinato del concejal del PP, "lo que excluye que tal atentado contraviniese a la zuba en nada" y que existiese una contraorden de los jefes de ETA para evitarlo.

"Cuando la zuba ordenaba matar, [los autores materiales] mataban; cuando la zuba contraordenaba no matar (a determinados sujetos, en determinado territorio o por determinado tiempo, en las denominadas treguas), dejaban de matar. A su sólo arbitrio y capricho; el de la zuba y el de nadie más que la zuba", reza la querella.

A pesar de la ristra de amenazas, José María Pedrosa siempre se negó a llevar escolta. Y hasta el día de su muerte defendió la decisión de permanecer en su municipio, Durango.

Estrategia de terror

Así se pronunció en una entrevista en la radio COPE el 15 de diciembre de 1997: "La verdad, no sé si voy a ir al cielo o al infierno. Procuraré ir al cielo. Lo que sí que sé es que voy a ir desde Durango. Y con guardaespaldas o sin guardaespaldas, iremos todos los días al Ayuntamiento a hacerlo lo mejor que podamos en pro de todos los ciudadanos de Durango".

En su auto, el magistrado Alejandro Abascal señala que el asesinato de Jesús María Pedrosa no sólo es un asesinato terrorista: “Supone, además, una amplificación y un refuerzo de esa amenaza terrorista", explica el instructor, "formando parte de esa estrategia de terror continuada y no puntual, indiscriminada y persistente, hasta el año 2011, y con eso no solo se acaba con la vida de la concreta persona, en este caso el señor Pedrosa Urquiza, sino que se alimenta ese clima de amenaza creado con vocación de perdurar durante el tiempo”.

Con el fin de esclarecer estos hechos, el magistrado acuerda en su auto solicitar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional un informe sobre las acciones de amenazas, coacciones y hostigamiento cometidas contra militantes de partidos políticos constitucionalistas en el periodo de tiempo inmediatamente anterior, simultáneo y posterior al asesinato del concejal en junio de 2000.

El informe deberá evaluar, concreta Abascal, si "como consecuencia de ese clima intimidatorio, dichas personas pudieron abandonar el País Vasco”. El juez pretende determinar así la participación de los 10 dirigentes de ETA investigados en las coacciones, amenazas y posterior asesinato, bien como autores mediatos, bien como responsables del delito cometido por la organización terrorista en comisión por omisión.