Dolores Delgado rechazará el ofrecimiento del juez de intervenir como acusadora en el caso Villarejo

Sólo cuatro días antes de que Delgado dejara el cargo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acordó citarla "en calidad de perjudicada" para ofrecerle la posibilidad de personarse en la pieza Pit como víctima de presuntos delitos cometidos por José Manuel Villarejo.

El excomisario está siendo investigado en la pieza Pit por haber cobrado cantidades millonarias a Ángel Pérez-Maura, copropietario de la naviera Pérez y Cía SL, a cambio de impedir su extradición a Guatemala.

Este país reclamó en 2016 la entrega del empresario, al que acusa de sobornar al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, a cambio de la adjudicación de la ampliación de la Terminal de Contenedores Quetzal.

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"Examinadas las actuaciones, se ha podido constatar que no se realizó, en su momento, el oportuno ofrecimiento de acciones como perjudicada" a Dolores Delgado, señalaba García-Castellón, a quien se le puso de manifiesto esa omisión desde la propia Fiscalía General, según ha sabido este periódico.

El instructor indicaba que en el procedimiento "aparecen referencias explícitas por parte de Villarejo a una posible participación en los hechos investigados en esta pieza de Dolores Delgado, quien hoy ostenta el cargo de fiscal general del Estado y que en aquel momento era fiscal de la Audiencia Nacional".

En grabaciones halladas en casa de Villarejo tras su detención en 2017 se escucha al excomisario presumir ante Pérez-Maura de que el exjuez Baltasar Garzón y Dolores Delgado estaban trabajando para él realizando gestiones ante el fiscal jefe para frustrar la entrega de Pérez-Maura a Guatemala.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional y la propia Delgado -de la que consta intervención alguna en el procedimiento de extradición- desmintieron a Villarejo.  

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El juez da crédito esos desmentidos y considera que las alusiones de Villarejo a Delgado "podrían ser constitutivas de un delito contra el honor" tipificado en el artículo 215.1 del Código Penal. Este precepto castiga las calumnias e injurias contra autoridades y funcionarios.

Delgado, sin embargo, no tiene intención de personarse como acusación particular contra Villarejo, aunque sí se considera "gravemente afectada por las barbaridades y falsedades que se han dicho", señalan fuentes próximas a Delgado.

La exfiscal general ya tiene una resolución judicial que establece su condición de perjudicada y considera que, dado que las calumnias e injurias contra autoridades y funcionarios pueden ser perseguidas de oficio, sin ser necesaria la intervención del ofendido, tendrá que ser la Fiscalía Anticorrupción la que actúe si lo considera procedente.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes el reingreso de Delgado al servicio activo y su reincorporación a la Fiscalía de la Audiencia Nacional con efectos del pasado 26 de julio.

Delgado vuelve a ser, de este modo, fiscal de a pie o, como ella prefiere decir, "fiscal de trinchera". Su sucesor, Álvaro García Ortiz, eludió el pasado jueves, durante su primera comparecencia en el Congreso, contestar una pregunta del portavoz del Grupo Popular, Luis Santamaría, sobre si piensa promoverla a la categoría de fiscal de Sala como responsable de la futura Fiscalía de Memoria Democrática.