El juez de 'Pegasus' acepta que Félix Bolaños declare por escrito pero le sugiere hacerlo por vía telemática

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la solicitud del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de declarar por escrito como testigo en la causa sobre el supuesto espionaje sufrido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios miembros de su gabinete con el software Pegasus. 

En un auto fechado este mismo jueves, Calama sugiere, no obstante, al ministro, ya citado el martes 5 de julio a las 9.00 horas, que opte por la vía telemática "para asegurar el buen fin de la causa y su tramitación en términos de agilidad y utilidad, con una interacción visual, auditiva y verbal y en unidad de acto".

En el caso de que el político acepte la propuesta de Calama de declarar por videoconferencia, deberá comunicárselo en los próximos tres días. No obstante, se trata de una mera sugerencia, que el político podrá rechazar.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, norma que regula los procesos penales, señala que el presidente y los demás miembros del Gobierno "están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo".

El interrogatorio a Bolaños, así como el ya realizado a Paz Esteban, la directora del CNI destituida, tendrá carácter secreto, pese a que el juez ha alzado el secreto de parte de la causa, que sólo afectará a las nuevas resoluciones que dicte.

La denuncia

Desde principios de mayo, la Audiencia Nacional investiga, tras una denuncia de la Abogacía del Estado, el supuesto espionaje sufrido por varios miembros del Gobierno central mediante el programa Pegasus.

La instrucción comenzó ceñida a los teléfonos del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Luego, la investigación se amplió al hackeo al móvil del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el intento de infección del ministro de Agricultura, Luis Planas.

A la primera denuncia de Abogacía, muy breve, se adjuntaron los análisis realizados por el CERT, adscrito al Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El CERT (Computer Emergency Response Team) es un equipo dedicado a prevenir, detectar y responder a los incidentes de seguridad sobre sistemas informáticos.

En los primeros informes aportados, fechados el 30 de abril, se certifica que el móvil de Pedro Sánchez fue infectado en dos ocasiones durante el mes de mayo de 2021: los días 19 y 31. En la primera, se extrajeron 2,6 gigabytes de información y en la segunda, 130 megas. Ambas fechas coinciden con la crisis migratoria desatada en Ceuta, que supuso uno de los momentos de mayor tensión en la relación entre España y Marruecos.

Asimismo, los espías accedieron al móvil de Margarita Robles en junio de 2021 y robaron únicamente 9 megas de información. El pasado 10 de mayo, el Gobierno certificó un tercer hackeo: al ministro Fernando Grande-Marlaska, mediante dos ataques, iniciados ese mismo mes, en los que le fueron sustraídos 400 megas y 6,3 gigas. Y un intento fallido de infectar el móvil de Luis Planas.

Pegasus

A pesar de las elucubraciones —cada vez, de mayor contundencia— que apuntan a Marruecos, por el momento, se desconoce con exactitud quién ordenó utilizar el software Pegasus para infectar los terminales de miembros del Ejecutivo. Certificar ese dato es, además, técnicamente complicado. Ninguna de las denuncias de Abogacía detallan tampoco qué tipo de información fue capturada por el programa espía. 

Pegasus puede acceder a todos los mensajes de texto y llamadas de un smartphone, ingresar a todas las aplicaciones (WhatsApp, Telegram, etc.) del móvil, localizar a su dueño a través de su posición GPS, activar la cámara o el micrófono, obtener sus contraseñas o extraer sus videos y fotografías.

Desarrollado por la empresa israelí NSO Group e ideado, en un inicio, como arma contra el yihadismo y otros tipos de terrorismo, sólo se vende, teóricamente, a Gobiernos de todo el mundo, previa autorización de las autoridades de Israel. El juez no descarta viajar a ese país para seguir investigando.