El juez Adolfo Carretero, encargado de investigar el caso Mascarillas, ha imputado al aristócrata Luis Medina por el supuesto delito de alzamiento de bienes tras haber vaciado sus cuentas bancarias.
Así consta en un auto, fechado este miércoles y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid le otorga tres días de plazo a para aportar una fianza de casi de 900.000 euros, a fin de satisfacer la posible responsabilidad civil derivada de los hechos. Según la Fiscalía Anticorrupción, el aristócrata cobró una abultada comisión por intermediar en varios contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid.
El magistrado recuerda en su auto que "únicamente se le ha podido embargar un yate matriculado en Gibraltar de 325.515 euros de valor y una cuenta corriente con saldo positivo de 247,26 euros", que quedan lejos del montante total, de 1.216.984,33 euros, que el Juzgado le solicita.
La Fiscalía, en su querella interpuesta hace dos semanas, relata que Medina gastó su comisión en bienes de lujo, como este velero y dos bonos bancarios por valor de 400.000 euros. Sin embargo, cuando el juez ordenó embargar sus cuentas hace algo más de una semana, descubrió que estaban casi vacías. Únicamente tenían un salgo de 247 euros. Ni rastro del valor de esos dos bonos.
Tal y como ha revelado este periódico, el hermano del duque de Feria empezó a deshacerse de ellos el 19 de abril de 2021, exactamente seis días después de garantizar al fiscal su "colaboración extrema" y cuando ya era consciente de que estaba siendo investigado por el Ministerio Público, al igual que su socio en esta operación comercial, el empresario Alberto Luceño, que declaró un día después.
Por ello, "procede requerirle [a Medina] para que preste fianza de 891.227,07 euros y, en caso de no prestarla en el plazo de tres días, el embargo de todos sus bienes, muebles e inmuebles, sin perjuicio de que pueda ser ampliada en el caso de que no se logre garantizar suficientemente las responsabilidades pecuniarias del otro investigado [Alberto Luceño], dado el carácter solidario de la responsabilidad civil", reza el auto.
Antes de proceder al embargo, si no prestase dicha fianza, el juez ordenará averiguar "los bienes muebles e inmuebles del investigado", tanto en España como en el extranjero.
En ese mismo caso, Adolfo Carretero ya avanza que también solicitará al banco que, "con el mayor detalle posible", le informe de las operaciones en las que Luis Medina vendió sus bonos "y, en particular, de las cuentas bancarias en las que se habrían depositado las cantidades, así como de sus beneficiarios (...), incluyendo los posibles partícipes y sus últimos beneficiarios".
Asimismo, el juez también pedirá al Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla que informe si allí hay abierto un proceso judicial sobre la herencia de la abuela de Luis Medina, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, fallecida en 2013. El PSOE, como acusación popular, solicitó al juez Carretero el pasado lunes que embargase al aristócrata "los derechos que puedan corresponderle" sobre los títulos y propiedades de la duquesa de Medinaceli.
Contra este auto del juez, aún cabe interponer recurso de reforma (ante el propio Carretero) o de apelación (ante la instancia superior al Juzgado).
'Caso Mascarillas'
Hace unas dos semanas, la Fiscalía Anticorrupción presentó, finalmente, una querella contra Alberto Luceño y Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de varios contratos sanitarios —para guantes, test contra la Covid y mascarillas— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado.
En total, por todo el encargo, la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S. A. —participada al 100% por el Ayuntamiento de la capital— pagó, en la peor etapa de la pandemia de la Covid-19, unos 11 millones de euros de dinero público.
Luis Medina habría cobrado 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada al consistorio. Su socio, en total, más de cinco millones de euros por los tres contratos. E, incluso, este último habría ocultado a Medina que su comisión era varias veces superior, haciéndole creer que ambos recibirían cantidades idénticas.
Además, ambos usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Y, con la compra de bienes de lujo —entre ellos, el velero al que alude el magistrado en este auto— habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal. Medina y Luceño deberán acudir a declarar ante el juez el próximo día 25 en la madrileña Plaza de Castilla.