El juez Adolfo Carretero, encargado de la investigación del caso Mascarillas, ha ordenado bloquear todas las cuentas bancarias de Alberto Luceño, uno de los dos acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid en varios contratos sanitarios.
Así consta en una providencia dictada este martes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en la que el magistrado indica que los bienes ya retenidos a Luceño no alcanzan, ni remotamente, los 5.567.725 euros que la Fiscalía solicitó embargarle para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que se deriven del caso.
Esa cantidad es la misma que el empresario habría cobrado, como comisión, por intermediar en tres contratos sanitarios por los que la funeraria municipal pagó unos 11 millones de euros públicos en la peor etapa de la pandemia.
El juez también destaca que el empresario ya no tiene en su poder varios de los coches de alta gama en los que habría gastado el dinero cobrado como comisión. Se trata, en concreto, de un Range Rover Sport adquirido el 5 de agosto de 2020 y vendido el 5 de abril de 2022, un KTM X BOW comprado y vendido en las mismas fechas que el anterior y un Lamborghini Huracan Evo Spyder adquirido el 15 de enero de 2021 y vendido el 11 de enero de 2022.
"A la vista de que los bienes embargados hasta el momento al señor Luceño no garantizan la cantidad que se solicita por la Fiscalía Anticorrupción de 5.567.725 euros", el juez ha optado por bloquear todas sus cuentas, tanto las personales como las de empresa, cuyos saldos tan sólo suman 129.140,7 euros.
Asimismo, el juez otorga a las partes personadas en el caso cinco días para solicitar "nuevas medidas cautelares de carácter económico para el aseguramiento de responsabilidades civiles".
Varias de las cuentas bloqueadas pertenecen a una de las compañías propiedad de Alberto Luceño, Takamaka Invest S. L., según consta en un informe de la Unidad Adscrita a los Juzgados de la Brigada Provincial de Policía Judicial, al que ha tenido acceso este diario.
Una de ellas, de tipo personal, contiene 1.365,96 euros. Una segunda, que comparte con su mujer, otros 8.377,46 euros. Otra, de empresa, en la que el empresario aparece como apoderado, mantiene un saldo positivo de 119.397,28 euros. El juez también ha ordenado el bloqueo de varios contratos de tarjetas de crédito, tanto particulares como de Takamaka Invest. Entre otros, varias Visa Oro. Todos estos productos están bloqueados desde el pasado 11 de abril. El juez también le ha embargado un piso en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.
Una situación similar sufrió el aristócrata Luis Medina, socio de Luceño en esta operación comercial. Cuando el juez ordenó embargarle los bienes en los que habría gastado su comisión de más de 900.000 euros —un velero y dos bonos bancarios—, descubrió que únicamente custodiaba en sus cuentas 247 euros.
Tal y como ha revelado este periódico, el hermano del duque de Feria empezó a deshacerse de ambos bonos el 19 de abril de 2021, exactamente seis días después de garantizar al fiscal su "colaboración extrema" y cuando ya estaba siendo investigado por el Ministerio Público.
'Caso Mascarillas'
Hace unas dos semanas, la Fiscalía Anticorrupción presentó, finalmente, una querella contra Alberto Luceño y Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de varios contratos sanitarios —para guantes, test contra la Covid y mascarillas— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado.
En total, por todo el encargo, la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S. A. —participada al 100% por el Ayuntamiento de Madrid— pagó, en la peor etapa de la pandemia de la Covid-19, unos 11 millones de euros de dinero público.
Luis Medina habría cobrado 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada al consistorio. Su socio, en total, más de cinco millones de euros por los tres contratos. E, incluso, este último habría ocultado a Medina que su comisión era varias veces superior, haciéndole creer que ambos recibirían cantidades idénticas.
Además, ambos usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Y, con la compra de bienes de lujo —entre ellos, los coches de alta gama a los que alude el juez— habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal. Medina y Luceño deberán acudir a declarar ante el juez el próximo día 25 en la madrileña Plaza de Castilla.