El empresario Luis Medina Abascal, imputado en el denominado caso Mascarillas, ha solicitado al juez instructor que expulse de la causa al Ayuntamiento de Madrid, que figura en la misma como perjudicado por esta supuesta estafa en varios contratos sanitarios y ejerce la acusación particular.
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, firmado por el abogado del aristócrata e hijo de Naty Abascal, en el que el letrado asegura que el consistorio "ha estado de acuerdo con los contratos investigados, suscribiéndolos, y en ningún momento revocándolos ni denunciándolos, habiéndose mostrado conforme con lo que ha obtenido de los mismos". "No se desprende que el mismo [el Ayuntamiento] se haya visto afectado ni perjudicado", sostiene el texto.
Sobre el encargo de un millón de mascarillas KN95 que Medina y su socio, Alberto Luceño, hicieron llegar al consistorio en marzo de 2020, la defensa indica que "no hubo problema alguno, ya que se recibieron todas" y "eran de la calidad que esperaban".
Acerca de los 2.500.000 guantes entregados, que no reunían las condiciones acordadas, el documento expone que "el asunto se dio por concluido" y el Ayuntamiento "se sintió satisfecho con la solución [devolución de cuatro millones de euros al consistorio], por lo que ahora no pueden venir a quejarse de algo que dieron por válido".
"No interpusieron ningún tipo de reclamación", incide. Por contra, el consistorio argumenta que, a lo largo de la negociación, jamás tuvo conocimiento de que ambos empresarios pretendían cobrar una comisión.
Alberto Luceño, en una imagen de archivo.
"En cuanto a los 250.000 test [contra la Covid], el problema consistió en que uno de los lotes tenía poco reactivo, pero ese líquido ya les había llegado y, a día de hoy, no le consta a mi parte que no funcionaran, puesto que el Ayuntamiento ya lo habría reclamado", prosigue el escrito dirigido al Juzgado.
Por intermediar en dichos encargos, Medina habría cobrado, en la peor etapa de la pandemia, una comisión de 912.742 euros. Su socio en esta operación, el empresario Alberto Luceño, otros más de cuatro millones de euros.
"Todo esto acredita contundentemente que el Ayuntamiento de Madrid de ninguna de las maneras se ha visto perjudicado por los contratos investigados: llegaron todas las mascarillas, que eran de buenísima calidad; por los guantes se les devolvió la diferencia y, en cuanto a los test, no consta que una vez llegó el reactivo no hayan funcionado", subraya el abogado de Luis Medina. "Hasta el día de hoy, no se ha presentado ninguna reclamación por estos contratos, prueba fehaciente de que el consistorio estaba de acuerdo con los mismos y con el resultado", expone.
Embargo de bienes
Ante la imposibilidad del juez de embargar los bienes que Medina adquirió tras cobrar la supuesta comisión, el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 47 de la capital que investigue "la existencia de otras cuentas corrientes abiertas a nombre de Luis Medina" y "de bienes muebles o inmuebles inscritos en los diferentes registros públicos" bajo su titularidad.
Luis Medina, en una imagen de archivo.
Así figura en un escrito enviado por el consistorio al magistrado Adolfo Carretero, en el que también se pide que, una vez realizadas estas consultas, "se proceda (...) al embargo de los bienes encontrados, a efecto de asegurar las responsabilidades pecuniarias en que pueda incurrir el señor Medina en la cuantía total de 1.140.927 euros". Es decir, la suma de los 912.742€ supuestamente cobrados por el aristócrata por su intermediación en los contratos y otros 228.185 en concepto de costas judiciales.
Para solicitar su expulsión del caso Mascarillas, el abogado de Luis Medina recuerda lo incipiente de la instrucción y el hecho de que "el Ayuntamiento es una de las partes firmantes en los negocios investigados".
"En el caso de que de las diligencias se aprecie que se ha producido alguna irregularidad, la responsabilidad podría recaer en dicha institución [el Ayuntamiento], por lo que no es el momento procesal oportuno para (...) tener como acusación particular a una parte que, por su participación en los contratos, puede acabar siendo investigada, (...) no siendo compatible esa posición con la de perjudicada", culmina el escrito, que recurre el auto en el que otorga tal reconocimiento al consistorio encabezado por José Luis Martínez-Almeida.
El escrito del letrado también solicita al Juzgado la imposición de una fianza —propone 12.000 euros— a Podemos y PSOE, presentes en la causa como acusaciones populares. Y pide aunar a ambos partidos "bajo una misma dirección jurídica", dada su "convergencia de intereses" y para evitar la repetición de trámites y la "dilación excesiva" del proceso.
"Teniendo en cuenta que en el asunto que nos movemos se están dilucidando cuestiones muy delicadas y que pueden causar gravísimos perjuicios para mi principal, debido a su exposición mediática, el Juzgado al que tengo el honor de dirigirme deberá imponer a las partes que pretendan personarse como acusación popular la fianza que estime necesaria, además de comprobar que, efectivamente, acreditan su condición de perjudicados o agraviados por los hechos investigados", indica.
'Caso Mascarillas'
En su querella, presentada hace casi dos semanas contra Luis Medina y Alberto Luceño, la Fiscalía Anticorrupción relató que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios —para guantes, test contra la Covid y mascarillas— firmados con el Ayuntamiento de Madrid. Lo hicieron, expuso el Ministerio Público, "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico" y entregaron material defectuoso o que no cumplía con los estándares acordados.
En total, por todo el encargo, la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S. A. —participada al 100% por el consistorio— pagó, en la peor etapa de la pandemia de la Covid-19, unos 11 millones de euros de dinero público.
Luis Medina habría cobrado 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada una del millón de mascarillas que llegaron a la capital a finales de marzo de 2020. Su socio, en total, unos cuatro millones de euros por los tres contratos. E, incluso, este último habría ocultado a Medina que su comisión era varias veces superior, haciéndole creer que ambos recibirían cantidades idénticas.
Además, ambos usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias y, con la compra de varios bienes de lujo, como coches, relojes o un velero, habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal. Ambos querellados deberán acudir a declarar ante el juez el próximo día 25 en la madrileña Plaza de Castilla.