Los juristas del Parlament 'crucifican' a Forcadell: ignoró toda advertencia de respetar al TC

Dos testigos cualificados de cómo el Parlamento de Cataluña siguió adelante con el proceso soberanista pese a las reiteradas advertencias en contra de los servicios jurídicos y pese a las sucesivas resoluciones del Tribunal Constitucional han puesto este lunes en una posición muy comprometida a la expresidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell.

Las declaraciones como testigos del secretario general del Parlament, Xavier Muro (que solicitó que se protegiera su imagen) y del exletrado mayor Antonio Bayona, sumamente adversas para Forcadell, tienen no sólo el valor de su alta cualificación jurídica sino también que se trata de servidores públicos con un estatuto profesional de neutralidad. Los miembros del tribunal no pararon de tomar notas mientras Forcadell, sentada en estrados detrás de su letrada, escuchaba muy seria y con mala cara.

La actuación de la Mesa del Parlament -y, en particular, de la que era su presidenta en septiembre y octubre de 2017- es clave en los escritos de acusación. Sin su activa implicación no se hubieran podido tramitar las llamadas leyes de ruptura (la ley de referéndum y la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana) ni dar lectura a la declaración unilateral del independencia el 27 de octubre. 

Antonio Bayona, exletrado mayor del Parlament.

Tanto Bayona como Muro empezaron recordando, a preguntas del fiscal Fidel Cadena, que la Mesa del Parlament podía rechazar la admisión a trámite las iniciativas cuyo contenido se opusiera a la Constitución. Primera contrariedad para Forcadell, que el pasado martes declaró ante el tribunal que las iniciativas parlamentarias sólo podían inadmitirse por razones de forma, pero no de fondo. "La Mesa no puede ejercer de censor", dijo.

Ambos funcionarios (aún en activo en el Parlament) continuaron remarcando que hicieron advertencias, tanto verbales como escritas, del "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria" que desarrollara el proceso soberanista porque ello suponía incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional. Incluso advirtieron repetidamente a la Mesa de posibles responsabilidades penales.

- ¿Se tomó alguna medida por Forcadell a la vista de esas advertencias, alguna medida para adaptar las decisiones a lo que ustedes indicaban?, preguntó la abogada del Estado Rosa Seoane.

- Objetivamente no ocurrió de esa manera, respondió Bayona.

El testimonio de Muro fue aún peor para Forcadell. El secretario general del Parlament recordó que él y Bayona no sólo advirtieron de que no se debían tramitar las leyes de ruptura: también de que no podían tramitarse por el procedimiento de lectura única porque estaba suspendido por el TC y que la vía de ampliar el orden del día del Pleno a propuesta de dos grupos (que es el camino que se tomó) "podía equivaler a un procedimiento de lectura única".

"Es la presidenta quien firma la convocatoria del Pleno con el orden de día", afirmó Muro, echando por tierra, con una sola frase, la pretensión de Forcadell de diluir su responsabilidad en el magma de una Mesa en la que, según ella, tenía "el mismo poder decisorio que los demás", dijo el martes. Traducido en términos de acusación: si Forcadell se hubiera negado a convocar los plenos del 6 y 7 de septiembre nadie estaría hoy en el salón de plenos del Tribunal Supremo.

Hubo más. Muro fue preguntado si conocía algún precedente de alguna ley cuya tramitación íntegra -desde la admisión a la aprobación, pasando por las fases de informes y enmiendas- se hubiera realizado en 24 horas, como ocurrió con la ley del referéndum el 6 de septiembre de 2017. "Pues no", contestó. "¿Y alguna que se haya admitido a trámite en contra del dictamen de los servicios jurídicos?", quiso saber el letrado de Vox Pedro Fernández. "Tampoco conozco ningún precedente", contestó el secretario general, que es letrado del Parlament desde 1992.

Los intentos de la letrada de Forcadell, Olga Arderiu, de reconducir la situación lograron empeorarla:

- ¿Recuerda si la presidenta del Parlament trasladó a la Mesa sus notas e informes [de los servicios jurídicos contrarios a la tramitación de las iniciativas soberanistas]?

- Al menos dos veces sí. Quizá no todas las veces.

- ¿Recuerda que en 2011 se tramitó una iniciativa para declarar la independencia ¡, que no fue recurrida?

- Sí. No hubo ninguna impugnación. Lo que pasa es que no sé si llegó a debatirse en el Pleno. Se abrió el trámite de enmiendas a la totalidad [antes había explicado que este trámite se hurtó a la ley de referéndum] y hubo dos propuestas de reconsideración que fueron estimadas.