Una consejera de Puigdemont, querellada por malversación por encargar las urnas

El fiscal general, José Manuel Maza, ha dado este martes instrucciones al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, para la inmediata presentación ante el Tribunal Superior catalán de una querella contra Meritxell Borràs, consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda del Gobierno de Carles Puigdemont, y contra Francesc Esteve, secretario general de esa Consejería, por acordar la publicación de un anuncio para el suministro de urnas que el Ministerio Público considera relacionadas con el proceso independentista, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

La querella, que atribuye a Borràs y Esteve presuntos delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos (este último, castigado con penas de prisión), es ampliable a "a otras autoridades y cargos públicos en función del resultado que pueda arrojar en el futuro la instrucción judicial".

El origen de la querella es la publicación de un “anuncio por el que se hace pública la licitación de un acuerdo marco” para el suministro de urnas, firmado por Francesc Esteve. 

El anuncio indica en su apartado primero como entidad adjudicataria el Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat de Cataluña, dirigido por Meritxell Borràs.

Según ha informado la Fiscalía General, la decisión de interponer querella se basa en que la actuación de Borràs y Esteve "supone una puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista contrario a los expresos mandatos del Tribunal Constitucional" contenidos en varias sentencias dictadas a partir de diciembre de 2015.

Ambos cargos, considera el fiscal, están dando "impulso al proceso constituyente preordenado en la Resolución 1/XI", resolución por la que el Parlamento de Cataluña dio inicio al proceso unilateral de secesión. Fue, recuerda la Fiscalía, una resolución "de imposible encaje en el ámbito competencial del Parlamento y del Gobierno de Cataluña, en la ordenación territorial del Estado y en los procedimientos establecidos de reforma constitucional y estatutaria, integrando una pura vía de hecho".

Enmascarar

La querella, presentada este mismo martes por la Fiscalía Superior de Cataluña, reproduce numerosas declaraciones públicas de los miembros del Gobierno catalán que reflejan una "voluntad unívoca de celebración de un referéndum de autodeterminación para continuar en el propósito marcado en la Resolución 1/XI de crear un Estado catalán independiente en forma de república".

Según la Fiscalía, los querellados han querido "enmascarar formalmente la preparación del referéndum" ideando una fórmula de licitación para el suministro de las necesarias urnas "que, en un primer momento, no concretara el destino para el que iban a ser utilizadas y que, además, aparentara no implicar una disposición de fondos públicos".

Han actuado así porque, "conscientes de la ilegalidad" del anunciado referéndum, "sabían que no podían obtener del Estado esos medios" y "tampoco podían hacer abiertamente una oferta pública de contratación de servicios".

Malversación por primera vez

Ésta es la tercera querella que la Fiscalía promueve en relación con el proceso independentista catalán y la primera vez que incluye el delito de malversación.

Este delito se habría cometido porque, aunque del acuerdo de licitación "no resulte una inmediata disposición de fondos públicos, ésta sí se deriva de la contratación resultante del mismo".

Según la Fiscalía, los querellados "están comprometiendo fondos públicos para su aplicación a unos fines interesados y contrarios a la legalidad: la adquisición de material para la celebración de un referéndum inconstitucional. La adjudicación del acuerdo empresas licitadoras inicia el procedimiento para liberar indebidamente fondos públicos de los que se dispondrá en el momento en que tal adjudicación se concrete en la formalización de contratos".