El fiscal se opone a anular el 'caso Nicolás' por posibles pinchazos ilegales al joven estafador

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás', está utilizando sus últimos cartuchos antes de sentarse en el banquillo de los acusados bajo una petición de 7 años de cárcel por hacerse pasar por un emisario del Rey ante el presidente de la compañía de transportes Alsa. Una de sus últimas artimañas es intentar que anulen toda la causa bajo la sospecha de que le pincharon el teléfono ilegalmente antes de ser detenido en octubre de 2014. El fiscal se ha opuesto a su pretensión bajo la premisa de que en el hipotético caso de que eso fuera cierto no hubiera afectado al procedimiento.

La defensa del pequeño Nicolás se basa en dos supuestas conversaciones, que a su juicio la Policía hizo constar en un atestado policial a pesar de que el juez en ningún momento hubiera autorizado la intervención de las comunicaciones. Se trata de la parte del atestado en el que literalmente dice: "La utilización de funcionarios o cargos públicos, basándonos en la declaración de Francisco Nicolás, destacaríamos la facilitación de la titularidad de una matrícula de moto por los siguientes funcionarios".

El atestado explica que según explica a los agentes que le toman declaración tras su detención, el funcionario Emilio García Grande, coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid entonces, en conversación telefónica le dice que "esa moto no era de los suyos", en alusión a que la matrícula de la moto por la que le preguntaba el pequeño Nicolás no era del cuerpo de la Policía Municipal. El joven había conseguido averiguar que la matrícula por la que preguntaba salía sin datos y, por tanto, tenía que ser un vehículo policial.

La segunda conversación que la defensa pone en duda es la siguiente: en el atestado se recoge que el pequeño Nicolás contó en su interrogatorio que había hablado días antes por teléfono con el que fuera secretario de las infantas, Carlos García Revenga, y que éste le había dicho que le "había prohibido hablar con él, que tenían toda la información de las veces que se habían visto y que tuviera mucho cuidado".

Estas dos conversaciones que se plasman en el atestado policial son producto de que el propio pequeño Nicolás contó que se habían producido y el contenido de las mismas en su declaración ante la Policía -firmada por él mismo- y luego los agentes lo recogen en un informe posterior.

Extracto de la declaración de Francisco Nicolás Gómez Iglesias ante la Policía.

Lo contó el pequeño Nicolás

Sin embargo, la defensa del joven intenta hacer creer que la Policía conocía que esas conversaciones se habían producido porque le habían pinchado el teléfono. No obstante, en la causa consta la declaración de Gómez Iglesias ante los investigadores donde relata esas conversaciones por iniciativa propia.

Extracto de la declaración de Francisco Nicolás Gómez Iglesias ante la Policía.

A pesar de estos datos, el fiscal da por bueno que en el atestado por el que se puso a disposición judicial al detenido "figuran dos referencias sobre la intervención de sus comunicaciones telefónicas, que se refieren a dos conversaciones mantenidas con Gómez Iglesias cuya lectura evidencia su falta de conexión con los datos aportados (para iniciar la investigación) y las razones expuestas en el oficio de solicitud de entrada y registro y reiteradas en el atestado".

En su informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el fiscal Antonio San Román deja caer que "por ello, y aún en el caso, del que no existe indicio alguno, de que tales escuchas no hubieran sido debidamente autorizadas, las mismas por su carácter irrelevante y su desconexión con la investigación policial hasta ese momento realizada, no determinarían la nulidad de lo actuado".

El abogado del joven, acusado de numerosos delitos entre ellos el de usurpación de funciones, lleva intentado anular la causa alegando pinchazos ilegales desde el inicio de la causa. Sin embargo, nunca se le ha dado verosimilitud a su versión. En caso de que se hubiese sospechado que desde la Policía o desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se hubiera actuado ilegalmente, tanto el juez como el fiscal tendrían que haber actuado.

A lo largo de la instrucción de las diversas piezas del 'caso Nicolay' el fiscal se ha mostrado en desacuerdo con ciertas decisiones del juez instructor Arturo Zamarriego y con el equipo de agentes de la Policía encargados del caso.