El PP tumbará una propuesta de todos los grupos nacionalistas para implantar los pinganillos en los plenos del Senado

Desde Bildu a Junts, pasando por el BNG y ERC, o Compromís, Eivissa i Formentera al Senat y Geroa Bai, todos firman una iniciativa, a la que ha tenido acceso este diario, para que los pinganillos de traducción simultánea lleguen también a todos los ámbitos la Cámara Alta.

La iniciativa del PP, en su misma exposición de motivos, planteaba la búsqueda del "mayor consenso posible". Sin embargo, fuentes populares en el Senado confirman a este diario que harán valer la mayoría absoluta de la formación de Alberto Núñez Feijóo, y rechazarán esta propuesta. "No renunciaremos a nuestros principios", advierten.

La portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, advierte de que "ésta es una propuesta muy similar a la que ya hicieron en el Congreso y que nosotros la rechazamos". En declaraciones a este diario, García remarca que "el PP no cambiará de opinión, como sí hace Pedro Sánchez, por conveniencia".

Y es que el Grupo Popular insiste en que dialogará "con todos", incluidos los nacionalistas, "para que se reforme el Reglamento del Senado de manera integral, tal y como hemos propuesto, con el mayor consenso posible".

Pero García advierte de que, aunque la Constitución establece que el Senado es la Cámara Territorial, el PP se niega a que "las Cortes den una imagen de que no somos una nación. No necesitamos traductores para entendernos", como quedó claro en la reunión que la semana pasada celebraron Carles Puigdemont y Arnaldo Otegi en Waterloo (Bélgica).

Un año sin ir al Senado

Ésos fueron los argumentos que esgrimió el Grupo Popular en el Congreso, al inicio de la Legislatura, cuando la socialista Francina Armengol impuso su criterio desde la Presidencia de la Cámara. Aquélla fue una de las condiciones impuestas por los grupos independentistas catalanes para darle sus votos al PSOE en la sesión del 17 de agosto, en la que el PSOE se hizo con el control del órgano de gobierno del Congreso.

Así, incluso antes de reformarse el Reglamento y de habilitarse un presupuesto legal para la contratación de traductores y la compra de auriculares, la Cámara Baja comenzó la Legislatura "con el primer gran cambio de opinión de Sánchez", ya que él mismo habría rechazado iniciativas similares durante sus primeros gobiernos.

De este modo, en la sesión de la investidura fallida de Feijóo, ya se pudo debatir e interpelar al candidato del PP "en todas las lenguas del Estado". Lo que hizo aún más evidente el rechazo de los populares a una medida que ahora tumbarán en el Senado.

La reforma del Reglamento impulsada a inicios de marzo por el PP busca reforzar el papel de la Cámara Alta, "acosada y ninguneada" por el actual Gobierno, precisamente porque su composición es hostil al Ejecutivo.

Entre otras cosas, los populares quieren poder ejercer un verdadero escrutinio al Gobierno. Es decir, para que "el presidente del Gobierno acuda una vez al mes a contestar a las preguntas" en sesión de control. Y que sólo "justificando debidamente" la ausencia, el líder socialista esté habilitado para ausentarse.

Ahora mismo, Sánchez ya ha cumplido un año sin acudir al Senado. "Una muestra más de la anomalía democrática a la que nos ha conducido", explican las fuentes del PP. El jefe del Ejecutivo no se somete al control de la Cámara Alta desde el 12 de marzo de 2024. "Quiere máximos poderes con mínimos controles, y eso se refleja en que no quiera venir a la Cámara Alta a dar explicaciones".

La investidura que logró el líder socialista en noviembre de 2023 llegó con otros acuerdos con los nacionalistas y los independentistas. Todos ellos partían de la nueva norma del Congreso para justificar "la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera" en las instituciones europeas.

También incluían la "normalización del uso de todas las lenguas del Estado" en todo el territorio. El empeño de los nacionalistas era hacer de facto las lenguas territoriales oficiales en toda España.

Así, el PSOE se comprometió a impulsar que todo ciudadano pueda dirigirse a cualquier Administración en "cualquiera de las lenguas que tengan carácter de oficiales en alguna Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía".

Web, cartelería y rotulación

Ahora, el escrito de enmiendas registrado en el Senado este lunes a las 13:47 horas, utiliza esa misma expresión reiteradamente. Y ocupa 28 páginas en lugar de siete porque se presentó en castellano, catalán, euskera y gallego.

La reforma consta de 14 puntos y es tan "integral" como la del Partido Popular, porque toca 10 artículos del Reglamento, de su inicio a su fin, incluyendo cambios a las disposiciones adicionales y una nueva disposición final.

No sólo otorga derecho a los senadores a expresarse oralmente en sus lenguas autonómicas en el pleno y en comisiones. También, por ejemplo, en escritos y preguntas dirigidas al Gobierno, al que obligarían a responder oficialmente en el mismo idioma territorial.

Es más, plantean que la Mesa de la Cámara "adopte todos los acuerdos que sean necesarios, incluidas las dotaciones presupuestarias correspondientes" para que cualquier publicación oficial, interna o externa, e incluso los "contenidos en la página web y redes sociales, paneles informativos, papelería, cartelería, rotulación y señalización" sean publicados en todas las lenguas cooficiales.

"Nosotros actuaremos en consecuencia con nuestra posición en el Congreso", responde la portavoz del PP. "Allí lo rechazamos, votando en contra, y mantenemos nuestra posición", que en este caso sí prevalecerá.