Gobierno y PP ven posible cerrar en breve un acuerdo para renovar el CGPJ y otras vacantes

Es posible esta vez porque sobre la mesa están también los nombramientos de gobernador y subgobernador del Banco de España; las vacantes del Consejo de RTVE; la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC); la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que termina su mandato en unos meses; la futura Comisión Nacional de Energía y un magistrado del Tribunal Constitucional pendiente de acuerdo en el Senado, entre otros.

La mayoría de esas vacantes pueden ser cubiertas directamente por el Gobierno sin necesidad de pactos y el PP corre el riesgo de quedar fuera de esos organismos de control y arbitraje. Además de que hay ya una cierta presión de órganos judiciales al borde del colapso.

Sobre todo es posible la renovación porque esta vez el PP ha mostrado voluntad, porque el calendario sin elecciones —salvo la posible repetición en octubre de las catalanas— lo favorece, además de la llegada del "parón" de agosto. También es posible por la actitud del PP blindando los contactos entre el ministro Félix Bolaños y el dirigente popular Esteban González Pons para evitar que se frustre el diálogo, como ya ha ocurrido en varias ocasiones.

Sólo fue posible en los últimos años para la renovación parcial del Tribunal Constitucional y del Consejo de Administración de RTVE.

Pende de un hilo, porque sigue habiendo enormes dudas internas en el PP. Fuentes de la dirección del PP explican que Alberto Núñez Feijóo ha dado orden de negociar hasta el acuerdo, pero sectores del partido, encabezados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantienen abiertamente que no hay que hacerlo para no darle bazas a Pedro Sánchez.

Hay dudas también porque consideran que no favorece el acuerdo que Sánchez haya dado un ultimátum hasta finales de junio para, en caso de que no haya pacto, aprobar una reforma legal que sustraería al CGPJ la potestad de hacer nombramientos y por ello están muy molestos. También hay recelos en el PP por su anunciado plan de regeneración que afectará a los medios de comunicación.

Se mantiene también la presión por parte de Vox, que rentabilizará un hipotético acuerdo para hablar de reparto de sillones, en su mensaje de "derechita cobarde" dirigida contra el PP. Pero hay una parte de la dirección del PP que entiende que la situación es ya insostenible, que se corre el riesgo de quedar fuera de organismos económicos fundamentales y algunos hasta lamentan no haberlo pactado nada más llegar Feijóo a la sede de Génova.

El problema sigue siendo cómo compaginar la posición del PSOE contraria a cambiar el sistema de elección parlamentaria hacia la elección por los jueces y el rechazo del PP a ese modelo. Hay vías intermedias que ya se pusieron hace años sobre la mesa como renovar ahora con este sistema y pedir al nuevo Consejo una propuesta de reforma o mejora. Es decir, "una patada hacia delante" sobre la discrepancia, que el PP pueda presentar como un logro.

A estas alturas, Bolaños y Pons tienen tan hablado el asunto que, según fuentes próximas a ambos, es posible rematarlo en una hora.

Fuentes del Gobierno insisten en que no hay exigencia de Europa para cambiar el modelo y que no se trata de que "los jueces elijan a los jueces", entre otras cosas, porque lo que se elige no es "a los jueces", sino al órgano de Gobierno del Poder Judicial en el que, además, no sólo hay magistrados.

Moncloa tiene preparado una propuesta de reforma del sistema de nombramientos para eludir el bloqueo en la renovación del CGPJ, pero confía en que no será necesario porque el PP entre en el acuerdo en las próximas semanas.

Luego quizás habría un debate sobre el Estado de la nación y el anuncio del llamado plan de regeneración que incluye el desarrollo y trasposición del reglamento europeo sobre trasparencia de medios de comunicación, lo que el Gobierno "vende" como "plan antibulos".

Los hipotéticos acuerdos de renovación penden de un hilo tan débil como que pueden verse afectados con acontecimientos cómo lo que ocurra con la posible imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o el desarrollo de las comisiones de investigación del Congreso y el Senado que entran ahora en una especie de "congelación" hasta el próximo periodo de sesiones, en septiembre.

No parece posible un acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica que el Gobierno desea con urgencia para ayudar a la investidura de Salvador Illa en Cataluña.