Sánchez amenaza con intervenir en la "elección" de jueces y en la "financiación" de medios

El plan, anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados, ya fue pregonado por Sánchez justo al final de su retiro de cinco días motivado por la admisión de una denuncia contra su esposa, Begoña Gómez. Desde entonces, habló de tomar decisiones en materia de Justicia y de combatir los "bulos".

El presidente interviene en la Justicia como consecuencia del bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el PP mantiene desde hace cinco años. El Gobierno explica que se trata de cambiar la ley para que esta institución no sea la que haga los nombramientos de la cúpula judicial y, de esta forma, eliminar los efectos del bloqueo que mantienen casi colapsada una parte de la Justicia.

La fórmula, aún no definitiva, tiene algo que ver con la que apuntó el actual presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, para limitar los efectos del bloqueo, haciendo que esos nombramientos no sean competencia del órgano de gobierno de jueces y magistrados.

La Constitución establece que los nombramientos son una de las competencias del CGPJ. En este momento no la tienen porque el Gobierno cambió la ley para quitársela cuando el Consejo haya excedido su mandato y no se haya renovado.

El Gobierno ya hizo amago de rebajar las mayorías necesarias para renovar el CGPJ, pero finalmente, rectificó por exigencia de Europa y, además, algunos de sus socios parlamentarios no comparten esa medida. Ayer mismo, Aitor Esteban (PNV) aseguró que descarta la opción al considerar que la renovación del órgano de gobierno de las juezas y los jueces se tiene que tomar “con consenso y con mayorías cualificadas”, y afirmó que su partido tiene “algunas ideas” para desencallar la situación, pero que “el primer movimiento lo tiene que hacer el Gobierno.

Respecto a la prensa, el Gobierno examina varias fórmulas para buscar transparencia en la propiedad de los medios, cambiar la asignación de la publicidad oficial, regular las mediciones de audiencia y establecer fórmulas de autorregulación.

El Gobierno está trabajando sobre medidas basadas en el reglamento europeo que establece un marco común para los medios de comunicación, fue publicado el pasado mes de abril.

Se negocia ya con Sumar

Sánchez ha anunciado este miércoles que la propuesta concreta estará concluida antes de verano, y fuentes de Moncloa aseguran que aún se trabaja sobre propuestas concretas. De hecho, ya han empezado a negociarlo con Sumar, como parte del Gobierno de coalición.

Según explican, las medidas tendrán como base esa norma europea para, por ejemplo, garantizar la transparencia de la propiedad de los medios.

El citado reglamento señala que los medios deben ser transparentes para que se conozca, por ejemplo, “el nombre o nombres de su propietario o propietarios directos o indirectos con participaciones que les permitan ejercer influencia en el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la propiedad directa o indirecta de un estado o de una autoridad o entidad pública”.

También “el importe total anual de los fondos públicos para publicidad estatal que les hayan sido asignados y el importe total anual de los ingresos por publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países”.

El Gobierno explica que se trata de hacer frente a lo que consideran pseudomedios que difunden bulos, sin que se conozca quién los financia e impulsa.

“Para contribuir aún más a un alto nivel de transparencia en la propiedad de los medios, los Estados miembros también deben confiar a las autoridades u organismos reguladores nacionales, u otras autoridades y organismos competentes, el desarrollo de bases de datos sobre propiedad de los medios. Estas bases de datos deberían funcionar como una ventanilla única que permita a los destinatarios de servicios de medios comprobar fácilmente la información relevante relacionada con un determinado proveedor de servicios de medios”, señala el reglamento.

También estudia el Ejecutivo introducir cambios en la forma de asignar la publicidad institucional o pública, también en función del citado reglamento europeo.

Centralizar la publicidad

Moncloa ya estudiaba hace tiempo la posibilidad de centralizar la publicidad institucional, ahora dispersa en organismos o ministerios, y también cambiar los criterios para que no prime sólo el criterio de audiencia del medio, sino otros como las suscripciones, tiempo de permanencia en textos y otros.

También se incluye la manera de llevar a cabo la medición de audiencias. La norma europea señala que “los proveedores de sistemas de medición de audiencias garantizarán que sus sistemas de medición de audiencias y la metodología utilizada por sus sistemas de medición de audiencias cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad”.

En este momento, las mediciones de audiencia en internet se hacen con criterios acordados y aceptados por todos los medios.

Hay referencia a los medios públicos de comunicación para que se evite el control por parte de los gobiernos. El reglamento europeo señala que “para evitar el uso político de los medios de comunicación públicos, sus directores y miembros del consejo de administración deberán ser seleccionados mediante procedimientos transparentes y no discriminatorios para mandatos suficientemente largos. No será posible despedirlos antes de que finalice su contrato, salvo que ya no cumplan con los criterios profesionales”.

En este momento, los nombramientos de RTVE corresponden al Parlamento, pero el de otros medios públicos, como la Agencia EFE, corresponde en exclusiva al Gobierno.

Se estudia también como establecer mecanismos de corregulación y autorregulación que, según el reglamento, deben ser “un tipo de iniciativa voluntaria, por ejemplo en forma de códigos de conducta, que permiten a los proveedores de servicios de medios o a sus representantes adoptar directrices comunes, incluso sobre normas éticas, la corrección de errores o la gestión de quejas, entre ellos y para ellos mismos. Una autorregulación de los medios de comunicación sólida, inclusiva y ampliamente aceptada representa una garantía efectiva de la calidad y el profesionalismo de los servicios de los medios y es clave para salvaguardar la integridad editorial”.

También hay propuestas referidas a protección de fuentes periodísticas y de las comunicaciones confidenciales, que podrían incluir la regulación del secreto profesional, que ya empezó a tramitarse en el Congreso en la anterior legislatura.

Además, el reglamento europeo exige medidas en contra de la concentración de medios.

El Gobierno no confirma si estudia la fórmula de colegiación obligatoria para los periodistas.