Puigdemont vendrá a España para la investidura aunque Llarena mantenga la orden de detención

"Nada ha cambiado", responde un portavoz oficial de Junts cuando se le pregunta si la decisión del magistrado Pablo Llarena de mantener la orden de detención podía cambiar las cosas.

"No afecta en nada", añade uno de los responsables de la redacción de la Ley Orgánica de Amnistía.

"Eso nos asegura", añade un diputado de Junts, "sea suyo o de Salvador Illa el debate de investidura, el president retornará en Cataluña".

El Supremo y los fiscales

La Ley de Amnistía fue publicada este martes en el BOE, después de que, "como siempre, Pedro Sánchez jugara con los tiempos a su favor", en palabras de uno de estos colaboradores del expresident fugado en Waterloo.

Lo hizo al día siguiente del primer gran desafío de los partidos separatistas, al permitir que Puigdemont y su exconseller Lluís Puig, delegaran su voto a favor de su compañero Rull, en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y sobre todo, dos días después de las elecciones europeas.

El objetivo de Moncloa, según estas fuentes de Junts, era no alimentar el debate sobre la amnistía en campaña. Y sobre todo, no dar opción a que ningún miembro del Poder Judicial tomase decisiones controvertidas, que dieran argumentos críticos para el PSOE a la oposición y al propio independentismo.

Este último extremo se confirmaba pocas horas después de la entrada en vigor de la norma, cuando el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictaba una providencia en la que daba un plazo de cinco días a las partes para que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la Ley de Amnistía a los hechos que se atribuyen a Puigdemont, a los exconsellers Puig y Antoni Comín y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

En ese texto, el instructor de la causa del procés, también preguntaba a las partes sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra esos cuatro encausados. Y sobre todo, ordenaba que se comunique a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que "continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención" de todos ellos, adoptadas en una resolución dictada en enero de 2023, "por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas".

Es decir, Llarena confirmó que ese martes 25 de junio, antes de acudir al Parlament para la sesión de investidura, Puigdemont debe ser detenido, si nada cambia. Y de su parte, nada lo hará: desde que el 21 de marzo anunció su candidatura a las catalanas, en un gran mitin en Elna (Francia), el expresident prometió "regresar del 'exilio' el día de la investidura", le hayan o no aplicado la amnistía los tres jueces que lo investigan e imputan.

También este mismo martes, los fiscales del procés, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno, se reafirmaron ante su superior, Álvaro García Ortiz, en su criterio de que Puigdemont tiene seguir procesado por la malversación agravada de cantidades millonarias que fueron destinadas al todo el entramado del referéndum ilegal, dado que la amnistía no es aplicable, tal como ha sido diseñada, a ese delito.

El fiscal general, que no comparte su criterio jurídico -como informa este miércoles EL ESPAÑOL- les dio 24 horas para que elaboren un dictamen definitivo "de contenido procesal, no genérico".

En realidad, serán dos las propuestas de informe de alegaciones, las encargadas por Llarena y la Sala Penal del Tribunal Supremo sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la amnistía, que entraba este martes en vigor.

García Ortiz se reunió con Moreno y Zaragoza este martes. Y ambos fiscales del procés le reiteraron su posición: no procede levantar las medidas cautelares de detención e ingreso en prisión que pesan sobre Puigdemont, prófugo de la Justicia desde octubre de 2017.

Aun así, el entorno de Waterloo confirma que el expresident vendrá a España -"a Cataluña", corrigen las fuentes- el día 25. "Los fiscales del juicio del procés en el Supremo le están endosando el cumplimiento de la Ley de Amnistía al Fiscal General, es normal", admite uno de los colaboradores más estrechos de Puigdemont, en conversación con este diario.

Lo que se espera es que García Ortiz imponga este miércoles su criterio jurídico, coincidente con el del Gobierno, y la Fiscalía acabe informando a los jueces a favor de la amnistía y el levantamiento de las cautelares a Puigdemont. "¿No dijo Sánchez que la Fiscalía depende de él?", se preguntan.

Sólo así, Puigdemont podría cruzar la frontera sin riesgo de acabar entre rejas, a la espera de juicio. "Lo lógico es que se aplique el criterio más favorable para el reo", explica otro de los colaboradores del líder de Junts. "Pero así es como funcionan las cosas. Y además, no te fíes, con Sánchez siempre tenemos que recordar con quién estamos tratando".

¿Investidura de Illa?

Si se cumple lo que indican las fuentes, Puigdemont estará el martes en el Parlament. O allí dirigirá sus pasos. Pero lo que no está claro es que vaya a ser para su propio debate de investidura.

Logrado el primer objetivo, controlar la Mesa, la opción Illa como candidato, curiosamente, gana enteros, porque en Junts la ven derrotada.

Fuentes de la dirección del partido de derecha independentista aseguran que es probable que Rull proponga al líder socialista para que sea el primero en intentarlo. "Y que la suya sea una investidura fake, como la de Feijóo en Madrid".

A la vista de que ERC ya ha tomado posición, y ha optado por apostar a favor de que el president sea Puigdemont, en Junts no pasó inadvertido que Illa ni siquiera llamó al PP. Alejandro Fernández denunció el "cordón sanitario" al que fue sometido, acusando al PSC de preferir que hubiera mayoría separatista en el órgano de gobierno del Parlament.

"No volveremos a dar nuestros votos a cambio de nada", explica Fernández. Para la Mesa, al PP catalán le bastaba con un acuerdo para uno de los siete puestos. Para una supuesta investidura, los populares se mantienen en exigir "la ruptura del PSOE con los independentistas en toda España".