Bruselas prepara ya un dossier confidencial sobre la amnistía para un posible recurso ante el TJUE

La "investigación" del Ejecutivo comunitario y la confidencialidad de sus trabajos sólo estarían justificados por haber detectado indicios de que el asunto puede acabar en un procedimiento de infracción ante el tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).  

Así lo señalan fuentes europeas consultadas por este diario. Hasta ahora, la Comisión siempre había evitado ofrecer una postura oficial ante un proyecto de ley: "No comentamos iniciativas legislativas", ha mantenido desde noviembre el portavoz oficial de Justicia, Christian Wigand. Este funcionario, se limitaba a recordar que Didier Reynders estaba en "constante contacto con las autoridades españolas", para informarse de manera informal.

Y que Bruselas permanecería y "atenta" al desarrollo de la tramitación parlamentaria del texto para su "evaluación" y "análisis".

Sin embargo, este periódico ha podido confirmar en fuentes europeas que, "en algún momento" de las últimas semanas, la Comisión ha abierto una "investigación formal" que le ha permitido "denegar acceso a documentos relacionados" con el caso que había solicitado el presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, el español Adrián Vázquez.

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Según el Reglamento 1049/2001 relativo al acceso a los documentos de la Comisión, Parlamento y Consejo, sólo hay cuatro supuestos a los que acogerse para denegar información. En el tercer punto de su artículo 4.2, esta norma dice: "Las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de[l] objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría".

Y fue eso exactamente lo que alegó la Comisión el pasado viernes para denegar documentos requeridos por la Eurocámara: "La divulgación de los documentos solicitados podría perjudicar la protección del objetivo de las investigaciones en curso".

Las 16 preguntas

La documentación requerida formalmente por Vázquez era "las preguntas de la Comisión Europea al Gobierno de España, así como cualquier respuesta a dichas preguntas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez hubiera hecho llegar a la Comisión". Todo ello, tras conocerse el texto de la ley, que pretendía amnistiar delitos de terrorismo y de corrupción, dos verdaderas líneas rojas en los Tratados de la Unión Europea.

Se refería a una batería de 16 preguntas que hizo llegar Reynders al Gobierno español el pasado 11 de diciembre, pocos días después de que el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, saliera de una reunión con él asegurando a la prensa que en Bruselas había "cero preocupación" con la amnistía.

No sólo fue desmentido al día siguiente, en la rueda de prensa diaria que ofrece la Comisión, sino que a los pocos días Reynders demostraba que es cierta su "seria preocupación", expresada de palabra, con una acción, esta vez por escrito. 

Adrián Vázquez, eurodiputado y presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Cs

Solicitar tanto nivel de detalle sobre una ley que todavía es un borrador en el Parlamento de un Estado miembro es poco habitual. Es cierto, según fuentes de la Comisión, que "todas las iniciativas legislativas que afectan al Estado de derecho son evaluadas", en cumplimiento de la función principal del Ejecutivo de la UE, ser guardián de los Tratados.

Pero en este caso, en algún momento desde aquel 11 de diciembre, en el que Reynders preguntó, hasta el pasado viernes 26 de enero, han pasado dos cosas: que Moncloa respondió formalmente a la Comisión y que ésta ha pasado de la "evaluación" y el "análisis" a la "investigación".

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El portavoz oficial de Justicia de Bruselas, en sus últimas conversaciones con este periódico, utilizó precisamente uno de esos términos, "análisis", cuando se le requirió información sobre la posición de la Comisión sobre la amnistía al procés.

"Lenguaje legal" en Bruselas

Sin embargo, este miércoles, Wigand rechazaba hacer declaraciones o explicar qué ha cambiado en Bruselas. Hubo de ser otro funcionario comunitario quien diera largas a la prensa ante la pregunta de qué significaba que se haya abierto una "investigación formal". 

Los términos en que se expresó, vía WhatsApp, esta fuente estaban elegidos expresamente para desviar la atención. Por un lado, decía que "no hay nada nuevo, estamos en contacto con las autoridades de España y analizando el borrador". Pero por otro, dejaba claro que el "lenguaje legal" utilizado en la carta que denegaba la documentación a todo un presidente de Comité de la Eurocámara era el necesario para rechazar una petición de información "en el marco del derecho de acceso".

Por un lado, la Comisión recurría al verbo "analizar", pero por otro daba por hecho que había un motivo para denegar los documentos... una investigación formal sobre la proposición de ley. "Se están preparando el caso ante el Tribunal", explicaba otra fuente que hoy trabaja en el Parlamento, pero pasó años dentro de la Comisión. "Todo tiene que ser formal, porque ante el TJUE no vale intercambios informales" de información.

Hubo medios que interpretaron esta explicación -difundida en un mensaje tipo para los corresponsales desde Bruselas- como un desmentido. 

Pero "cuando lo califican de investigación para denegar el acceso, es que en algún momento se ha convertido en investigación", confirmaba esta última fuente europea. Y por eso el dossier ya es confidencial, porque la Comisión quiere armar bien el caso, en previsión de tener que acudir al Tribunal de Justicia, con sede en Luxemburgo.

"Si de verdad fuese un análisis, si el problema fuese la elección de una palabra, nos tendrían que haber dado las preguntas", sentenciaba Vázquez, en rueda de prensa. 

Más rápido que con Polonia

El también secretario general de Ciudadanos lo explicaba así: "La Comisión puede hacer intercambios informales de información para su comunicación con los Estados miembros", pero en este caso ha elegido el formato "formal". Si Bruselas detecta algún asunto preocupante, o grave, "opta por los intercambios estructurados, es decir, por escrito y formales".

Lo que está ocurriendo ahora con la proposición de Ley de Amnistía, entre Bruselas y Moncloa, es que Reynders ha decidido tenerlo todo registrado, "porque lo quiere así de manera legal, por si acaba en los tribunales".

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En el debate monográfico sobre la ley de amnistía celebrado en el pleno del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, el pasado noviembre, el comisario ya citó los ejemplos de Polonia y de Hungría, lamentando la lentitud de la respuesta europea a sus desafíos a los valores de la Unión, la división de poderes y las libertades públicas.

Ciudadanos es miembro de la misma familia política que el Movimiento Reformista de Reynders. Y tanto el político belga, que aspira a presidir el Consejo de Europa cuando deje Bruselas, por razones personales, como Renew, por sus ideas liberales, están comprometidos a que no ocurra lo mismo que con el régimen autócrata del PiS en Polonia: otro país grande de la UE, entrando en una deriva peligrosa para la democracia.

"Se está intentando que no pase como allí, y ser más rápidos si en España se confirman los riesgos", concluía el político español. "Ahora no sólo tenemos los mecanismos, sino la jurisprudencia sobre los procedimientos de infracción... y para Bruselas, es mejor tenerlo todo atado, para no llegar a un litigio de una gravedad extrema si en abril o mayo se publica la ley, y hay que ir al TJUE".