Junts dice que tumbará los decretos de Sánchez "aunque hoy ponga fecha" a su cita con Puigdemont

El partido de Carles Puigdemont, además, advierte de que nada le hará cambiar de postura, "ni siquiera que el PSOE ponga fecha a la reunión entre los dos presidentes", en referencia a la cita comprometida "en las próximas semanas" de Pedro Sánchez y el 'expresident' de la Generalitat catalana fugado en Waterloo.

"No nos fiamos del Ejecutivo de Sánchez", añade esta fuente oficial de la dirección de Junts, para explicar la cerrazón absoluta a cualquiera de las fórmulas de las que les han ofrecido en los últimos días desde Santos Cerdán a Félix Bolaños.

El secretario de Organización socialista había cambiado levemente la posición del PSOE, minutos antes, en rueda de prensa. Cerdán abría la puerta a que su formación política estudiara "las enmiendas que Junts ponga sobre la mesa".

"La enmienda"

Pero llegaba tarde, según las fuentes de Junts. Porque días antes, desde el Ministerio de Presidencia se les había ofrecido ya la tramitación del decreto como proyecto de ley, para dar entrada a debates y enmiendas: "Pero el Gobierno no se comprometía a aceptar la nuestra".

Junts habla en singular sobre "la enmienda" porque, en realidad, aunque tiene muchas pegas con los tres decretos, sólo hay una en la que basan su negativa absoluta a salvar a Sánchez.

La reforma del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que introduce el decreto de la digitalización de la Justicia. Ésta traslada a la legislación española una costumbre que emana del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), la paralización de cualquier asunto sometido a una cuestión prejudicial.

Cuando un juez debe aplicar una norma que le suscita dudas sobre su adecuación o no al derecho europeo (e incluso a la Constitución Española) puede (y debe) presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE. Según la normativa de este tribunal europeo, en ese momento la aplicación del precepto legal queda en suspenso.

Fuentes del Gobierno afirman que Junts ya sabía que esto sería así en el caso de la amnistía y que "esta reforma no hace más que poner por escrito en el derecho español lo que ya rige a nivel europeo". Pero en el partido de Puigdemont alegan que el segundo párrafo de ese nuevo artículo amplía la aplicabilidad de estas suspensiones "más allá" de lo que dicta el TJUE.

Según Junts, tal como está escrito el texto, se podrán paralizar "prácticamente todos los casos de la amnistía", en el momento en que uno o dos jueces planteen prejudiciales. "No hay un solo juez que presente una sola pregunta, aprovechan siempre para hacer preguntas exploratorias... y más los jueces españoles contra el movimiento independentista".

De ahí que Míriam Nogueras señalara con nombres y apellidos a algunos de estos magistrados en el Congreso, el pasado diciembre. Y por eso, Josep Rius, el portavoz de Junts, este lunes, advirtió que "si alguien necesita hacerse perdonar por la cúpula judicial española, es su problema, no el de Junts", en clara referencia a Bolaños, ministro de Justicia.

Es más, por eso Junts -como ya informó este diario- sólo estaba dispuesto a reconsiderar su postura en el caso de que el PSOE aceptara añadir un tercer párrafo a esa reforma para "blindar" la amnistía.

Según la propuesta que el partido de Puigdemont hizo llegar al equipo de Justicia, el nuevo párrafo debía incluir una salvaguarda para que las disposiciones del nuevo 43 bis "no se apliquen en las leyes penales". Fuentes jurídicas consultadas por este diario consideraron "imposible, inviable e inaceptable por la UE" esa posibilidad.

La legislatura más difícil

Desde que este diario informó en primicia, el pasado 27 de diciembre, de que Junts amenazaba con romper con el Gobierno por culpa de este decreto ómnibus, Moncloa ha contactado con el entorno de Puigdemont para tratar de convencer al expresident huido en Waterloo. Pero, entretanto, ha transmitido a los medios que Junts sólo estaba "haciendo teatro en busca de titulares", pero que acabarían votando sí a la convalidación de los tres textos legales.

Ahora, los postconvergentes lo niegan, se mantienen firmes en el no e incluso desmienten a Moncloa: "Nada cambiaría ni siquiera si Sánchez se descolgara poniendo fecha para la reunión que tiene comprometida con Puigdemont", apunta este portavoz de la dirección del partido independentista. "Nosotros no queremos fotos, sino acuerdos".

Josep Rius, portavoz de la Ejecutiva de Junts per Catalunya, en rueda de prensa. Efe

Rius, portavoz de la Ejecutiva de Junts per Catalunya y persona de total confianza de Puigdemont, confirmaba este lunes el voto de sus siete diputados en el Congreso, este miércoles, en contra de los tres texto legales: "El Gobierno debe retirar los decretos", es decir, que decaigan y dejen de ser ley, "y volver a presentarlos después de negociarlos con nosotros", en un gesto claro para demostrar quién manda sobre Moncloa, "y separados asunto por asunto", sentenció.

Es decir, un decreto para cada uno de los temas. En el ámbito fiscal, por ejemplo, Junts pide reformar la ley de Sociedades de Capital para premiar fiscalmente a las empresas que mantuvieron su sede en Cataluña tras el referéndum ilegal del 1-O y castigar -sancionar- a las que se fueron y no vuelvan.

Para Junts, Sánchez debe cumplir "de verdad" aquello a lo que se comprometió con los nacionalistas e independentistas durante las negociaciones de la investidura: no sólo evitar el recurso habitual al decreto, ni tan siquiera únicamente negociarlos previamente con cada uno de los socios parlamentarios, sino "evitar mezclar temas para forzarnos a votar como ellos quieren con el chantaje de que se quedan fuera medidas sociales que benefician a la ciudadanía".

Junts los llama "decretos macedonia", y alega que no puede apoyar textos legales que "agravan la infrafinanciación" de la región, o que "invaden competencias" autonómicas. "Es antisocial subir el IVA de la luz y el gas en pleno febrero", apuntó Rius, "y es sorprendente que el Govern de Pere Aragonès permanezca en silencio ante esta política de hechos consumados que recorta competencias de la Generalitat".

No sólo eso... ERC, el partido del president Aragonès, anunció este lunes que votará a favor de la convalidación de los tres textos legales. No en vano, los republicanos están en otra jugada: la de sacar adelante los Presupuestos catalanes, probablemente con el apoyo del PSC de Salvador Illa, y después celebrar la primera reunión con verificador internacional en Ginebra con el PSOE, como "preparación" de la cumbre de gobiernos en la Mesa de Diálogo. 

Así, a ya sólo 24 horas de que se sometan a la convalidación en el Congreso de los Diputados, los tres primeros decretos que el Gobierno ha aprobado en su apenas mes y medio que vida, éstos están condenados a decaer.

El apoyo de ERC, por sí solo, ya no sirve; Podemos también se ha desmarcado, para afearle a Yolanda Díaz el recorte en algunos subsidios de desempleo; el PP recibe llamadas desesperadas de última hora, pero se niega a salvar al presidente Sánchez, que le despreció sus propuestas con un displicente "ya veremos" a Alberto Núñez Feijóo...

Y los siete diputados de Junts cambiarán el equilibrio de la investidura, en la que el presidente salió reelegido por 179 votos a favor y 171 en contra. El partido de Puigdemont votará en contra de los tres textos legales en vigor y las cuentas, a esta hora, viran a 172 'síes' frente a 178 'noes'. La legislatura más difícil demuestra serlo desde el primer día.