Selección catalana de fútbol, Justicia, El Prat e inmigración: primeras facturas de Junts a Sánchez

Estas exigencias de Junts, que Puigdemont expuso en rueda de prensa desde Bruselas el pasado 9 de noviembre, tras cerrar el pacto de investidura de Pedro Sánchez, coinciden también con los planteamientos que ha defendido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Pero fuentes del PP consultadas por EL ESPAÑOL se muestran convencidas de que Puigdemont añadirá otra reivindicación aún más decisiva, en las negociaciones que va a desarrollar durante los próximos meses, bajo la supervisión de cuatro "verificadores internacionales": el control de la Justicia, para garantizarse la impunidad futura, tras la amnistía. 

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Junts ha acariciado el objetivo de crear las selecciones nacionales deportivas de Cataluña durante años por su enorme valor simbólico y propagandístico. Desde la Generalitat, Carles Puigdemont regó con subvenciones millonarias a la llamada Plataforma Pro Selecciones Nacionales, que dirigía Xavier Vinyals, quien actuaba al mismo tiempo como cónsul de Letonia en Cataluña.

Entre otras acciones, esta entidad inundó de esteladas el Camp Nou con motivo de la Copa de Europa disputada por el Fútbol Club Barcelona en 2015.

Xavier Vinyals fue detenido en octubre de 2020 en una operación desarrollada por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, sobre el desvío de fondos públicos de la Generalitat y otras instituciones para financiar el movimiento independentista.

En la misma operación fueron detenidos el jefe de gabinete de Puigdemont en Waterloo, Josep Lluís Alay; el exconseller de Interior del Govern tripartito Xavier Vendrell (que antes fue miembro de la organización terrorista Terra Lliure) y el editor Oriol Soler.

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Las escuchas telefónicas de esta causa dieron lugar al caso Volhov (en el que han quedado acreditados los contactos del entorno de Puigdemont con agentes del Kremlin, que le ofrecieron financiación y "10.000 soldados" para hacer efectiva la independencia de Cataluña) y las principales evidencias sobre el Tsunami Democràtic (por el que el propio Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, están investigados por un presunto delito de terrorismo).

Todos ellos se beneficiarán ahora de la ley de amnistía que el PSOE ha pactado con Junts y ERC.

Un CGPJ catalán

El traspaso de las competencias de Justicia a la Generalitat fue precisamente uno de los grandes escollos del Estatut de Autonomía aprobado por el Parlament en 2006. Casi la mitad de los 14 artículos que recortó el Tribunal Constitucional aludían a la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, con competencias propias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según el texto que fue suprimido por el TC, este Consejo de Justicia de Cataluña participaría en la designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de todos sus presidentes de Sala y de los presidentes de las distintas Audiencias Provinciales.

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas, Francesc Homs, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Marta Rovira, entre los principales beneficiarios de la ley de amnistía. Europa Press

Pero además tendría la capacidad de proponer al CGPJ el nombramiento de los jueces y magistrados de la región. Sus competencias propias incluirían la instrucción de expedientes disciplinarios a los jueces y magistrados, la convocatoria de las plazas vacantes y las labores de inspección.

Hacerse con el control del nombramiento de los jueces y magistrados, desde la primera a la más alta instancia, indican las citadas fuentes del PP, permitiría a los líderes independentistas buscar la impunidad a sus actuaciones futuras, tras beneficiarse de la ley de amnistía que ya tramita el Congreso de los Diputados.

La inmigración

La "cesta de la compra" planteada por Puigdemont en su rueda de prensa de Bruselas incluye otras exigencias como el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat. En el debate de investidura de Pedro Sánchez, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, también aludió a esta cuestión, aunque dejó claro que su partido sólo se va a conformar con negociar "el supermercado entero".

"En Cataluña se concentra el 23% de la población inmigrante de todo el Estado, y somos el 16% de la población del Estado [...] Pero tenemos las mismas escasas competencias que tienen comunidades que tienen el 0,6% de la inmigración".

Nogueras utilizó las cifras a su conveniencia. Según el censo de 2022, en Cataluña residen 1.271.810 ciudadanos extranjeros, el 16,3 de su población (el porcentaje es del 13,9% en la Comunidad de Madrid).

La mayor colonia extranjera residente en Cataluña es la marroquí (235.278 habitantes), seguida de los rumanos (86.528), italianos (76.826) y chinos (63.228). En 36 municipios catalanes la población extranjera supera el 25%, aunque el grueso se concentra en Barcelona (359.480 residentes), Hospitalet (58.037), Badalona (35.215), Tarrasa (31.516) y Lérida (29.129).

También esta fue una cuestión controvertida del Estatut de 2006, que permitió a la Generalitat asumir las competencias sobre concesión de permisos de trabajo (el Gobierno de Zapatero se la transfirió en 2009) y primera acogida de los inmigrantes.

Pero la misma sentencia del Tribunal Constitucional determinó que "sería claramente inconstitucional" que la Generalitat pretendiera asumir otras competencias, exclusivas del Estado, sobre el control de los cupos o flujos de inmigrantes que se instalan en Cataluña.

Colisión en el TC

Si en la negociación que ahora se va a desarrollar en el extranjero el PSOE acepta traspasar a la Generalitat las citadas competencias de Justicia e inmigración, anuncian las fuentes del PP consultadas por EL ESPAÑOL, "iremos al clásico conflicto constitucional que acabará dirimiendo el TC". 

Carles Puigdemont también reclama al PSOE que ceda a la Generalitat la gestión de los aeropuertos y puertos del Estado ubicados en Cataluña. Se trata de una reivindicación que planteó, igualmente, Pere Aragonés el pasado mes de junio.

Aeropuerto de El Prat

Pero esto supondría, en primer lugar, romper la red nacional de Aena y desequilibrar irremediablemente sus cuentas. En lo que va de año (entre enero y octubre), el aeropuerto de El Prat ha sido el segundo de la red de Aena en tráfico de pasajeros (4,5 millones) y mercancías, solo superado por el de Barajas (Madrid). 

Un estudio elaborado en 2021 por el Laboratorio de Economía Aplicada AQR-Lab de la Universidad de Barcelona cifraba en 9.250 millones de euros los ingresos directos generados por el aeropuerto de El Prat (Barcelona).

Los ingresos generados por los aeropuertos más rentables (como los de Barajas, El Prat, Palma de Mallorca, Málaga y Alicante), Aena mantener la actividad de los que resultan deficitarios. Romper la red de Aena para traspasar El Prat a la Generalitat haría difícilmente viable este equilibrio.

Aena, que depende del Ministerio de Transportes a través de la empresa pública Enaire, también gestiona en Cataluña los aeropuertos de Gerona-Costa Brava, Reus y Sabadell, todos ellos de interés general y, por tanto, competencia del Estado.

El puerto de Barcelona

También están en el punto de mira de Junts y ERC los puertos de Barcelona y Tarragona, gestionados por el Estado a través de sus Autoridades Portuarias.

El puerto de Barcelona es la joya de la Corona. Según la última estadística oficial, en 2022 registró un tráfico de 1,5 millones de pasajeros de ferri, 2,3 millones de pasajeros de cruceros, casi un millón de vehículos y 70,9 millones de toneladas de mercancía. La Autoridad Portuaria cerró el ejercicio con una cifra de negocio neto de 181 millones de euros.

Pere Aragonés reclama además la gestión del Consorcio de la Zona Franca del Puerto de Barcelona, cuyos presupuestos prevén una cifra de negocio de 54,9 millones de euros para este año.