Pulso con Junts y ERC: Moncloa se niega a que la amnistía blanquee el 1-O y se tramite sin enmiendas

Transmiten la idea de que a mediados de la próxima semana, los primeros días de noviembre, se acelerará todo con la intención de ir cerrando algunos frentes e incluso empezar a plantearse el anuncio de una fecha concreta del pleno de investidura en el Congreso.

El horizonte más optimista de esa previsión sería la semana del 6 al 12 de noviembre, sobre todo para acabar con la situación de vacío político que genera el silencio de Moncloa sobre la amnistía.

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Los partidos con los que ya pactó Sánchez la pasada legislatura suelen explicar que el líder socialista tiene por costumbre negociar siempre al límite del tiempo, lo que irrita a sus socios habiatualmente, pero esta vez hay una cierta premura del PSOE para empezar cuanto antes a explicar los acuerdos, especialmente el de la amnistía, para frenar el desgaste que les provoca el silencio.

Obviamente, ese plan no responde sólo al deseo de Moncloa, sino que depende en gran medida de la posición de los partidos independentistas, respecto al fondo y respecto a los ritmos, que en esta negociación son fundamentales.

El deseo de Junts sería que antes de la investidura fuera registrada ya en el Congreso la proposición de ley orgánica de amnistía y que, una vez votada la investidura, fuera tramitada de forma ultrarrápida en el Congreso, con declaración de urgencia y en lectura única, es decir, sin opciones de introducir enmiendas para que esté en vigor antes de final de año y evitando el parón parlamentario de enero.

Pedagogía política

El Gobierno acepta que sea como proyecto de ley, es decir, sin informes no vinculantes del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, pero es reacio a forzar los tiempos y limitar la discusión parlamentaria dada la trascendencia de la norma y la necesidad de hacer pedagogía política sobre su utilidad y necesidad.

Además, el Gobierno se va encontrando con algunos obstáculos, como el golpe en la mesa que dio ayer ERC para hacer saber que la negociación con ellos no va bien, que quieren que el Gobierno ceda y que el preámbulo de la ley de amnistía diga que el referéndum del 1 de octubre de 2017 no fue delictivo y que no tienen respuesta a exigencias económicas como las referidas al déficit fiscal o la transferencia de las cercanías ferroviarias (rodalíes).

Así se lo transmitió ayer directamente al ministro Félix Bolaños el negociador de ERC Josep María Jové y luego el propio president de la Generalitat, Pere Aragonès, con quien coincidió en un acto público.

Antes de esas conversaciones, el Gobierno rechazaba "legitimar" el referéndum del 1 de octubre, aunque en esa fecha ya no era delito la convocatoria de refrendos ilegales.

Fuentes socialistas atribuyen esa decisión de ERC de hacer públicas las diferencias y obstáculos de la negociación al interés de los de Oriol Junqueras por tener protagonismo en el procedimiento, marcando públicamente una posición dura. Es decir, que como era previsible, la pugna entre ERC y Junts termina afectando a la negociación y, por eso, Sánchez tuvo la de referencia de hacer pública una llamada a Junqueras durante la ronda con los partidos.

Según el Gobierno, llegados a este punto del proceso cada vez se va haciendo más difícil que los independentistas se salgan de la negociación.

Otra vía inesperada de conflicto es la del PNV a cuenta de algunos de los puntos concretos del acuerdo entre PSOE y Sumar sobre fiscalidad a empresas o sobre materias transferidas a las comunidades con competencia plena. Los nacionalistas vascos han protestado también sobre estos puntos de dicho acuerdo.