Sánchez: una amnistía que no se llame amnistía y un referéndum que no se llame referéndum

De esta forma no sólo saldrá adelante esa votación sino que, además, Junts y ERC podrán presentar a sus bases independentistas un acuerdo que no renuncia a sus principios básicos y el presidente del Gobierno podrá reducir lo más posible el desgaste político por el acuerdo.

Sobre la amnistía, la idea es que esta palabra no figure en la proposición de ley orgánica para centrarse en otras con connotación positiva indudable como reconciliación, concordia, generosidad y reencuentro, según explica el Gobierno.

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Se trata también de redactar una exposición de motivos que no asume el relato del independentismo, ni el del Estado, pero que tampoco cuestione la actuación de ninguna de esas partes. Pensando más en el futuro y en la resolución con la política de conflictos políticos.

Este argumentario que explica el Ejecutivo se pretende hacer coincidir con resoluciones de la Mesa de diálogo con Cataluña que se reunió tres veces la pasada legislatura, con participación sólo de ERC, y que avanzó en algunos acuerdos.

En el caso de la amnistía, Moncloa intentará que esa ley sea coherente con las referencias a la desjudicialización que se contenía en esos acuerdos de forma expresa.

Hacia un "pacto histórico"

Respecto a la consulta, los independentistas piden un referéndum de autodeterminación que Sánchez, al menos por el momento, rechaza por inconstitucional. La salida en este caso es derivar ese asunto a una mesa de diálogo que acabe con una consulta a los ciudadanos catalanes, pero con el matiz de no someter a las urnas la continuidad de Cataluña en España, sino un acuerdo global que, según la terminología de Moncloa, suponga un “pacto histórico” que cierre el conflicto durante décadas.

En ese acuerdo puede entrar desde la financiación a recuperación por ley de puntos del Estatut anulados por el Tribunal Constitucional o mecanismos nuevos de interrelación, entre otros.

No se trata de un referéndum sobre soberanía, expresa y reiteradamente rechazados por la doctrina del Tribunal Constitucional.

En este caso también hay una referencia en la Mesa de diálogo de la pasada legislatura que expresamente hablaba de tal consulta, eludiendo de nuevo la palabra amnistía.

“Ambas partes se comprometen a impulsar la efectividad de los acuerdos que se adopten a través de los procedimientos oportunos. Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”, se aseguraba en ese acuerdo.

El pasado mes de noviembre, el líder del PSC, Salvador Illa, se refería a esa consulta en una entrevista en EL ESPAÑOL en la que rechazaba expresamente el referéndum de autodeterminación. 

“Un referéndum de autodeterminación lo descarto. Nosotros no le daremos apoyo en ningún caso. Por una razón muy sencilla, porque es aumentar la división, es favorecer la espiral divisoria de la sociedad catalana que tanto daño nos ha hecho. Otra cosa es que lleguemos a algún tipo de acuerdo los representantes políticos de la ciudadanía, mediante un diálogo entre catalanes y sometamos este acuerdo a la consideración de la ciudadanía de Cataluña conforme al marco legal vigente, es decir, votar un acuerdo. No tengo ningún inconveniente en crear este acuerdo, pero votar una ruptura, en ningún caso”, explicaba Illa.

Y respecto a la renuncia a la unilateralidad, Moncloa hace referencia al hecho de que, en todo caso, Junts y ERC piden una consulta (o referéndum) pactada con el Estado, es decir, en ningún caso al margen de la ley y las instituciones. Según los negociadores eso es ya una renuncia a la unilateralidad.

Moncloa mantiene el optimismo sobre un acuerdo con Junts y ERC, pese a las dificultades evidentes. Cuenta, según dicen, con la presión de todos los actores para impedir una repetición electoral que pueda facilitar un triunfo de la derecha y la extrema derecha.