Sánchez y Díaz ultiman su acuerdo de Gobierno: sólo difieren en reducir la jornada laboral

"Está casi hecho". Son las tres palabras con las que una fuente cercana a las negociaciones entre PSOE y Sumar define el estado del acuerdo de Gobierno, que se lleva hilando entre bastidores desde la mañana siguiente a las elecciones y que, según ellos mismos estipularon, tiene sólo una semana de plazo para firmarse. El único punto pendiente, "el 1%" restante, lleva estancado desde el principio: reducir por ley la jornada laboral. 

Así lo indican las fuentes a ambos lados de la mesa de negociación. Los socialistas son los principales interesados en que el acuerdo se cierre cuanto antes para poder centrarse "sólo" en el pacto con Junts. En Sumar, en cambio, saben que más demora implica más presión, pero no están dispuestos a pasar por el aro sin que se anuncie la reducción de la jornada laboral, el Estatuto del Becario o el impuesto a la banca, entre otros.

Este lunes, precisamente, va a ser uno de los días decisivos para el acuerdo y, sobre todo, del reparto de papeles de cada uno en el nuevo Ejecutivo. Para dos formaciones que se presentaron a las elecciones como prácticamente un tándem indivisible, el programa de Gobierno está siendo incluso más complicado de encajar que los nombres de los ministros, entre los que existe un cierto consenso por cada parte.

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"De momento estamos con los contenidos. La estructura de Gobierno se decidirá en función del acuerdo", quitó hierro este lunes Ernest Urtasun, portavoz de Sumar. En palabras del eurodiputado, en ese acuerdo de Gobierno "tiene que estar [...] la reducción de la jornada laboral, encarecer los despidos y el reconocimiento de Palestina como Estado", dos de las grandes reivindicaciones de Yolanda Díaz.

Algunos de los flecos que ya estarían cerrados, confirman las fuentes, sería la aprobación del Estatuto del Becario (clave para el Ministerio de Trabajo), la reducción de los vuelos domésticos, el cambio de condiciones del transporte público o la reforma de la financiación autonómica. La mayoría, firmados a lo largo de la semana pasada.

El equipo negociador de la vicepresidenta, que lidera el secretario de Estado Nacho Álvarez, lleva desde agosto reuniéndose con la delegada del PSOE, la ministra María Jesús Montero, para cerrar las demandas de la investidura y atarlas también a los Presupuestos Generales del Estado. Fuentes cercanas a las conversaciones entre ambos grupos detallan cómo, durante semanas y hasta hace bien pocos días, la ministra de Hacienda devolvía todas las propuestas de Sumar "tachadas en rojo".

"El PSOE pone de excusa que Junts y PNV, por ser más conservadores, no aceptarían un programa tan social, pero es mentira", concluían hace una semana fuentes de la dirección de Sumar sobre el acuerdo. Ahora, con las conversaciones retomadas, la misma persona matiza que "los avances existen, pero el PSOE no quiere bajar al detalle" de la jornada laboral, el impuesto a la banca y la actualización y despliegue de la Ley de Vivienda, aprobada a finales de la legislatura pasada.

El problema con el que se encuentra Yolanda Díaz es que el PSOE, a fin de cuentas, sabe que puede contar con los 31 votos incondicionales de Sumar llegado el momento de la investidura. Al contrario de lo que ocurrió con el Unidas Podemos de Pablo Iglesias, que forzó una repetición electoral en noviembre de 2019 y luego entró en el Gobierno, la vicepresidenta ligó toda su campaña a ser vicepresidenta y, ahora, no puede echarse atrás. 

Por ello, y aunque se pusiese como límite el 31 de octubre para cerrar la coalición, para Sánchez apremian mucho más las conversaciones con Junts y ERC, que las fuentes definen como "intensas" pero "discretas". Sobre todo, las centradas en la nueva Ley de Amnistía, la posibilidad de un referéndum de autodeterminación y las claves de la financiación autonómica de Cataluña.