Trece pruebas de Sánchez contra Sánchez: se oponía a la amnistía y pedía a los jueces perseguir el 'procés'

Eso significa que la está negociando para conseguir el apoyo de Junts y volver a ser investido y nadie en el PSOE niega que la negociación se esté produciendo. A la vista de los últimos hechos, nada queda ya de ese Pedro Sánchez que, desde el referéndum ilegal del 1-O de 2017, se había estado pronunciando con firmeza contra la amnistía y que pedía aplicar a los responsables del procés "todo el peso de la ley".

El Sánchez de ahora, en teoría, es el mismo que firmó junto a Mariano Rajoy la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de Cataluña. Es el que se comprometió a traer a Carles Puigdemont y juzgarlo y el que dijo que la amnistía era inconstitucional.

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Incluso, unos días antes del 23-J, en una entrevista en La Sexta, se vanagloriaba de que el independentismo pedía la amnistía y el referéndum y que "no ha tenido la amnistía y no hay un referéndum de autodeterminación ni lo habrá".

Pero sólo ha hecho falta que el escenario poselectoral del 23-J dibuje una situación en la que necesita los votos a favor, sí o sí, de los siete diputados del partido de Puigdemont. Como dijo en la última entrevista que concedió a Carlos Alsina, él no miente, sólo cambia de opinión.

Pero cambia mucho. Hay voces críticas en el PSOE, capitaneadas por Felipe González y Alfonso Guerra, que dicen que ellos no están siendo disidentes, que el disidente es él: ellos simplemente defienden lo que defendía Sánchez hace unos meses. "Resulta que es el otro [Sánchez] el que ha cambiado. No sólo defiende una cosa diferente, sino la contraria", aseguró Guerra este miércoles en un acto de presentación de su libro en el Ateneo de Madrid.

El último en sumarse a esta corriente ha sido quien fuera secretario general de UGT durante 22 años, Cándido Méndez. En una entrevista publicada en EL ESPAÑOL este domingo, subraya que Sánchez dijo que "la amnistía no entra en la Constitución". "La expresión que utilizó no es 'cabe', sino que no 'entra'", incide Méndez.

Estos son algunos de los cambios de opinión al respecto que han tenido el presidente del Gobierno, y algunos miembros destacados de su entorno, desde 2017, un total de 13 pruebas del Sánchez del pasado que hoy se rebelan para acusar al Sánchez de ahora.

"Su obligación es comparecer"

En enero de 2018, tras las elecciones en Cataluña, el Parlament autonómico designó a un Carles Puigdemont ya fugado como candidato a la investidura. El Gobierno, liderado entonces por Mariano Rajoy, presentó un recurso para bloquearla y el PSOE de Pedro Sánchez, desde la oposición y tras haber apoyado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, respaldó la acción del Ejecutivo.

Sánchez y Rajoy tuvieron contactos al respecto y quien entonces era número tres del secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, compareció para decir que "no puede ser president de la Generalitat una persona que no respeta el orden constitucional y que, además, está prófugo de la Justicia". "Su obligación es comparecer ante los tribunales", dijo Ábalos, que apuntaló que apoyaban al Gobierno en "cumplimiento de la ley, la defensa territorial de España y del Estado de derecho".

"Nadie está por encima de la ley"

Dos meses más tarde, en marzo de 2018, Puigdemont fue detenido en Alemania tras una operación conjunta de las autoridades alemanas y el CNI español. La detención se produjo como consecuencia de una orden de detención internacional que había activado el Tribunal Supremo.

Pedro Sánchez, entonces, la celebró. "Vivimos en un Estado social y democrático de derecho en España y en Europa. Nadie está por encima de la ley. Respeto las decisiones judiciales y respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Dentro de la Constitución está la política, fuera nada", compartió en la red social Twitter.

Sí hay rebelión

En mayo de 2018, el debate político giraba en torno a si en Cataluña los responsables del procés habían cometido o no un delito de rebelión. Afectaba a la decisión de varios tribunales europeos sobre las peticiones de extradición. El PSOE llegó a hablar de actualizar el delito de rebelión porque se había configurado teniendo en cuenta la posibilidad de golpes de Estado y lo sucedido en Cataluña demostró que se podía llevar a cabo la rebelión de otras formas.

"Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y deberían haber sido extraditados esos responsables políticos a España", dijo Sánchez en una entrevista.

Cinco meses después, tras haber ganado la moción de censura gracias al apoyo de parte de las fuerzas independentistas, Sánchez ya moduló su discurso y la Abogacía del Estado pidió una condena por sedición y no por rebelión, lo que implicaba penas menores.

"¿Es el cambio de opinión del Gobierno el precio que vamos a pagar los españoles por el apoyo de los independentistas al presupuesto?", se preguntó entonces quien era secretario general del PP, Teodoro García Egea. Sus palabras sonaban a premonición.

Será juzgado, es lo importante

En julio de 2018 se abrió una puerta para que Puigdemont fuera extraditado a España. La Justicia alemana había decidido entregarlo a las autoridades españolas, aunque sólo por el delito de malversación y no por el de rebelión. Aunque no llegó a suceder, Sánchez sí que celebró la medida.

"Lo importante es que los involucrados en el proceso secesionista tienen que ser juzgados por tribunales españoles y eso va a ocurrir", aseguró en unas declaraciones.

El juicio del 'procés'

Cuando llegó el momento de petición de penas en el juicio del procés, la Abogacía del Estado, dependiente del Ejecutivo, pidió procesar a los principales responsables del 1-O por el delito de sedición. Las penas eran menores a las del delito de rebelión que solicitaba la Fiscalía del Tribunal Supremo, pero implicaban que los organizadores del referéndum ilegal tuvieran que pagar por lo que hicieron.

En la actualidad, de aprobarse una ley de amnistía, todos aquellos delitos por los que se les procesó y condenó quedarían borrados, como si nunca se hubiesen cometido.

"Me comprometo a traer a Puigdemont"

2019 fue un año con muchas elecciones, muchas negociaciones e, igual que ha pasado este 2023, el tono de Pedro Sánchez respecto a los independentistas se vio rebajado notablemente. Sin embargo, para marcar su postura en un debate electoral contra Pablo Casado, Sánchez dijo lo siguiente: "A ustedes señor Casado se les fugó Puigdemont, yo me comprometo, hoy y aquí, a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española".

Dos días después, en una sonada entrevista en RNE, dijo que podía cumplir esa promesa porque la Fiscalía General del Estado pidió la activación de la euroorden, tras la sentencia del Tribunal Supremo. Ahí dijo la famosa frase de "¿La Fiscalía de quién depende?". "Del Gobierno", respondió el periodista. "Pues eso", zanjó Sánchez.

"Acatamiento significa cumplimiento"

A las puertas de las elecciones de noviembre de 2019, empezó a circular la idea de que el Gobierno podría acabar indultando a los condenados por el procés. En una comparecencia en la Moncloa, Sánchez alejó esa posibilidad. Dijo que no iba a haber indultos.

"Acatamiento significa el íntegro cumplimiento" del fallo, dijo, a lo que añadió que "todos los ciudadanos somos iguales ante la ley". "Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento", dijo. "En una democracia nadie es juzgado por sus ideas o por un proyecto político, sino por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico", añadió.

Poco después, Sánchez volvió a contradecirse y el Gobierno otorgó el indulto a los encausados. En el caso de salir adelante la amnistía, personas como Puigdemont y los demás fugados no llegarían siquiera a ser juzgados ya que es como si el delito nunca se hubiese cometido.

"La amnistía no cabe"

En una entrevista en 2019, quien entonces era ministro de Justicia de Sánchez, el actual magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo, dijo tajantemente que "la amnistía no cabe en la Constitución". Campo ya estaba allanando el camino para un indulto, pero aseguró que no se podía ir tan lejos como para llevar a cabo la amnistía.

"La amnistía es el olvido. Aquí [en referencia a los indultos] no hay olvido, hay perdón para construir un futuro mejor y por eso te lo condiciono", añadió.

Amnistía claramente inconstitucional

En junio de 2021, el Ministerio de Justicia realizó un escrito para fundamentar los indultos que el Gobierno iba a otorgar a los condenados por el procés. "La base de nuestra convivencia radica en el imperio de la ley, y ello se traduce en que nada ni nadie está por encima de ella", aseguraba el texto, firmado por Juan Carlos Campo.

"A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito", añadía.

Calvo, contra la amnistía

El mismo junio de 2021, cuando aún era vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo concedió una entrevista en la que también se posicionó contra la amnistía. "La amnistía no es posible en nuestro país ni en ninguna democracia, porque la amnistía borra el delito, lo que significa que el Poder Judicial no existe", aseguró.

"No son posibles"

En septiembre de 2021, Pedro Sánchez mantuvo una reunión con el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès. El de ERC dijo que "el referéndum de autodeterminación y la amnistía son instrumentos inclusivos y necesarios para resolver este conflicto", a lo que Sánchez respondió que "no son posibles".

"El Gobierno no lo va a aceptar"

En una entrevista emitida el 10 de noviembre de 2022, Pedro Sánchez anunció que el PSOE iba a registrar una proposición de ley para reformar los delitos de sedición y malversación. El delito de sedición, no se reformó, sino que fue directamente eliminado por uno de desórdenes públicos agravados.

Cuando hizo el anuncio, el periodista le preguntó si esa era la exigencia de ERC para aprobarle los Presupuestos Generales del Estado. Sánchez dijo que no. "El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española".

"Puigdemont, comparecerá"

La última vez que Sánchez se comprometió públicamente a que Puigdemont iba a ser juzgado tuvo lugar en noviembre del año pasado. En una entrevista en el diario La Vanguardia, dijo lo siguiente: "Carles Puigdemont, cuando tenga que comparecer, que comparecerá, estoy convencido de ello, ante la justicia española, tendrá que rendir cuentas de los delitos cometidos en el 2017".

De salir adelante la ley de amnistía, todas las palabras recogidas en este artículo acabarán en papel mojado. Puigdemont volvería a España pero no tendría que comparecer ante nadie y todos los encausados por su participación en el procés verían cómo les desaparece el delito que cometieron y que, antaño, desde el PSOE tanto aseguraban perseguir.

Lo que no desaparece es todo lo que se dijo antes de llegar al momento actual, por eso Alfonso Guerra advierte que él no va a la contra, que el que ha cambiado, y mucho, ha sido Pedro Sánchez.