El PP invoca una sentencia del TC contra la cesión de diputados a Junts y ERC: "Es fraude electoral"

El PP se escudará en una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para justificar sus palabras sobre esta triquiñuela, que es una práctica habitual repetida en legislaturas pasadas con gobiernos de distinto signo pero de formas muy dispares. En conversación con este periódico, un dirigente del partido alude a que la Mesa del Congreso, controlada por los votos del PSOE y Sumar, estaría "distorsionando el resultado oficial de las elecciones y la voluntad de los electores".

"Una cosa es interpretar flexiblemente el reglamento y otra muy distinta es generar derechos políticos que afectan al resto de los grupos", explicita. Tener o no un grupo parlamentario propio en el Congreso es sumamente importante, ya que reporta muchos más beneficios económicos, técnicos y de representación que irse al Grupo Mixto.

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Para conformar grupo es necesario cumplir una de estas tres condiciones: contar con al menos 15 escaños; contar con cinco escaños y haber obtenido el 5% de votos en toda España; o tener el 15% en las circunscripciones a las que se ha concurrido. Tanto Junts como ERC tienen siete escaños, pero no alcanzan ni el 15% de las provincias en las que se presentaron ni el 5% a nivel nacional. 

La manera más sencilla -y común- de engañar al reglamento es la llamada "cesión de diputados", que es la que el PSOE ha ejercido con Junts y Sumar con ERC y que, hasta ahora, entraba dentro de la llamada cortesía parlamentaria. Normalmente, esta interpretación del reglamento se ha dado por la vía rápida, esta es: prestar diputados suficientes para que el partido ayudado llegue a los 15 y, con ellos, formar grupo directamente. No ha sido así esta vez.

Lo que han hecho PSOE y Sumar es ceder sólo cuatro y dos diputados respectivamente para, según su criterio, aumentar el porcentaje de voto en las circunscripciones donde no llegaban al 15%. ERC cosechó el 14,74% de las papeletas en Girona y el 12,33% en Barcelona; mientras que Junts se quedó en el 9,68% en Barcelona y en el 11,08% en Tarragona. Con un poco de ayuda en forma de escaños (cuatro para Junts y dos para ERC), el bloque de Gobierno ha hinchado sus resultados.

Aquí es donde el PP ve el "fraude legal" e intentará sabotearlo con su mayoría en el Senado. Los populares se fijan en una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2002 que fija cómo la cesión se permite si es en el caso de los diputados, no así de los votos. Dicho de otro modo, que ceder diputados para llegar al mínimo de 15 escaños está permitido, pero que ceder esos mismos diputados no significa que los votos se traspasen de un partido a otro (y, por lo tanto, no se puede interpretar que alcancen el 15% en cada circunscripción).

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Así lo vino a decir el TC a interpretación de las fuentes consultadas, que también aluden a un informe jurídico del Congreso de ese mismo año para justificar su decisión. El escrito se refiere al momento en que el BNG, que por entonces contaba con tres diputados, intentó formar un grupo propio con la ayuda del PNV y Convergència i Unió, que les cedieron un escaño cada uno.

Los magistrados lo desestimaron por, según dice el texto, "no ser posible verificar [el 15% del voto] de las otras dos formaciones políticas [PNV y CiU]". Además, no deja claro si esa regla del 15% se refiere a los partidos o a los propios diputados de ida y vuelta, que regresarían a sus respectivos grupos durante el siguiente periodo de sesiones de enero. 

"Nadie se puede creer la ficción de que los votos de Sumar y PSOE se van a ERC y a Junts", ahonda la fuente del PP. Los dos partidos independentistas son necesarios para que el Gobierno en funciones tenga mayoría en el Congreso (sin ellos, la suma de PP y Vox tiene más escaños), por lo que uno de los acuerdos que alcanzaron hace dos semanas a cambio de su voto fue garantizarles que tendrían grupo propio.

Ahora, el quid pro quo parlamentario podría volvérsele en contra al Gobierno. Vox, que no está en la Mesa después de que el PP les dejara sin ningún puesto, ha anunciado que registrarán en los próximos días varias iniciativas para intentar tumbar esta decisión y reclama que ni ERC ni Junts reciban las subvenciones correspondientes a los grupos parlamentarios. El PP, por su parte, está estudiando una guerra entre el Congreso y el Senado (que los populares controlan) para torpedearlo.

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Tener grupo parlamentario propio supone una serie de ventajas políticas enormes, como tener representación en todas las comisiones, tener un portavoz que asista a las Juntas, tener mayor tiempo de intervención en los debates, tener cupo semanal en la sesión de control de los miércoles o mayores facilidades para llevar al pleno iniciativas legislativas. Dentro del Grupo Mixto, todo esto hay que repartirlo entre todos los partidos que lo conforman.

Además, según el artículo 28 del reglamento del Congreso, los grupos también perciben una subvención fija que este año era de 364.160,64 euros y una variable en función del número de diputados de 1.746,16 euros mensuales por parlamentario. Así, cada formación se embolsaría en una legislatura más de dos millones de euros.