El PSOE votó en contra de todas las promesas que ahora ha pactado a cambio del apoyo de Junts y ERC

Para el presidente del Gobierno en funciones, rectificar en sus posiciones le ha granjeado, de momento, el control de la Cámara Baja y un primer paso importante para garantizarse la llave de una posible investidura (previo pago), pero quienes han salido más beneficiados han sido sus socios. Sobre todo, Junts y ERC, quienes ven cubiertas ahora varias de las demandas históricas que el socialismo siempre les ha negado.

Es el caso de la apertura de varias comisiones de investigación en el Congreso o el uso de lenguas cooficiales en los órganos e instituciones del Estado. Fuentes del Gobierno quitan hierro al asunto y asumen que con la aritmética parlamentaria actual "el bloque progresista ya no tiene mayoría", por lo que las concesiones de la XV legislatura cobrarán una agenda más "plurinacional" y menos social que en la anterior. 

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Ley de Amnistía

Si con algo se están viendo claramente los tintes por los que pasará cada nueva negociación del Gobierno con sus socios es con la Ley de Amnistía, que es la gran reivindicación conjunta compartida entre Junts y ERC (más allá del referéndum de autodeterminación). Aunque su aprobación todavía está muy lejos, los independentistas sacan pecho de haber arrastrado al PSOE a debatir sobre el asunto, uno que precisamente han rechazado históricamente.  

Según reconoce un ministro en funciones a este periódico: "[La amnistía] Cabe perfectamente en la Constitución, y habrá que hacerla, porque es buena para solucionar definitivamente el procés, y porque Puigdemont tiene ahora mucho poder". Sin embargo, como ya publicó EL ESPAÑOL, hace apenas dos años los socialistas tumbaron un primer borrador de esta ley bajo el argumento de que era inconstitucional; una opinión compartida con los letrados del Congreso.

El escrito de los servicios jurídicos del hemiciclo, fechado en marzo de 2021, señala que la proposición de ley orgánica para la amnistía presentaba una "contradicción palmaria" con el artículo 62 de la Constitución, que evita considerar los indultos generales.

Fuentes parlamentarias cercanas a las negociaciones actuales sostienen que esta amnistía general, como tal, nunca estuvo presente materialmente en la mesa de partidos que el PSOE organizó en paralelo con Junts y ERC. No obstame, las mismas personas confirman que sí ha habido conversaciones informales y que, sobre todo, la amnistía sí podría llegar abordarse en el futuro con el beneplácito del bloque de izquierdas, sobre todo de Sumar.

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Las lenguas cooficiales

El Gobierno enseñó sus cartas en este tema desde antes de empezar las negociaciones y Francina Armengol las confirmó el pasado jueves. Justo en medio del fuego cruzado de los independentistas para ver cuánto se podía estirar la cuerda antes de que se rompa, Yolanda Díaz pidió a principios de agosto que el Congreso admitiera el uso de las distintas lenguas del Estado —las llamadas "cooficiales", más allá del castellano— y velar por su traducción, una antigua reivindicación nacionalista que ya prácticamente todos daban por "inviable".

Esta es la misma palabra que hasta hace unas semanas utilizaban distintas fuentes parlamentarias, entre ellas socialistas, para definir la propuesta de la líder de Sumar. Así, el guiño de la vicepresidenta en funciones a los partidos nacionalistas pudo parecer más un brindis al sol que una auténtica defensa de la iniciativa, que ya presentaron ERC, PNV y el Grupo Plural en la legislatura pasada. El PSOE lo había rechazado de pleno.

Tanto ERC como Junts, junto a otras formaciones, ya intentaron realizar esta reforma en junio de 2021, apenas unos meses después de promover su borrador sobre la amnistía. Entonces alegaron que el uso del catalán, euskera y gallego estaba acotado a "citas y frases inmersas en las distintas intervenciones"; mientras que el diputado Guillermo Antonio Meijón Couselo, que fue el encargado de defender la postura del PSOE, aseguró que existía "un equilibrio razonable en el uso de las lenguas propias".

El inmovilismo de los socialistas sobre este tema era tan grande que ni siquiera Esquerra Republicana reclamaba ya la susodicha reforma del artículo 6 del reglamento del Congreso, que es el que define los derechos de los diputados. Con el persistente e histórico bloqueo del PSOE, en la Cámara Baja queda claro desde hace tiempo que extender las lenguas cooficiales era un desafío jurídico pero, sobre todo, una quimera económica. Ahora, dependerá de Armengol resolverlas ambas.

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Comisiones de investigación

Han pasado más desapercibidas, pero las comisiones de investigación sobre el caso Pegasus y los atentados del 17-A en las Ramblas de Barcelona han sido una de las reivindicaciones más repetidas por Junts y ERC a lo largo de toda la legislatura. Los socialistas siempre se han opuesto por motivos diversos, pero ha sido la parte del acuerdo que menos les ha costado aceptar. 

Sobre la primera, porque supondría "el caso de espionaje a líderes políticos más grande de la historia de Europa", según sus palabras; y sobre la segunda, para indagar en "la vinculación del Centro Nacional de Inteligencia con el imán Es-Saty" y comprobar si "los aparatos del estado tenían información sobre el atentado". En ambos casos el PSOE sumó sus votos a la derecha para evitar que se debatiera en el Congreso, argumentando que debían analizarse en la Comisión de Secretos Oficiales.