El Rey inicia una ronda inédita: proponer al que ganó o a quien dice tener más apoyos en el Congreso

¿Proponer la investidura al ganador de las elecciones, o al que asegure haber logrado más apoyos parlamentarios para ser elegido presidente del Gobierno? Este es el dilema al que se enfrentará Felipe VI tras la ronda de consultas (la novena de su Reinado) que inicia este lunes.

La respuesta que debe hallar la Casa del Rey no sólo provoca dudas entre los juristas, sino que es un nuevo motivo de disputa entre los dos grandes partidos. El PP se ha mostrado convencido de que el Monarca hará el encargo al ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, "como ha hecho siempre" en 45 años de democracia.

El presidente en funciones Pedro Sánchez replicó el miércoles, ante los diputados y senadores socialistas, que con estas palabras el PP intenta “presionar” al jefe del Estado en su decisión, basándose en meras "cábalas mágicas".

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Tras la controversia política, el debate jurídico de fondo, que intenta esclarecer hasta qué punto el Monarca puede tomar una decisión discrecional, o si esta está limitada por el escueto enunciado del artículo 99.1 de la Constitución.

Por el palacio de la Zarzuela desfilarán este lunes, por orden de menor a mayor representación parlamentaria, Javier Esparza (presidente de UPN), Cristina Valido (Coalición Canaria), Aitor Esteban (PNV) y Yolanda Díaz (Sumar). Y el martes el Monarca recibirá a los partidos con mayor representación: Santiago Abascal (a las 10.30 horas), Pedro Sánchez (a las 12.00) y Alberto Núñez Feijóo (a las 16.00).

Esta primera ronda de consultas debería permitir a Felipe VI dilucidar cuál es el candidato con más posibilidades de ser investido presidente por las Cortes. Pero el juego de mayorías surgido de las urnas en las elecciones del 23-J, y la negociación abierta por el PSOE para atar el apoyo de los independentistas, augura que la decisión no será tan sencilla. 

El ganador de los comicios, Alberto Núñez Feijóo, ha logrado reunir hasta ahora el apoyo de 172 diputados (los que suman PP, Vox, UPN y CC), por lo que le faltan cuatro para la mayoría absoluta.

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Por su parte, la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados acreditó el pasado jueves que Pedro Sánchez tiene en su mano reunir una sobrada mayoría absoluta de 178 escaños. A cambio, eso sí, de costosas concesiones a los independentistas, en una negociación que todavía no está cerrada.

Y esta es una de las primeras dificultades. Como ha informado EL ESPAÑOL, el partido de Carles Puigdemont, Junts, exige ahora como "prueba fehaciente" que la Mesa del Congreso acepte tramitar, antes del debate de investidura, una Ley de Amnistía para decenas de independentistas encausados ante la Justicia española desde 2013 (por tanto, no sólo los imputados por la organización del referéndum ilegal del 1-O).

Aun cuando acepte esta exigencia, los plazos hacen inviable que, cuando acuda este martes al Palacio de la Zarzuela, Pedro Sánchez pueda ofrecer al Monarca garantías de que ya cuenta con el apoyo definitivo de los siete diputados de Junts y los siete de ERC (que también tiene la amnistía en su bandeja de reivindicaciones).

Sánchez tampoco tiene acreditado todavía el respaldo de los cinco diputados del PNV: "Todavía queda mucha tela que cortar", advirtió Aitor Esteban el jueves, para que los nacionalistas vascos den su apoyo a la investidura.

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Hay una segunda dificultad añadida. Como en anteriores ocasiones, cuatro de los principales socios de Sánchez, los representantes de Bildu, ERC, Junts y BNG, no acudirán a la ronda de consultas convocada en Zarzuela. Por tanto, no comunicarán a Felipe VI si ya han decidido el sentido de su voto en la investidura.

El PSOE (y también fuentes de Sumar) intentan acogerse a una interpretación libre del artículo 99.1 de la Constitución, según el cual, "después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno".

Los socialistas interpretan que, según este precepto, el Monarca no tiene ningún margen de "discrecionalidad", sino que su decisión es un "acto debido", que debe tomar de común acuerdo con la presidenta del Congreso.

Según esta tesis, Armengol sería la encargada de comunicar finalmente al Rey los apoyos de Bildu, ERC, Junts y BNG, los cuatro partidos que se han negado a acudir a la ronda de consultas.

Francina Armengol junto al rey Felipe VI, este viernes en el Palacio de la Zarzuela. Efe

En realidad, nada de eso dice el artículo 99.1 de la Carta Magna, según el cual el Rey propone un candidato a la investidura "a través del Presidente del Congreso", al que comunica su decisión, tras escuchar a los responsables de todos los grupos políticos.

El escenario más probable es que, una vez concluida la ronda de consultas, Felipe VI proponga en primera instancia a Alberto Núñez Feijóo como candidato. Para evitar una decisión arbitraria, apelaría así a la "costumbre" como fuente de Derecho Civil, indican juristas consultadas por EL ESPAÑOL: en 45 años de democracia, el encargo siempre se ha otorgado en primera instancia al ganador de las elecciones.

Salvo que en su encuentro del martes Feijóo renuncie expresamente a someterse a la investidura (como hizo Mariano Rajoy en 2016), al entender que no tiene el apoyo parlamentario necesario.

En el primer supuesto, Francina Armengol deberá convocar el debate de investidura con Feijóo como candidato. Si no reúne la mayoría necesaria (absoluta en primera votación, o simple en la segunda), Felipe VI se vería obligado a convocar una nueva ronda de consultas, la décima de su Reinado.

La segunda oportunidad

Este trámite facilitaría el tiempo necesario para que Pedro Sánchez logre ofrecer las garantías que exigen sus socios independentistas de Junts (es decir, que la Mesa del Congreso comience a tramitar la Ley de Amnistía), con el fin de someterse a la investidura con posibilidades de éxito. 

Aunque deberá hacerlo antes de que concluya el período de dos meses que marca la Constitución, desde la primera investidura fallida, para convocar nuevas elecciones si ningún candidato obtiene la mayoría necesaria.