ERC y Bildu abortan la reforma de la Ley Mordaza al no prohibir Sánchez el uso de pelotas de goma

Según aseguran a EL ESPAÑOL fuentes parlamentarias, ERC y EH Bildu votarán este martes en contra del dictamen de la Comisión de Interior para reformar la ley. Sin el apoyo de ambos grupos, todo el esfuerzo habrá sido en vano, la modificación decaerá y seguirá en vigor la Ley Mordaza aprobada en 2015 durante el mandato de Mariano Rajoy. "Es el Día D", aseguran desde el PSOE.

Aunque hay varios puntos conflictivos, el principal escollo es la negativa de los socialistas a prohibir las pelotas de goma. Ofrecen, en cambio, el compromiso de realizar un estudio para "modernizar o prohibir todo material antidisturbios". Pero a los independentistas, principalmente a ERC, esta solución se les queda corta.

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Para el PSOE, que decaiga la reforma de la Ley Mordaza es cruzar el Rubicón en su relación con los socios. Un punto de no retorno que ahondará la fractura entre sus aliados de investidura después de que retrasaran la también polémica reforma de la Ley del sólo sí es sí que Moncloa quería abordar cuanto antes.

En la Comisión de Interior, sin contar con los votos de ERC y Bildu, el dictamen cuenta ahora mismo con 18 votos a favor –de PSOE, Unidas Podemos y PNV– y 17 en contra –PP, Vox, Ciudadanos, el Grupo Mixto y el Plural–. Como hace falta una mayoría simple y ERC y Bildu tienen un voto cada uno, su voto en contra hará que la reforma muera ahí. Y ya no habría tiempo para sustituir en esta legislatura la norma que aprobó el Gobierno de Rajoy.

También han generado fricción, incluso con Unidas Podemos, las sanciones por faltas de respeto a los policías y por desobediencia a la autoridad, así como las llamadas devoluciones en caliente. Sin embargo, los morados parecen dispuestos a votar a favor para no abortar la iniciativa y los socialistas creen que en Bildu están "más abiertos a seguir negociando", algo que no ven en ERC.

Denuncian "coyunturas políticas"

Desde el PSOE defienden que han "estirado el chicle" al máximo para intentar buscar acuerdos. "Ha habido excesiva generosidad por parte de nuestro grupo teniendo en cuenta las enmiendas que presentamos y lo que ha ido saliendo", aseguran. "Hemos hecho un esfuerzo desde nuestra posición inicial", añaden.

Acusan a los independentistas, en concreto a ERC, de "no plantear nada diferente a la supresión" de las pelotas de goma y creen que hay "coyunturas políticas que les impiden llegar a acuerdos". Ven ahí interés electoral, con los comicios del 28 de mayo a la vuelta de la esquina, para no sacar adelante la reforma.

En el caso de Bildu, influye el hecho de que la nueva ley parta de una iniciativa del PNV, su contrincante en el País Vasco, y el temor a que su electorado rechace una "Ley Mordaza light". En el de ERC, la dificultad de venderla a sus electores y que haya aspectos que puedan generar descontento entre los Mossos. Y, en el caso de ambos, puede influir la necesidad de distanciarse del PSOE con el 28-M a la vuelta de la esquina.

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"Son cosas que a ti, en tu territorio, electoralmente te pueden venir bien, pero no al conjunto de la sociedad", aseguran fuentes socialistas. "El debate social en torno a la ley es otro y se verá quién prima más los intereses en un territorio concreto frente a los beneficios para el conjunto de la sociedad", añaden.

Fuentes parlamentarias devuelven la pelota al tejado de los socialistas, a quienes acusan de "socavar la mayoría de la investidura" y arriesgar una de las leyes más importantes de la legislatura que, además se convirtió en un símbolo "de la represión contra las movilizaciones sociales". En este caso, cada lado acusa al contrario de no salir adelante.

Pero, en este cruce de reproches continuo en el que se han convertido estas negociaciones, el lado morado del Gobierno ha elevado la presión contra el PSOE y le acusa directamente. "Estaríamos hablando de uno de los mayores fracasos políticos de toda la legislatura", aseguran a este diario fuentes de Podemos, por la "absoluta negativa a negociar" del PSOE.

La Ley Mordaza entró en vigor en 2015 bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy y se convirtió en una de las leyes símbolo de su legislatura, que además generó un profundo rechazo en la sociedad civil. Sin embargo, ha estado más tiempo en vigor bajo un Gobierno del PSOE y la incapacidad de acuerdo entre Pedro Sánchez y sus socios la condena a seguir así hasta el final de la legislatura. A partir de ahí habrá nuevo Ejecutivo y a saber qué pasa.