Page encabeza la rebelión autonómica contra la Ley de Universidades y amenaza con ir al TC

"Yo invito y tú pagas". Con esa frase tan gráfica definen en el Ejecutivo castellanomanchego el proyecto que impulsa Moncloa. La norma exige un incremento presupuestario en la materia, pero no irá acompañada de un aumento de la financiación autonómica. "Nos cargan de deudas", sostienen las fuentes consultadas.

De manera paradójica, Page se ha convertido en el líder autonómico que encabeza la revuelta de distintas comunidades contra el ministerio que dirige Joan Subirats. El conflicto se fraguó en la etapa del responsable anterior, Manuel Castells, pero no ha hecho más que enquistarse.

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Para más inri, el Consejo de Rectores mantiene una línea similar a la de Page. De hecho, las palabras del barón socialista han caído "muy bien" entre la mayoría de ellos. El mensaje lanzado desde Castilla-La Mancha, perfectamente medido, llega justo cuando el curso universitario está a punto de comenzar y el Congreso se prepara para debatir las modificaciones de la futura ley.

"Quieren imponer una ley en contra del Consejo Rector y en contra de muchas comunidades autónomas. ¿Cómo se puede legislar así?", arguyen en el Ejecutivo manchego.

"No vamos a dar un paso atrás. Si no cambian las cosas, presentaremos el recurso ante el Tribunal Constitucional. Es insostenible. Nos exigen dar determinados servicios, pero no nos ayudan con la financiación. Además, esos gastos se consolidan por ley y volverán año tras año", concluyen estas fuentes.

Los ejecutivos autonómicos críticos con la ley señalan que el Gobierno de Sánchez, pese a llenarse la boca de "cogobernanza", estaría contradiciendo el principio de autonomía, ya que el Gobierno central estaría obligando a los regionales a realizar determinados gastos. Con el cómo y el cuándo incluidos.

El 1% del PIB

Para conocer el fondo del debate que plantean desde Castilla-La Mancha es necesario irse a dos puntos calientes de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU): el presupuesto y la acreditación del profesorado.

Ese "yo invito, tu pagas" se materializa en que la norma plantea un compromiso de gasto del 1% del PIB. El porcentaje ha sido previamente pactado con la comunidad educativa y, además, va en la línea de lo ya acordado en la LOMLOE (Ley Celaá) que compromete un 5% del PIB para educación y el 1,25% que contempla la Ley de Ciencia, recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados.

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El 1% del PIB fue polémico desde el principio. De hecho, en la primera lectura de la LOSU por parte del Consejo de Ministros se eliminó la exigencia del 1% del PIB. Esta parte del articulado había estado incluida en los borradores anteriores, pero desapareció en el texto aprobado inicialmente por el Consejo de Ministros.

Después, cuando llegó en segunda vuelta, el 1% volvía a aparecer pese a que los rectores ya habían avisado de que era un apartado que podía traer problemas. Al final, el porcentaje se ha quedado y, de hecho, se estipula que debe crearse una comisión entre el Ministerio de Universidades y las autonomías para vigilar que se destina esa cantidad de dinero.

Aneca

El segundo aspecto que no gusta al presidente castellanomanchego es el nuevo sistema de evaluación y acreditación para acceder al puesto de profesor de universidad. Como ya adelantó EL ESPAÑOL, la ley pretende exportar el modelo catalán a toda España, dando potestad a las agencias evaluadoras del profesorado que tienen algunas comunidades autónomas.

Hasta ahora, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) es el único organismo que puede acreditar a los profesores titulares y catedráticos, que obtienen así la categoría de funcionario (profesores titulares y catedráticos).

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Cuando se trata de laborales (con peores condiciones y salarios) existe la posibilidad de que los acrediten las conocidas como anequitas, organismos reguladores autonómicos. La creación de estos organismos es una decisión regional y, por ejemplo, están vigentes en Cataluña, pero no en todas las regiones.

Con la nueva ley esta división entre acreditar a funcionarios (Aneca) o a laborales (anequitas) desaparece: los organismos regionales ganan autoridad y relevancia. Los sindicatos ya se han mostrado en contra de esta medida porque consideraban que abre la puerta a que cada gobierno autonómico establezca condiciones diferentes para evaluar a los profesores universitarios.

Desde el Congreso se llegó, incluso, a acusar al Ministerio de Universidades de sacar adelante este apartado para ganarse los votos de los partidos independentistas cuando se iniciara su tramitación. Si este apartado de la LOSU consigue salir adelante, sus anequitas tendrán mucho más poder y controlarán la evaluación de sus docentes universitarios.

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Esta es la primera vez que Emiliano García-Page cuestiona abiertamente al ministro Joan Subirats, pero no a su Ministerio. Hasta en dos ocasiones el líder socialista ha criticado la labor del departamento.

Hace casi un año, en septiembre de 2021, Page pedía a la ministra de Educación, Pilar Alegría, más financiación para la educación. En un acto con la política aragonesa, Page aseguraba que si el objetivo de España es recuperar el 7% del PIB en educación, "es evidente que tiene que llegar más dinero a las autonomías, y no una contra otra, a todas".

"Confío mucho en que tú lo arregles, más que en las posibilidades que tenga de arreglarlo otro ministro, que es el de Universidades. Más valdría que llevaras tú las competencias", afirmó Page dirigiéndose a Alegría.

Sin "consenso"

Y el mensaje no se quedó ahí. Pese a que Universidades nunca ha querido entrar a responder al presidente regional (tampoco lo hará ahora), sus ataques han seguido. En noviembre de ese mismo año, Page aseguraba que la LOSU no tenía "credibilidad" ni "consenso". "Los que hacen leyes tienen que tener además de competencia, responsabilidad económica, porque si no, es muy fácil", criticaba en ese momento.

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Ahora, cuando el debate de la LOSU se aproxima al Congreso de los Diputados y tendrán que ser los grupos los que introduzcan modificaciones a su redacción, Page vuelve al ataque. 

Lo hace a sabiendas de que toca dos aspectos muy importantes para sus votantes, los castellanomanchegos: la financiación regional y la unidad de España. Y, todo ello, a las puertas de que se inicie la campaña electoral de cara a los comicios autonómicos de mayo.

Su postura contra los organismos reguladores autonómicos (anequitas) le sirven para marcar una línea clara entre su política y la actitud que el Gobierno de Pedro Sánchez está tomando con Cataluña.