Feijóo, a Sánchez: habrá negociación por el Poder Judicial si Moncloa anula la ley pactada con ERC

El Partido Popular acaba de lanzar una propuesta al Gobierno para renovar el Poder Judicial. Alberto Núñez Feijóo ha diseñado un reloj de arena y ya le ha dado la vuelta. Para sentarse a negociar, Pedro Sánchez deberá retirar antes del jueves la ley pactada con Esquerra Republicana encaminada a garantizar el desbloqueo en la renovación del Tribunal Constitucional. Si no, no habrá acuerdo.

El plazo es de apenas cuatro días. El ministro Félix Bolaños ha recibido por escrito, vía Esteban González Pons, el documento de Génova. Estos papeles también han sido remitidos al presidente del CGPJ, al presidente del Tribunal Constitucional y a las asociaciones de jueces y fiscales.

A la hora de presentar la propuesta, el vicesecretario del PP ha acusado a Moncloa de "insultarles por la mañana" y "pedirles una negociación por la tarde". Superada esa fase, los de Feijóo han decidido dejar por escrito una serie de puntos para acordar con Sánchez el desbloqueo. El primero de ellos, sine qua non, pasa por que el Ejecutivo retire la ley que suscribió con Gabriel Rufián ante la imposibilidad de hacerlo con Génova.

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"Nos mostramos dispuestos a negociar la renovación del CGPJ, del Tribunal Supremo y del Constitucional con respecto a la ley en vigor. Simultáneamente, pedimos que haya una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que garantice la reforma del modelo de elección", ha referido González Pons.

Es decir: con el objetivo de acabar con el bloqueo, Gobierno y PP pactarían la renovación, pero al mismo tiempo, en una negociación paralela, diseñarían un modelo de elección dirigido a "reforzar la independencia de la Justicia".

Para más inri, este miércoles está previsto que la Comisión Europea publique un informe acerca de las "anomalías" [esa palabra ha empleado González Pons] en el Estado de Derecho español. Si Moncloa huyera hacia delante de la mano de ERC, tendría que hacer frente a los dardos de Europa sobre el "desprestigio institucional".

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Con la ley de momento pactada entre Sánchez y Esquerra [la que será aprobada presumiblemente este jueves], el Gobierno sólo se garantiza la renovación de dos vocales del Tribunal Constitucional, pero quedaría todavía pendiente todo lo referido al CGPJ y a los presidentes del propio TC y el Supremo.

Más allá del requisito que versa sobre Esquerra, el documento del PP aporta un modelo de renovación del Poder Judicial. Según González Pons, es fruto de sus conversaciones con las asociaciones judiciales.

Uno de los requisitos es éste: "No podrá ser nombrado fiscal general nadie que haya estado los últimos cinco años en la política o en un puesto de designación política". Por otro lado, la negociación de los vocales del CGPJ "se deberá llevar a cabo en el Congreso y el Senado, no entre el Gobierno y el partido de la oposición". Dicho de otra manera: deberán suscribirlo los grupos parlamentarios.

Sobre la presidencia del CGPJ: "El nombre del presidente será decidido por los vocales, sin que exista un pacto previo entre políticos". Y hay más: "Todos los cargos importantes de la carrera judicial serán nombrados por mayoría de tres quintos".

A modo de conclusión, el PP desea que, en un plazo de "seis meses", el nuevo CGPJ [renovado todavía con la ley actual] proponga "un nuevo modelo de elección para el futuro pactado entre jueces y asociaciones judiciales".

Las circunstancias

González Pons ha aprovechado su comparecencia ante los medios para definir al PP "como un partido de Estado": "Hacemos una política más de Estado que el propio Gobierno. Hoy es la oposición quien garantiza la estabilidad".

Pese al eterno bloqueo en la renovación del Poder Judicial, González Pons ha reiterado que el PP ha estado dispuesto a negociar todos y cada uno de los cien días desde que Feijóo "llegó a la oficina".

"Y no ha sido fácil. No ayudó que Moncloa nos insultase. Nos llamaban mangantes en público y querían que fuéramos tan cínicos como para negociar al mismo tiempo en privado", ha criticado el vicesecretario popular.

"Tampoco ayudó que mis mensajes al ministro Bolaños se filtraran a un medio de comunicación ni que nos enteráramos por la prensa de que el Gobierno iba a facilitar la renovación de tercios del Tribunal Constitucional con una ley pactada con ERC", ha añadido.

El PP admite que la ausencia de renovación es una responsabilidad compartida con Moncloa al cincuenta por ciento. Y también admite que no ha sido correcto que el Gobierno [de cualquiera de los signos] haya pactado los vocales con la oposición sin que negociaran, como prevé la ley, los grupos parlamentarios.

"Ha llegado el momento de hacer las cosas bien. Las dos partes cederán. La situación ha alcanzado tal grado de deterioro que si simplemente se cambiaran los vocales mediante un pacto secreto, la independencia de la Justicia quedaría todavía más cuestionada", ha concluido González Pons.