El PSOE no halla apoyos para su 'contrarreforma' del Poder Judicial y prevé concesiones a ERC o Junts

La única vía factible ahora de los socialistas es la de entrar en una negociación con los independentistas catalanes de ERC o Junts, ofreciendo algún tipo de concesiones.

"Seguimos trabajando por armar la mayoría", confiesan a este diario fuentes de la dirección socialista. A los 154 votos de los grupos del Gobierno se podrían sumar los seis del PNV y probablemente los cinco de Bildu. Ambas formaciones se muestran dispuestas, aun sin confirmar su posición oficialmente.

El resto de grupos minoritarios en ningún caso servirían para llegar a 176 (la mayoría absoluta), salvo que el PSOE llegue a algún tipo de acuerdo con ERC y con Junts.

Dado el rechazo de los separatistas catalanes a la Ley de Memoria -que se tramita el mismo día- y pendiente aún la reunión entre Sánchez y Pere Aragonès "para recuperar la confianza", el PSOE sabe que habrá que hacer concesiones concretas.

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Por ahora, se conoce la firme advertencia del Partido Popular, que exige la retirada de la reforma si el PSOE quiere renovar el CGPJ en lo que queda de legislatura. A ella se une que, de momento, no hay suficientes grupos parlamentarios dispuestos a enfangarse en la marcha atrás selectiva que propone el PSOE a una ley tan fundamental como la del Poder Judicial, según ha podido confirmar este periódico en fuentes parlamentarias.

La votación está prevista apenas dentro de seis días, en el Pleno extraordinario casi de carácter ómnibus. "Sí... en la tarde-noche del jueves", bromea otra fuente del Congreso. La misma que advierte que éste es un tema que se sale de sus cometidos como diputado y que esperará a que haya "una decisión política desde la dirección del partido", antes de sugerir otro asunto encallado en el que su formación política tiene tratos con el Gobierno para obtener compromisos.

La carencia de apoyos ya ha llegado a los oídos de todos los portavoces minoritarios, y desde la CUP a CC, todos guardan con celo el sentido de su voto, a la espera de que los socialistas se vayan ablandando según de duro le sea al presidente el gran debate y se acerque la jornada clave.

Y es que después de dos jornadas y media del Estado de la Nación -el primero desde 2015-, el mismo jueves en que acabe la cita parlamentaria más mediática del año, los diputados celebrarán otros cuatro debates y votaciones: el último decreto sanitario, el segundo de medidas contra la inflación, la Ley de Memoria, y la modificación del artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Asalto al TC

Este cambio ha sido bautizado como una contrarreforma dado que, con objetivo de cambiar las mayorías en el Tribunal Constitucional, el PSOE busca echar para atrás su propio cambio previo a la misma ley, pero de una manera selectiva. Se trata de que el CGPJ siga sin poder hacer nombramientos mientras esté en funciones, salvo los de los dos vocales del TC que debe designar cada nueve años.

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"Lo que tienen que hacer es derogar completa la reforma de marzo de 2021", responden fuentes de la dirección del Partido Popular. "Seguimos a la espera de que el PSOE nos llame", añaden. Los populares ofrecen como alternativa que la salvedad en el recorte de funciones al CGPJ no sólo sea para nombramientos en el TC, sino también en el Tribunal Supremo, que está "al borde del colapso".

Además, señalan que Moncloa se saltó sus propios plazos y que, para reformar una Ley Orgánica, es conveniente el consenso de los dos grandes partidos.

De hecho, hace ya 11 días que este diario reveló que, en el seno del propio Partido Socialista, se habían levantado voces críticas contra la maniobra. "El cambio del año pasado se hizo mal. Fue un error, porque se arrebataron al Poder Judicial competencias indisponibles, a la vista de la Constitución".

Efectivamente, el artículo 159.1) de la Constitución Española dice textualmente que "el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial".

Ya en 2021 se utilizó un subterfugio de impulsar la reforma como Proposición de Ley desde el Congreso, y no como Proyecto de Ley desde el Gobierno. Así Moncloa se evitaba el preceptivo informe del propio CGPJ. Y lo mismo está ocurriendo ahora, y también se está repitiendo la queja pública de los magistrados afectados: los vocales del CGPJ se sienten "utilizados políticamente".

Bloqueo desde 2018

Desde 2018, no ha sido posible alcanzar un acuerdo entre socialistas y populares -los únicos grupos que, juntos, pueden sumar tres quintos del Parlamento- y el Gobierno impulsó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hace ahora 16 meses, para impedir que un Consejo en funciones hiciese nombramientos discrecionales.

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Según fuentes socialistas, se hizo "con ánimo incitador", para que el PP "entrara en razón" y se plegase a "cumplir la Constitución". Los populares, de su lado, han venido alegando diversas razones para dilatar el acuerdo: salvedades ante determinados candidatos, momentos electorales y, sobre todo, que las instituciones europeas reclaman un cambio en la normativa: que al menos la mitad de los vocales sean elegidos por sus pares, los jueces.  

La instancia intérprete de la Carta Magna debiera haber sustituido a cuatro de sus 12 integrantes hace un mes. Dos le corresponde nombrarlos al Gobierno y otros dos, al CGPJ. Pero la reforma impulsada en marzo del año pasado por los grupos del PSOE y de Unidas Podemos en el Congreso cercenó sus competencias mientras se mantenga en funciones.

Así, mientras no se renueve el CGPJ, el TC tiene un tercio de sus sillones con el plazo cumplido. Y, dado que ejecutar la renovación haría cambiar las mayorías actuales -de un 7 a 5 a favor de los de extracción conservadora a la misma proporción, pero a favor de los progresistas-, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está muy interesado en acelerar los plazos.

Ahora, Sánchez ha decidido enmendarse a sí mismo y corregir la reforma que impulsó hace ahora 16 meses. Los 20 magistrados del Poder Judicial cumplieron su mandato de cinco años en diciembre de 2018. Desde marzo de 2021, no pueden ejercer algunas de las funciones que les otorga la Constitución, a resultas del citado cambio en la ley... que está recurrido ante el TC, precisamente.

Hay también otros asuntos que debe resolver el Constitucional en los próximos meses en los que el Gobierno se la juega: la postergadísima sentencia de la Ley del Aborto, la de la Ley de Eutanasia, y la de la llamada 'ley Celaá' de Educación.