Podemos propone obligar a los grandes tenedores de vivienda a ceder al menos un 30% a alquiler social

Podemos ha presentado un paquete de hasta 31 enmiendas al proyecto de Ley de Vivienda que negoció con el PSOE y que ya ha aprobado el Consejo de Ministros. Entre ellas, los morados exigen que el texto obligue a los grandes tenedores de inmuebles —los que posean más de 10— a destinar, al menos, el 30% de ellos a alquiler social de forma "estable y continuada".

"En el supuesto de personas jurídicas que tengan la condición de grandes tenedores de vivienda con participación de capital de origen público, la obligación porcentual de destino al alquiler social establecida en el número anterior se incrementará proporcionalmente a la presencia de capital público en la sociedad. En el supuesto específico de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), la obligación de destino de viviendas al alquiler social será en todo caso, como mínimo, del 75%", añaden.

Asimismo, Podemos ha registrado otra enmienda a la futura ley, que ya ha comenzado los trámites parlamentarios, para que no se admitan las demandas de desahucio en fincas urbanas por falta de pago de las rentas "en las que el arrendador no haya ofrecido una propuesta de alquiler social, si el procedimiento afecta a personas o unidades familiares que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial (...) y siempre que el demandante tenga la condición de gran tenedor de vivienda, o que tenga la anterior condición y sea persona jurídica que haya adquirido posteriormente al 1 de enero de 2008 viviendas que sean, en primera o en ulteriores transmisiones, provenientes de ejecuciones hipotecarias, provenientes de acuerdos de compensación de deudas o de dación en pago o provenientes de compraventas que tengan como causa la imposibilidad de devolver el préstamo hipotecario".

Unidas Podemos exige, a su vez, que las administraciones públicas garanticen "el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a todas las personas y unidades de convivencia en riesgo de exclusión residencial mientras dure esa situación" y que no pueda cortarse cuando el titular que no lo pague "sea susceptible de encontrarse en riesgo de exclusión residencial o social". De interrumpirse de forma "injustificada", el partido plantea que dicha acción sea considerada "acoso inmobiliario" y, por tanto, sea sancionada. 

Otra de las enmiendas al proyecto de ley —los de Ione Belarra deberán ahora debatir estos extremos con su socio, el PSOE— opta por que "los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán, siempre y en todo caso, a cargo del arrendador".

También, entre las enmiendas de Podemos a la Ley de Vivienda se encuentra la destinada a "evitar el desplazamiento de los vecinos por un exceso de la oferta de alojamiento turístico". Como solución, la formación negociará que se establezcan regulaciones que limiten el número de estas plazas por distritos o barrios, "sin que puedan suponer más del 2% del número de habitantes en entorno urbano".