El último bochorno de la Ley Celaá: el Senado no ve las enmiendas y limita el tiempo a los portavoces

La tramitación de la Ley Celaá hasta su aprobación definitiva este miércoles en el Senado ha sido una auténtica carrera a contrarreloj por parte del Gobierno.

El texto de la norma -que nunca fue analizado por el Consejo de Estado- se aprobó el 4 de marzo en el Consejo de Ministros; el Congreso le dio el visto bueno el 19 de noviembre entre gritos de "libertad, libertad" por parte de PP y Vox... Y poco más de un mes después, el Senado lo ha aprobado definitivamente, a pesar de que la Comisión de Educación fijó el 25 de febrero como fecha límite para tramitar el proyecto de ley.

De este modo, PSOE y Unidas Podemos -con el apoyo decisivo de ERC y PNV- inaugurarán 2021 con la octava ley educativa de la democracia después de superar el último trámite con 142 votos favorables, 112 en contra y 9 abstenciones.

La rapidez en la aprobación de la norma tiene su explicación. Y es que ha sido tramitada sin escuchar los argumentos de la comunidad educativa, sin un debate sosegado y sin incorporar ninguna de las enmiendas presentadas por la oposición -más de 600-.

Por si esto no fuera poco, la última sesión plenaria en el Senado aguardaba un último bochorno. Y es que con el objetivo de que la norma no tuviera que regresar al Congreso, el Senado no ha estudiado las enmiendas y ha limitado a la mitad el tiempo de intervención de los parlamentarios.

15 minutos

Tal ha sido la premura del PSOE para sacar adelante su polémica ley educativa que se hurtó tiempo a las intervenciones de los portavoces. El propio senador del Grupo Socialista, Txema Oleaga, se sorprendió de que el margen para exponer sus argumentos fuera tan reducido: "¿Sólo 15 minutos?" Preguntó a la presidenta del Senado, Pilar Llop, antes de comenzar su intervención en la tribuna.

"Menos mal que el PSOE nos ha dejado venir hoy aquí a defender nuestras enmiendas", comenzaba irónicamente su alocución Lorena Roldán, senadora de Ciudadanos. "Una cosa es que ustedes no escuchen y otra más grave es que ni siquiera nos dejen hablar", abundaba Roldán.

"No les interesa mejorar la Ley Celaá, quieren aprobarla con el rodillo y marcharse de vacaciones", arguía la senadora, que lamentaba que el PSOE hubiera decidido "no contar con nadie": "Ni con la oposición, ni con los expertos, ni los docentes, ni la comunidad educativa".

Finalmente, Roldán cargaba contra la tramitación en el Congreso de la Ley Celaá: "500 enmiendas por semana, debates que llegaron hasta las diez de la noche para que nadie se enterara y con la traca final de votar un embudo de 1.000 enmiendas en una comisión de diez horas".

Y es que los plazos han sido bien medidos por el Gobierno, que ha sufrido una fuerte contestación por parte de la ciudadanía en las últimas semanas con manifestaciones en toda España. Con la aprobación antes de Navidad, el Ejecutivo pretende rebajar los ánimos durante las fiestas y encarar el nuevo curso político con el horizonte despejado para que se aplique la norma de manera desigual en las comunidades autónomas.

La prisa del Gobierno en su aprobación responde a la fuerte contestación ciudadana contra las enmiendas más polémicas de la Ley, que ha sido aprobada con los votos favorables -y no precisamente gratuitos- de ERC.

La norma elimina el castellano como lengua vehicular en Cataluña, asfixia económicamente a la educación concertada, permite pasar de curso con suspensos , vacía de competencias a la Alta Inspección y aboca a la desaparición de las escuelas de educación especial donde son atendidos miles de niños españoles con distintos grados de discapacidad. Entre otras polémicas.

"Ley dañina"

El exministro de Educación, José Ignacio Wert, considera que la ley que él impulsó y que acaba de ser derogada, la LOMCE, "es un modelo de participación comparado con lo que ha sido la tramitación de la LOMLOE [Ley Celaá]".

En conversación con EL ESPAÑOL, Wert denuncia que la Ley impulsada por Isabel Celaá "no sólo ha hurtado el debate, sino que no tiene dictamen del Consejo de Estado con el peregrino argumento de que es igual a la que decayó al disvolverse las Cámaras": "Y no es cierto; tiene cambios sustanciales, por lo que el Consejo de Estado tendría que haber examinado el nuevo borrador".

El exministro de Educación José Ignacio Wert EP

La LOMCE, recuerda Wert, "tuvo una tramitación mucho más participativa": "Se habilitó un portal específico de consulta pública para enviar sugerencias y llegaron más de 30.000". Y prosigue su explicación: "Hubo informes preceptivos, información pública, comparecencias en el Congreso, debate en el Congreso y en el Senado"... En definitiva, "lo que una ley de esta importancia demanda".

El exministro de Educación considera que "es la primera vez que una ley educativa tiene una tramitación a uña de caballo, orillando a la comunidad educativa, sin diálogo con la oposición y negociada en un formato de habitación llena de humo entre partidos y con concesiones a los separatistas".

"Lo que era una mala ley, que volvía al sistema de 2006, se ha convertido en una ley dañina para el sistema educativo", sentencia Wert.