La Ley Celaá acaba con la Alta Inspección y permite a las CCAA nombrar a dedo a inspectores de educación

La decisión del Gobierno de eliminar el examen de oposición al cuerpo de inspectores de educación ha provocado la rebelión de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE). Según los inspectores, la erradicación de esa prueba permitirá a los gobiernos autonómicos nombrar inspectores a dedo y presionar política e ideológicamente a los profesores y las escuelas. 

La decisión fue aprobada por la comisión de educación del Congreso de los Diputados a través de la Enmienda Transaccional número 27 que modifica la Disposición Adicional 12ª B a propuesta de ERC, Podemos y PSOE.

A la indignación por la eliminación de los exámenes se suma la provocada por una segunda medida de la Ley Celaá. El vaciado de competencias de la Alta Inspección del Estado, a la que la Lomloe priva de la principal de ellas. La de denunciar casos de discriminación en las escuelas de toda España. 

Ambas medidas han sido recibidas con satisfacción por los socios nacionalistas del Gobierno de PSOE y Podemos, pero especialmente por ERC. La suma de las dos medidas habilitará a la Generalidad, y a otros gobiernos autonómicos nacionalistas como el vasco o el balear, para asumir el control prácticamente total del sistema educativo sin intromisiones por parte de los inspectores de educación o de la Alta Inspección.

Una enmienda de ERC

"Lo tienen todo pactado", afirman en Ciudadanos. "Es una ley de Podemos y de ERC, no del PSOE. De la ley original que registró el PSOE a la ley actual hay un mundo. El viraje provocado por las enmiendas de Podemos y ERC es de 180 grados respecto a la ley original". "La tramitación de la ley ha sido muy irregular", añaden.

El proyecto se registró hace dos legislaturas, pero los trámites se han gestionado a toda velocidad y sin consenso alguno con la comunidad educativa. La exposición pública del proyecto se hizo en Navidades. La reunión de la conferencia del Consejo Escolar del Estado, que es un órgano preceptivo, se convocó un 7 de enero "para que no pudiera ir nadie", advierten las mismas fuentes. El proyecto no tiene ni siquiera el informe del Consejo de Estado.

No se ha contado para esta norma con la comunidad educativa, algo que no ocurrió eantes en ninguna de las leyes de educación españolas. Tampoco con  la Ley Wert, tan criticada desde la izquierda. 

"La ley se ha llevado en secreto y si ahora se está hablando de ella es porque algunos en la oposición han filtrado los documentos. PSOE y Podemos ni siquiera le cogían el teléfono a los periodistas. Si hubieran podido, de esta ley no se sabría nada. Y este viernes pretenden aprobar la ley en Comisión, que es cuando podéis estar los periodistas, en un solo día. ¡Una ley educativa en un solo día! Es kafkiano", denuncias en el partido de Arrimadas. 

Fin de las oposiciones

"El punto clave es el de la inspección educativa, que es una enmienda de ERC" dicen. "De acuerdo a esa enmienda, se elimina de los concursos de oposición a inspector la prueba para acceder a esos cuerpos".

Los concursos de acceso a la inspección educativa son convocados por las autonomías. La supresión de las pruebas selectivas, objetivas y transparentes, que son el eje central de ese concurso, permitiría a los gobiernos regionales nombrar inspectores a dedo entre sus afines a partir de una mera valoración de su "capacidad de liderazgo". El riesgo de enchufismo es, según los inspectores, muy alto. 

El sindicato USIE ha denunciado que la desaparición de esas pruebas vulnera el artículo 61.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP) que exige una o varias pruebas para ser funcionario. Según el USIE, esa enmienda de la Ley Celaá supone "un hachazo en la línea de flotación" de los empleados públicos.

"Esta enmienda pretende adulterar y alterar fraudulentamente y, por lo tanto, sin ajustarse a la Ley, la naturaleza del Concurso-Oposición, como sistema de acceso a la función pública" dice el USIE. "La enmienda en su propia naturaleza es un ataque frontal al principio de objetividad de la Administración Pública contenido en el artículo 103 de la Constitución Española".

"El gobierno, de esta manera, desconoce e ignora las leyes fundamentales en vigor que él mismo debe hacer respetar", afirma también el USIE.

Amenaza para políticos

Según el sindicato de inspectores, la simple existencia de "funcionarios altamente preparados, que persigan, por encima de cualquier otra consideración política de carácter meramente ideológico y clientelar, el ejercicio imparcial y profesional de las responsabilidades inspectoras" es una amenaza para los políticos de cualquier signo.

Según el USIE, la Ley Celaá no aborda los verdaderos problemas de los inspectores, que son "la consolidación de plantillas, la dotación de recursos técnicos, la homologación de sueldos –USIE solicitó al Congreso el nivel 28–, la disminución de la ratio de inspector /centros o los planes específicos de formación de ámbito estatal". 

En la práctica, lo que hace la Ley Celaá es oficializar lo que ya es una realidad soterrada en Comunidades como la catalana. Porque la Generalidad ha evitado convocar durante los últimos años oposiciones a inspectores con la excusa de la crisis y ha optado en su lugar por nombrar a dedo inspectores "accidentales".

Este tipo de inspectores, más precarios que los inspectores de oposición al haber sido escogidos tras una valoración subjetiva por tribunales de inspección controlados por la Generalidad, son mucho más vulnerables a las presiones y suelen evitar denunciar los casos más flagrantes de discriminación en las escuelas catalanas. 

En España trabajan 1.600 inspectores educativos de oposición. Todos tienen la condición de funcionarios públicos y su principal función es la de vigilar que se cumpla la ley en las escuelas de todo el país. Con la Ley Celaá, la figura del inspector educativo tal y como se ha conocido hasta ahora corre peligro de extinción. 

Vaciado de competencias

A las sospechas de que la enmienda sólo pretende abrir una puerta al amiguismo y la opacidad de los gobiernos autonómicos se suma el vaciado de una de las competencias más importantes que atesora la Alta Inspección: la de denunciar los casos de discriminación en las escuelas de toda España.

Ejemplo de esa competencia es el informe de la Alta Inspección sobre el adoctrinamiento en los libros de texto catalanes. Informe que la ministra Celaá no quiso hacer público y cuyo acceso fue negado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo dependiente del Gobierno de España. 

El Estado tiene tres competencias básicas en educación. La primera es expedir los títulos. La segunda son los programas de cooperación territorial. Es decir, los fondos públicos, que en educación no son finalistas. Se transfieren a las comunidades y estas los utilizan como mejor consideren. 

La tercera competencia, la Alta Inspección, tiene como función principal vigilar que las Comunidades no vulneren derechos fundamentales. La herramienta utilizada para amonestar a las comunidades son los requerimientos. Pero con la Ley Celaá, la facultad de la Alta Inspección para controlar dichas vulneraciones de derechos fundamentales se verá seriamente dañada.

"El problema de fondo", afirman en Ciudadanos, "es que la Alta Inspección ha sido muy beligerante con el Gobierno, y especialmente con Isabel Celaá, por el tema del adoctrinamiento en las escuelas catalanas". 

"La Ley Celaá elimina de la disposición transitoria de la ley educativa anterior, la Lomce, la capacidad que tenía la Alta Inspección de evitar que nadie fuera discriminado por razón de lengua", dicen en Ciudadanos. La decisión de que la Alta Inspección tuviera competencias para controlar ese tipo de discriminación fue una iniciativa del ministro popular José Ignacio Wert que Isabel Celaá suprime ahora.

Son precisamente las competencias de la Alta Inspección en materia lingüística y de adoctrinamiento en las escuelas las que más problemas han provocado al PSOE con sus socios nacionalistas.

Con la Ley Celáa, el problema desaparece de la mesa de PSOE y Podemos y se elimina de raíz la posibilidad de que la Generalidad sea molestada por la violación de derechos fundamentales en sus escuelas.