Canarias se desborda: por qué la crisis actual ya es peor que la de los cayucos de 2006

Esta es la crónica de una crisis anunciada. Porque las autoridades canarias y las ONG del sector llevaban al menos 12 meses advirtiendo de que la ruta atlántica había sido reabierta de par en par por las mafias del tráfico de inmigrantes ilegales. Inmigrantes llegados, en su mayoría, desde países como Marruecos, Malí, Gambia o Sierra Leona.

Los motivos de esa reapertura, que empezó a hacerse evidente a finales de 2019, son el incremento de la presión en la ruta mediterránea que lleva hasta las islas de Lampedusa y Lesbos, y el efecto llamada que provoca la imposibilidad de repatriar a los inmigrantes por el cierre de las fronteras de sus países de origen, a raíz de la pandemia de Covid-19. 

Es precisamente la necesidad de no agravar ese efecto llamada, cuya existencia el PSOE niega oficialmente, pero cuya realidad admite luego extraoficialmente, la que ha llevado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a rechazar la posibilidad de trasladar a la Península a los inmigrantes ilegales llegados a Canarias. 

Según el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, derivar a esos inmigrantes a otras comunidades autónomas de la Península haría que en lugar de llegar 3.000 inmigrantes a las Islas Canarias "llegaran 30.000".

La explicación es obvia. Los inmigrantes que llegan al archipiélago no lo hacen con el objetivo de quedarse en él, sino con el deseo de llegar al continente. Si no lo consiguen, el incentivo para viajar hasta las Islas Canarias desaparece por completo. 

Pero el plan del Gobierno es precisamente el contrario. Convertir las Islas Canarias en una nueva Lampedusa o una nueva Lesbos. Es decir, en un centro de internamiento de inmigrantes a la espera de que éstos sean repatriados hasta sus países de origen. En una "jaula", como han denunciado ya las autoridades canarias. 

El plan del Gobierno ha sido boicoteado por Podemos de forma directa, arremetiendo contra las devoluciones en caliente, y de forma indirecta, provocando un conflicto diplomático con Marruecos con sus declaraciones a favor de un referéndum de independencia en el Sahara Occidental. Algunos miembros de Podemos han pedido incluso la dimisión de Fernando Grande-Marlaska.

Sindicatos policiales como el SUP y la JUPOL –Policía Nacional– y la AUGC y el IGC –Guardia Civil– han denunciado la deescordinación ministerial. Las autoridades canarias están en pie de guerra contra el Gobierno, al que acusan de haberse desentendido de las Islas Canarias hasta que la situación se ha vuelto insostenible.

La población del archipiélago, por su parte, ve cómo se invierten recursos y se aloja en establecimientos hoteleros a los inmigrantes, la inmensa mayoría de ellos jóvenes de sexo masculino en edad militar, mientras la población local sufre la crisis y se ve condenada al paro. Las ONG advierten del riesgo de un estallido social. 

Canarias es un polvorín. 

Crisis de las pateras 

La situación es insostenible en Canarias y los números lo evidencian. Pedro Sánchez ya tiene su crisis de las pateras, como José Luis Rodríguez Zapatero tuvo su crisis de los cayucos en agosto de 2006, cuando 1.268 inmigrantes ilegales llegaron en apenas 48 horas a las Islas Canarias a bordo de un puñado de embarcaciones precarias. 

Prueba de que la actual crisis supera la de esos tres días de 2006 es que durante la última semana se han llegado a acumular más de 2.700 inmigrantes en el puerto de Arguineguín, en el extremo suroeste de la isla de Gran Canaria. El flujo de pateras no se ha detenido aún y nadie sabe cuándo lo hará, si es que lo hace. 

Desde que comenzó el año, 18.350 inmigrantes ilegales han llegado a las costas de las Islas Canarias. Once veces más que el año anterior, cuando a estas alturas del año sólo habían llegado a Canarias 1.500 inmigrantes. Una cifra que está, sin embargo, lejos de la de 2006, cuando se superó las 31.000 llegadas. 

Si se atiende a las cifras globales de toda España, y no sólo a las de las Islas Canarias, el pasado mes de octubre fue, con 8.500 inmigrantes irregulares llegados a España, el segundo peor de los últimos cinco años, sólo por detrás del pico de octubre de 2018, cuando la cifra fue de 11.000.

Los datos anuales indican que, a día de hoy, han llegado a España casi 34.000 inmigrantes ilegales. Son menos que en 2018, cuando llegaron 56.000, pero más que en 2019, cuando esa cifra fue de 27.500.

Los datos anteriores prueban que la crisis actual es grave no tanto por las cifras anuales en comparación con las de otros años, sino por la llegada masiva de muchos inmigrantes irregulares en un corto espacio de tiempo.

Una circunstancia que ha provocado el colapso de los servicios de acogida en la isla de Gran Canaria y que obligó a derivar a 197 inmigrantes que habían sido desalojados del puerto de Arguineguín hasta un hotel de Maspalomas.

Desde el inicio de la crisis, 5.500 inmigrantes ilegales han sido alojados en 17 hoteles canarios vacíos, cerrados o afectados por los ERTE. El coste de ese alojamiento está siendo sufragado con los recursos del Estado. 

6.000 plazas de acogida

En respuesta a la crisis, el Ministerio de Migraciones, por boca de su titular José Luis Escrivá, ha anunciado la construcción de campamentos de acogida provisionales con espacio para casi 6.000 inmigrantes en terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Las Palmas y Bankia. 

Se trata de una solución temporal del Ministerio a la espera de la habilitación de 7.000 plazas en otro tipo de instalaciones menos provisionales. 

Según Escrivá, el 90% de los inmigrantes que han llegado en patera a las islas en lo que va de año "son expulsables a sus países de origen". El ministro ha confirmado también que si alguno de esos inmigrantes es derivado a la Península será sólo en base a una situación de especial vulnerabilidad. 

La decisión no ha gustado en las Islas Canarias, donde sus autoridades habrían preferido que todos los inmigrantes ilegales llegados a sus costas fueran trasladados a otras regiones de España de inmediato.

Prueba de ello es el vehemente discurso del pasado miércoles de la diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, en el que relacionó la llegada de 16.000 inmigrantes a su región con la enorme tasa de paro local.

Oramas llegó a mencionar durante su discurso al Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC), el grupo terrorista canario de ideología socialista que en 1977 colocó la bomba que provocó el accidente aéreo del Aeropuerto de Los Rodeos, en el que murieron 583 personas. 

Las palabras de Oramas contrastan con otros discursos recientes de la diputada. Como el pronunciado durante la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. En él, la diputada canaria dijo que "la inmigración es un drama humano. Ustedes [en referencia a Vox] dicen que vienen a quitarnos nuestro trabajo. Es mentira. Esa gente no viene a Canarias, esa gente viene a Europa huyendo de la miseria". 

La Península, cerrada

Como parte de la ofensiva del Gobierno, el ministro del Interior se reunió el pasado viernes con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, para tratar de frenar el flujo incesante de pateras que están llegando a las costas canarias. 

Tras su reunión, Grande-Marlaska se limitó a repetir los criterios básicos de la política inmigratoria del Gobierno. Es decir la de "cooperar con los países de origen y de tránsito de los inmigrantes, luchar contra las mafias ilegales, desarticularlas, dar protección a quien la necesita y el retorno de las personas que se encuentran en situación irregular y que no son susceptibles de protección internacional".

En respuesta a la petición de las autoridades locales de trasladar a los inmigrantes llegados a Canarias hasta la Península, Marlaska alegó que la política de inmigración no la decide el Gobierno, sino la UE. Los inmigrantes, en definitiva, no saldrán de Canarias ni siquiera en el caso de que otras comunidades se ofrezcan a acogerlos.

Este sábado, la ministra de Exteriores visitó Senegal como parte de los esfuerzos del Gobierno por recuperar el control de la situación. Arancha González Laya visitó el destacamento de la Guardia Civil con base en el aeropuerto de Dakar, que apoya a las tropas francesas en Mali, forma a los soldados del ejército local y colabora en la lucha contra el terrorismo islámico en la región del Sahel.

La ministra negoció con su homóloga Aïssata Tall Sall las futuras repatriaciones de los miles de inmigrantes llegados a las Islas Canarias durante los últimos meses. González Laya se ha reunido también a lo largo de esta semana con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con Michelle Bachelet. 

La tensión a la que está sometida España por la presión de la inmigración irregular y la actuación de las mafias del tráfico de personas fue reconocida en marzo de 2019 por el comisario de Inmigración e Interior europeo, Dimitris Avramopoulos. Avramopoulos también confirmó que la presión contra las mafias del Mediterráneo había provocado la reapertura de la ruta atlántica.

La UE ayudó el año pasado a Marruecos en su lucha contra la inmigración irregular con un paquete de 140 millones de euros destinado a "la mejora de las capacidades de gestión de fronteras".

Bronca con Podemos

La crisis provocada por la llegada de miles de inmigrantes ilegales a Canarias ha sido aprovechada por Podemos para arremeter contra su socio de coalición.

Las declaraciones de Pablo Iglesias pidiendo un referéndum en el Sáhara fueron contestadas de inmediato por la ministra de Defensa, Margarita Robles: "La política exterior del Gobierno la marcan el presidente y la ministra del ramo, Arancha González Laya". "Y eso nadie debería olvidarlo, incluso dentro del Gobierno", añadió la ministra.

Las palabras de Robles fueron replicadas por Ione Belarra, número tres de Iglesias y secretaria de Estado de Agenda 2030, que acusó a Robles de ser "la ministra favorita de los que quieren a PP y Vox en el Gobierno".

La bronca entre la ministra y la secretaria de Estado fue jaleada por otros miembros de Podemos y del PSOE. Entre ellos la diputada socialista por Murcia Carmen Baños, que en su cuenta de Twitter pidió que "la que no esté a gusto, que cierre al salir", sin aclarar si sus palabras se referían a Robles o a Belarra.