El PP logra abrir el frente europeo contra la reforma que dejaría en manos del Gobierno el Poder Judicial

Ofensiva del PP en Bruselas para evitar que en España salga adelante la propuesta para renovar el Poder Judicial que promueven PSOE y Unidas Podemos. El presidente de los populares, Pablo Casado, ha aprovechado su viaje a la capital belga, donde participa en la Cumbre del Partido Popular Europeo previa a una nueva edición del Consejo Europeo, para expresar su “preocupación” por la intención del Gobierno español de reformar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La reforma, impulsada por los dos grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, plantea modificar el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, rebajando la mayoría de tres quintos requerida actualmente por una mayoría absoluta. 

El intento del Ejecutivo de coalición no sólo ha puesto en pie de guerra a la mayoría de las asociaciones de jueces del país, que alertan del riesgo que supone ésta para la independencia del Poder Judicial. Los conservadores, que han venido tachando de “antidemocrática” la propuesta de la izquierda porque supone la “politización definitiva” del CGPJ, empezaron desde este jueves a librar una batalla en el seno de las instituciones europeas.

Pablo Casado y Ursula von der Leyen, reunidos en el despacho de la presidenta de la Comisión, en Bruselas. PP

Por un lado, Casado se reunió personalmente con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que, además de mostrarle su apoyo al Plan de Recuperación impulsado desde el Ejecutivo comunitario, también le ha trasladado la intranquilidad generada por la aspiración de Sánchez, que cuenta ya con el apoyo de los partidos independentistas.

Tras ese encuentro con la jefa del Gobierno comunitario, Casado también se vio con el comisario de Justicia, Didier Reynders. Con el liberal belga coincidió en “reafirmar nuestro compromiso con el Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia judicial que están obligados a cumplir todos los países de la UE”, según desveló el líder de los populares en un tuit.

Tras su conversación con Reynders, Casado le hizo llegar una carta, firmada junto a la presidenta de la delegación española del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en la que asegura que su partido tomará las medidas oportunas en el ámbito europeo para evitar que el proyecto de reforma prospere y donde se solicita que la Comisión Europea actúe. En ese sentido, el PPE anunció que pedirá que este asunto sea estudiado por el Grupo de seguimiento sobre Estado de Derecho y Derechos Fundamentales de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia de la Eurocámara.

Toque de Bruselas

Ya este jueves, horas antes de que el PP abriera el frente europeo, Bruselas le dio el primer aviso público a Pedro Sánchez. La Comisión Europea dejó claro su malestar al sostener que la maniobra del Gobierno español va en contra de las recomendaciones de la UE, que reclaman reducir la influencia del Legislativo o el Ejecutivo sobre el Poder Judicial.

Así, Bruselas pidió a Sánchez que antes de seguir adelante consulte todos los cambios con los sectores afectados, incluida la comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa que vela por el respeto del derecho constitucional.

Y un día antes de que la UE se pronunciara, otro país comunitario puso el grito en el cielo, aunque por motivos distintos. Varios miembros del Ejecutivo polaco criticaron la doble vara de medir de Bruselas, que mientras sanciona a Varsovia por impulsar una reforma similar, “no se molesta en absoluto” por la moción española. De hecho, el número dos de Exteriores, Pawel Jablonski, se preguntó si la Comisión Europea “intervendría” contra España como ya hizo en su país.

En concreto, el Gobierno ultraconservador polaco proponía que los 15 jueces miembros pasaran a ser nombrados por el Parlamento y no por sus pares. Los candidatos a estos puestos podrían presentarlos no solo grupos de 25 jueces, sino también grupos de al menos 2.000 ciudadanos. El nombramiento se hace por mayoría absoluta si no se alcanzan los tres quintos requeridos en primera ronda, un mecanismo comparable al promovido ahora por la izquierda española. 

Tras aquella reforma, Bruselas abrió un procedimiento sancionador contra Polonia por tratar de someter a los jueces al control político y socavar el Estado de derecho, según establece el artículo 7 del Tratado. ¿Qué consecuencias puede suponer ese botón nuclear? La suspensión del derecho a voto en la UE de Varsovia o incluso la congelación de las ayudas del fondo de reestructuración Covid-19.