La negociación PP-PSOE aborta las esperanzas del fin del control político de los jueces

El perfil de las negociaciones entre PP y PSOE para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), está siendo más que bajo, subterráneo.

Lo es porque así lo quiere el PP, escarmentado por la filtración en 2018 del whatsapp de Ignacio Cosidó en el que este presumía del control "por detrás" de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La misma que se disponía a juzgar a los líderes del procés.

La filtración abortó ese año el acuerdo ya cerrado entre PP y PSOE para la renovación del Poder Judicial y provocó la renuncia de Manuel Marchena a la presidencia del CGPJ.

Y lo es porque así lo quiere el PSOE, el principal interesado en llegar a un acuerdo rápido y discreto que no añada una nueva crisis institucional a las cuatro que el Gobierno deberá afrontar este otoño: la sanitaria, la económica, la política y la derivada del exilio de Juan Carlos I y los ataques a la Corona por parte de Podemos, su socio de coalición.

Cambio de rumbo

En 2018, el escándalo generado por el whatsapp de Cosidó provocó el plantón del PP. Hasta ese momento, los veinte miembros del CGPJ eran escogidos por PP y PSOE. Pablo Casado anunció entonces, escarmentado por el malestar generado en el Poder Judicial, que trabajaría para cambiar la ley y hacer que el CGPJ fuera escogido por los jueces y no por los políticos.

La reclamación de que el órgano de gobierno de los jueces sea escogido por estos y no por los políticos es un clásico de los programas electorales del PP. En realidad, el PP no ha modificado la ley ni siquiera cuando ha gozado de mayoría suficiente para ello en el Parlamento. La filtración del whatsapp de Cosidó en 2018 provocó que el PP se aferrara de nuevo a ese mantra jamás concretado en la práctica. 

Pero el paso del tiempo, la parálisis del Poder Judicial y el hecho de que el órgano de gobierno de los jueces se encuentre en funciones desde hace un año y ocho meses ha devuelto al PP al raíl del que sólo se había salido en apariencia.

El PSOE, por su parte, ha sido más coherente en este aspecto: nunca ha mostrado mayor interés en ceder el control del Poder Judicial a los jueces y tampoco lo ha prometido formalmente. Y de ahí que haya recibido con los brazos abiertos la renovada disposición al pacto de los populares.

Bien es verdad que Pedro Sánchez defendió en su día la despolitización de la Justicia. Al poco de ser elegido secretario general del PSOE, en 2014, propuso que fuera "una mesa de expertos catedráticos" la que propusiera los candidatos que posteriormente deberían ser refrendados por el Congreso.

Cuatro años más tarde, tras el Pacto del Abrazo con Ciudadanos, defendió que los miembros del CGPJ fueran seleccionados en "convocatoria pública" por un "comité técnico de expertos", para que así prevaleciera "la independencia, la profesionalidad y la imparcialidad".

Las aguas, en definitiva, han vuelto ahora a su viejo cauce y la leve esperanza generada entre los jueces se han visto frustradas de nuevo.

Un gesto inane

El gesto del PP de 2018, en cualquier caso, era inane sin la complicidad del PSOE. Y el PSOE no ha mostrado un compromiso real por cambiar el sistema vigente en España desde 1985, cuando Felipe González modificó la ley orgánica del Poder Judicial para controlar el nombramiento de los jueces desde el Parlamento en la creencia de que estos eran poco más o menos que un residuo del franquismo. 

La regla general no escrita es que al partido que gana las elecciones le corresponde la mayoría en órganos constitucionales como el CGPJ. La actual composición del Poder Judicial beneficia al PP dado que esta fue decidida hace seis años, cuando el presidente era Mariano Rajoy y este acordó con Alfredo Pérez Rubalcaba, jefe de la oposición en ese momento, que Carlos Lesmes fuera el nuevo presidente del CGPJ.

Y de ahí las prisas del PSOE en renovar el CGPJ y la renuencia, hasta fechas recientes, del PP. Porque de acuerdo a esa regla no escrita de la política española, el PSOE tiene derecho a "su" mayoría, pero el PP tiene en su mano no concedérsela si el acuerdo no es de su agrado. 

Razones de prudencia

La paralización el pasado 28 de julio de los nombramientos discrecionales de nuevos jueces en la cúpula judicial por parte del CGPJ, argumentando "razones de prudencia ante la confirmación de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato venció el 4 de diciembre de 2018", ha actuado también como acicate para ambos partidos.

En realidad, la paralización no se debió a la excusa dada por el CGPJ, sino a órdenes políticas del gobierno. Pedro Sánchez no quiere que el órgano de gobierno de los jueces haga ningún nombramiento en tanto en cuanto no haya un nuevo presidente y un nuevo reparto de vocales, y esa fue la orden que se obedeció en última instancia. 

La asociación Foro Judicial Independiente ha criticado dicha paralización al interpretarla como un gesto de sumisión del CGPJ al poder político.

Pero lo cierto es que la paralización cumplió su función y aceleró las negociaciones entre Juan Carlos Campo, el ministro socialista de Justicia, y Enrique López, secretario de Justicia e Interior del PP. Ambos habrían deseado que las negociaciones entre PSOE y PP continuaran siendo secretas hasta llegar a un acuerdo, pero la decisión del CGPJ torció los planes de ambos negociadores. 

Reparto de jueces

Una vez vencida la resistencia del PP, el dilema se reduce al habitual desde 1985. ¿Cuántos vocales de los 20 que componen el CGPJ le corresponden al PSOE y cuántos al PP? Por el momento, sólo se plantean dos opciones.

La primera opción es la de 10 y 10 vocales para cada partido, con presidente de consenso para el CGPJ, pero escogido al gusto del PSOE.

La segunda es de 11 vocales para el PSOE y 9 para el PP, que es, obviamente, la opción preferida por el PSOE. 

Según El Mundo, el PSOE pretende ceder dos de sus 10 u 11 vocales a Podemos, y otro al PNV. Otras fuentes hablan de sólo un vocal para Podemos y otro para el PNV. Las informaciones que maneja EL ESPAÑOL, sin embargo, desmienten dicho reparto. 

El PP no cederá, por su parte, ningún vocal a Vox. Ciudadanos ha rechazado participar en el cambalache entre PP y PSOE. La formación naranja sigue defendiendo la reforma de la ley para que el órgano de gobierno de los jueces sea decidido por los propios jueces.

Algo insistentemente reclamado –hasta en cinco ocasiones– desde instancias europeas como el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que ve en el control del Poder Judicial por parte de los partidos políticos españoles un posible foco de corrupción y de degradación de la calidad y la credibilidad de la Justicia. 

Existe un segundo foco de interés en el ámbito jurídico. El de la renovación de cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional. Los cuatro que concluyeron su mandato el 7 de noviembre de 2019. Son su presidente, Juan José González Rivas; su vicepresidenta, Encarnación Roca; y los magistrados Fernando Valdés y Andrés Ollero.

En este caso, la opción obvia sería que PP y PSOE se repartieran dos jueces cada uno, con la posibilidad de que el PP cediera uno de los suyos a Ciudadanos.

El acto de apertura del nuevo curso judicial tendrá lugar el próximo 7 de septiembre y la intención es que el nuevo presidente del CGPJ pueda presidir ya ese acto. Si PP y PSOE llegaran a un acuerdo rápido, los nombramientos deberían ser refrendados previamente en sendos plenos extraordinarios en el Congreso y en el Senado.

Para que todo ello fuera posible, el acuerdo final entre PP y PSOE debería cerrarse en el plazo de veinte días como máximo. 

Lista de nombres

Nada se sabe de los nombres que manejan PP y PSOE en sus negociaciones. Algunas publicaciones especializadas del sector judicial mencionan, sin embargo, algunos nombres de forma insistente. Entre ellos el de Encarnación Roca. Medios como La Razón aseguran, sin embargo, que su candidatura ha perdido fuerza.

También se habla de Pablo Lucas Murillo de la Cueva, el magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que afecten a los derechos de los artículos 18.2 y 3 de la Constitución. 

Suena asimismo el nombre de Ana Ferrer, magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. También el de Juan José González Rivas y el de Cándido Conde-Púmpido. Este último, como posible nuevo presidente del órgano del que es magistrado, el Tribunal Constitucional. 

Reticencias nacionalistas

El hecho de que Ana Ferrer, que pertenece al sector progresista del Poder Judicial, haya formado parte del tribunal que condenó a los presos del procés no supone un handicap para ella y, de hecho, los partidos nacionalistas dan por descontado que se trata de una de las candidatas a la presidencia del CGPJ. Si algo frena finalmente la candidatura de Ferrer, eso no será desde luego el hecho de que Pedro Sánchez dependa de los nacionalistas para su permanencia en la Moncloa. 

En el mismo caso está Manuel Marchena. Marchena fue el principal damnificado del escándalo del whatsapp de Cosidó y el presidente del tribunal que condenó a los presos del procés. Sin la filtración de ese mensaje, hoy Marchena sería presidente del CGPJ y el juicio del procés habría sido presidido por un magistrado del sector progresista. Pero no será la condena de los líderes sediciosos el que frene la candidatura de Marchena.

Marchena sería, en opinión de muchos, el escogido como presidente por los propios jueces si la decisión dependiera de ellos, tal y como exige Europa y como exige una lectura recta de la Constitución. Pero la elección no depende de ellos, sino de PP y PSOE.

El presidente del CGPJ será, muy probablemente, otro.