El Ministerio propone una tarifa plana de 32 céntimos para el agua desalada en el Levante hasta 2032

El acuerdo para fijar el nuevo precio que pagarán los agricultores del Levante por el agua desalada es inminente. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) venía exigiendo que el metro cúbico se pagase a 30 céntimos y el Ministerio para la Transición Ecológica ha propuesto una tarifa plana, de 32 céntimos, al margen de las fluctuaciones del mercado energético.

Las desaladoras de Águilas, Torrevieja y Valdelentisco son la columna vertebral de la desalación en el Levante y esa diferencia de dos céntimos ha sido asumida por el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez. La clave ha sido la contraprestación temporal que ofrece el Ministerio: incrementar la duración del convenio con Acuamed, de 3 años a 10 años.  

"Solo queda que todo esto que hemos hablado quede plasmado en el documento del convenio que será analizado pormenorizadamente por este sindicato, para que se cumpla lo hablado, y a partir de ahí, serán las comunidades de regantes, en su órgano soberano, la asamblea general, las que decidirán si asumen este convenio de Acuamed", según confirma el líder del Scrats, Lucas Jiménez.

La garantía de contar hasta 2032 con un mismo precio para el agua desalada ha sido clave para el sindicato, a la vista de la volatilidad del mercado energético, acrecentada por la guerra en Ucrania. Valga como botón de muestra que la media del megavatio hora, en agosto, fue de 307,75 euros; en septiembre, cayó a 189,9 euros, y en octubre, subió a 200,06 euros.

Tales fluctuaciones afectan al coste del transporte del agua desde las desaladoras de Águilas, Torrevieja y Valdelentisco hasta las comunidades de regantes, y posteriormente, a las fincas agrícolas. De forma que el precio del Ministerio ha sido aceptado por el sindicato de los regantes levantinos: el agua desalada, a pie de planta, se pagará a 0,32 céntimos el metro cúbico durante la próxima década.

Vista aérea de la planta desaladora de Torrevieja.

"Sigue siendo un precio estruendosamente caro", advierte Lucas, mientras aclara que a esa tarifa plana habrá que sumarle los costes fijos de cada comunidad de regantes, el IVA, y el peaje por el transporte del agua. "El precio final para el agricultor será de 53 o 54 céntimos". Pese a todo, el presidente del Scrats reflexiona que se ha alcanzado 'fumata blanca' con el Ministerio de Teresa Ribera por el marco temporal de la nueva propuesta para las plantas desaladoras.

"En algunas partes, este convenio sigue siendo excesivamente abusivo, pero su 'cara' ha cambiado porque ya no estamos hablando de una subvención a tres años, sino a diez años: un escenario temporal más amplio, ya que el agua desalada si no está bajo el paraguas de la subvención es un agua inasumible para los agricultores".

El riego con agua desalada no para de cobrar importancia para las producciones agrícolas del Levante, ante las previsiones del nuevo Plan de Cuenca del Tajo que elevará los caudales ecológicos a 8,6 metros cúbicos por segundo, lo que supondrá un recorte de 104 hectómetros cúbicos a las aportaciones anuales que recibe la Cuenca del Segura -a través del trasvase-.

A todo ello hay que sumar la sequía: la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura mantiene el estado global de prealerta por escasez en la cuenca. De forma que la desalación es la única alternativa para los agricultores de Murcia, Almería y Alicante. Prueba de ello es que las desaladoras de Águilas, Torrevieja y Valdelentisco han producido 129 hectómetros cúbicos durante el último año hidrológico: del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022.

El nuevo convenio de las desaladoras de Acuamed se hará realidad próximamente, pero no calma los ánimos de los agricultores de esta zona para seguir defendiendo el Trasvase Tajo-Segura ante el Ministerio. De hecho, el Scrats sigue oponiéndose a la hoja de ruta que plantea el nuevo Plan de Cuenca del Tajo de Castilla-La Mancha.

"Nadie debe entender que 'la mejora de la cara' de un convenio para un recurso ya existente, como las desaladoras, cuya mayor parte del volumen de agua ya se está aprovechando, no puede servir, bajo ningún concepto, como pretexto para modificar el Plan del Tajo y provocar un daño irreparable a la economía levantina", según remarca el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.