Valencia multa a 50.000 coches en 4 meses con nuevas cámaras y desata el caos en la ciudad

La ciudad de Valencia se halla inmersa en un caos circulatorio desde principio de año por la implantación en el centro de la denominada Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella. Se trata de una gran zona restringida al tráfico privado, salvo para vecinos y vehículos comerciales autorizados para su entrada.

El Ayuntamiento de Joan Ribó (Compromís) anunció una campaña informativa previa para evitar un aluvión de multas una vez se pusiera en marcha el sistema, dotado con cinco cámaras de videovigilancia que identifican las matrículas y multan de forma automática a los coches no autorizados.

La APR trata de ser disuasoria, no recaudatoria, pero, hasta el pasado mes de abril, fueron cerca de 50.000 las propuestas de sanción. En concreto, se trata de un total de 49.845 infracciones detectadas hasta el pasado día 30. Las multas son de 60 euros, de modo que, en suma, representarían una recaudación de cerca de 3 millones de euros para el consistorio, en tan solo cuatro meses.

Se trata de los datos oficiales proporcionados por el propio Ayuntamiento de Valencia al Grupo Municipal Popular, que formuló una pregunta oficial al respecto. Las propuestas de sanción ascendieron a 14.426 en el mes de enero, a 19.779 en febrero, a 5.915 en marzo y a 9.725 en abril. Los dos últimos meses se vieron afectados por la menor circulación en la ciudad derivada de las Fallas y la Semana Santa.

Del total de 49.845 sanciones, 40.870 multas ya han sido tramitadas, y 39.812 ya han sido notificadas a los infractores. El consistorio ha recaudado 423.669 euros de los primeros conductores que las han abonado.

Sin aviso previo

La controversia va más allá de la cifra total de multas. Los comerciantes del Mercado Central de Valencia, ubicado en plena área restringida, solicitan que se anulen un total de 7.000 de las sanciones interpuestas.

¿La razón? Que la cámara ubicada en la Plaza de Brujas, junto al mercado, se instaló sin que en dicho punto se realizara previamente la campaña informativa. Es decir: esa cámara empezó directamente a multar, sin antes limitarse a hacer avisos a los usuarios de que próximamente se sancionaría -cosa que sí ocurrió con las cuatro cámaras restantes-.

Otra de las polémicas es que no resulta fácil para los transportistas el proceso de acreditar los vehículos para su entrada autorizada. Como ejemplo, en el mercado denuncian que uno de ellos ha recibido un total de 26 sanciones. "No siempre vienen con el mismo vehículo, está resultando un gran trastorno", lamentan.

Para la portavoz del PP en el ayuntamiento, María José Catalá, la elevada cifra de multas "demuestra que la campaña informativa del Gobierno de Ribó y PSOE no ha funcionado, y que solo les interesa seguir con su política de subida de impuestos y tasas e imposición de multas en su afán recaudatorio".

Los populares reclaman "que se anule la cámara de acceso norte y se realicen nuevas campañas", porque "se puso en marcha sin campaña informativa previa, como si se hizo con el resto". "Esto ha provocado que se haya multado a numerosos vecinos que desconocían de su activación, afectando especialmente a las 800 furgonetas que cada acuden al Mercado Central con productos frescos, y a clientes", lamentan.

Calidad de vida

El consistorio, por su parte, defiende la aplicación de este sistema, enmarcado en "las medidas para proteger el entorno patrimonial y mejorar la calidad de vida en el distrito de Ciutat Vella". "Los vecinos participantes solicitaron la instalación de un mecanismo de control que consolidara la mejora y automatizara la vigilancia de esta área de uso preferente para los residentes", recuerdan.

Destacan al respecto que una delegación del Ayuntamiento de San Sebastián, encabezada por su concejal delegada de Movilidad y Transporte, Maria Pilar Arana, ha visitado esta semana la ciudad de València para conocer de primera mano cómo el consistorio está gestionando dos de sus últimas actuaciones.

Se trata del Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella, y la próxima puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que, atendiendo a la Ley estatal de Cambio Climático y Transición Energética, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deben poner en marcha el próximo año.