La UCO usa coches de los cargos del PP y PSOE de Valencia sobornados para seguir a delincuentes

Según consta en el sumario, cuyo secreto se ha alzado en la última semana y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los vehículos que se han sumado al parque móvil de la Guardia Civil fueron embargados a Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia con Rita Barberá; Rafael Rubio, exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia y subdelegado del Gobierno hasta mayo de 2021; el de la mujer de Rubio, investigada por un supuesto delito de blanqueo; y el de José Luis Vera, exmagistrado de la Audiencia de Valencia que el PSOE fichó en 2015 para limpiar la corrupción del PP.

La Fiscalía Anticorrupción informó a favor de que la Guardia Civil disponga de estos vehículos y amplíe sus medios de transporte. Los agentes los utilizarán en operaciones policiales y para desplazarse por todo el territorio nacional. La ley prevé, dentro de las medidas tendentes a garantizar el posible decomiso, que los bienes que pueden ser objeto de intervención pueden ser utilizados provisionalmente.

En este caso, fue la unidad policial la que solicitó dicha actuación "por cuanto dentro de las unidades de investigación el uso de vehículos de distinta marca y modelo facilita la investigación e impide que pueden los investigados señalar en concreto uno de los vehículos", trasladó el ministerio fiscal.

Además, el Estado se ahorra el coste del depósito de vehículos. Para Anticorrupción, "siendo la UCO, una unidad especial que se traslada por todo el territorio nacional, necesita el empleo habitual de dicho medio de transporte para el ejercicio eficaz de sus funciones".

Igualmente, el fiscal subrayó que uno "de los fines que se persigue con el decomiso y que en esta clase de bienes evita su depreciación, dado el mantenimiento que recibe y se libera del coste de estar en un depósito, siendo una de las funciones asumidas por la Oficina de Recuperación de Activos".

Los vehículos retirados a los cargos investigados son un BMW X5, un Mercedes Benz A 200D, un Ford Kuga y un cuarto vehículo modelo Peugeot. Hasta que no haya sentencia firme o resolución de archivo, los agentes podrán seguir utilizando estos vehículos. La decisión no anticipa ninguna resolución definitiva sobre el caso.

La cesión temporal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los vehículos incautados es habitual en este tipo de macrocausas. En 2017, el juez valenciano que investiga el caso Imelsa dio su autorización para que la Guardia Civil utilizara un coche de alta gama intervenido a Alfonso Rus, expresidente del PP de Valencia y la Diputación. El mismo destino han tenido los coches intervenidos al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana.

El uso de estos vehículos permite a los agentes pasar desapercibidos en investigaciones o seguimientos ordenados por los juzgados. Un decomiso es una pena accesoria que consiste en la privación de los instrumentos y de la mercancía prohibida utilizados para realizar fines ilícitos.

En decir, la autoridad competente les quita a los supuestos delincuentes los productos o efectos sustraídos, así como los instrumentos con los que se cometió el delito. Está regulado en el Código Penal. No obstante, es preciso haber acreditado el nexo causal entre los bien decomisados, en este caso los vehículos, y el delito imputado.

El promotor

Los cargos del PP y PSOE de Valencia investigados cobraron supuestamente hasta siete millones de euros en comisiones ilícitas a cambio de favorecer los intereses del promotor valenciano Jaime Febrer, del grupo Axis.

Este constructor de Valencia montó una estructura capaz de generar dinero en efectivo para sobornar a cargos públicos de diversos partidos durante 20 años sin levantar la más mínima sospecha. Los dirigentes del Ayuntamiento de Valencia fueron los más beneficiados por la supuesta estructura corrupta, pero los tentáculos de la organización se extendieron a otras administraciones valencianas gestionadas por el PP y el PSOE. 

En el caso de la ciudad de Valencia, la investigación judicial apunta a que la red repartía el dinero entre dirigentes del PSOE a cambio de una oposición dócil. Durante los registros, practicados entre 2019 y 2021, la Guardia Civil halló abundante documentación contable y agendas del promotor investigado con anotaciones precisas de reuniones y entregas.

El Grupo Axis necesitaba "sumas de dinero en efectivo para abonar las comisiones ilícitas" y las obtenía "de forma oculta y que pudiera escapar de cualquier tipo de control".

Para ello, Febrer y su grupo empresarial posibilitaron "la generación de importantes sumas de dinero en efectivo, que en el periodo investigado alcanzó, por lo menos, la cantidad de 7.000.000 de euros, cuya finalidad era el pago de las comisiones ilícitas en metálico a cargos públicos y funcionarios públicos del Ayuntamiento de Valencia, de entes públicos y de aquellos Ayuntamientos en los que el Grupo Axis tenía intereses urbanísticos".

El abogado de Febrer es Manolo Mata, hasta ahora portavoz de los socialistas en las Cortes Valencianas y vicesecretario general de la Ejecutiva de Ximo Puig. Mata renunció este fin de semana a sus responsabilidades públicas para seguir dirigiendo la defensa del promotor investigado. No obstante, el dirigente puntualizó que seguirá con sus cargos orgánicos en el partido.