El Gobierno de Ximo Puig usa el BOE para extinguir la ONG de Ábalos al no localizar a su socio

El Gobierno de Ximo Puig ha tenido que recurrir al BOE para comunicar a los impulsores de Fiadelso que procede a extinguir esta fundación por no publicar sus cuentas desde 2016 ni subsanar los balances desde 2011, tal y como reveló EL ESPAÑOL. Tal circunstancia resulta llamativa, ya que se trata de la ONG impulsada en los 90 por otro ilustre socialista valenciano, el exministro de Transportes José Luis Ábalos. La organización recaudaba fondos públicos para cooperar en Latinoamérica.

El anuncio fue publicado en el boletín el pasado lunes 8 de noviembre "por no haberse podido practicar la notificación personal de este acto administrativo". La autoría del escrito corresponde a la Secretaría Autonómica de Justicia y Administración Pública, conselleria que dirige Gabriela Bravo, también socialista.

Como "interesados" no localizados constan un CIF y un DNI, que corresponden, según ha podido comprobar este diario, a la propia Fundación y a su presidente, Gustavo Casal. Este último, además de estar al frente de la organización sin ánimo de lucro, posee la sede de la misma al 50%. La mitad restante es propiedad de José Luis Ábalos.

Otro aspecto curioso es que entre los vocales de la fundación se encuentra el concejal de Policía de Valencia, Aarón Cano, discípulo político de Ábalos. La notificación, además de en el BOE, se publicó precisamente "en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valencia".

La información no parece fluir demasiado entre la administración de Puig y el entorno de Ábalos, rivales en el seno del PSPV-PSOE durante los últimos años. No obstante, el PP considera que Fiadelso ha recibido un trato de favor por parte de la Generalitat Valenciana. A su juicio de los populares, el Gobierno valenciano "lleva cuatro años dándole balones de oxígeno cuando no estaba cumpliendo la obligación legal de presentar las cuentas".

Expediente de Antifraude

Tal circunstancia, según ha podido constatar EL ESPAÑOL, está siendo investigada por la Agencia Valenciana Antifraude. El organismo ha abierto de oficio un expediente ante "la presunta inactividad" por parte del Protectorado de Fundaciones -adjunto a la mencionada Conselleria de Justicia y Administración Pública- al no extinguir antes esta ONG.

El PP, en paralelo, ha solicitado una auditoría externa de las ayudas públicas recibidas por Fiadelso, y ha interpelado a la consellera Bravo en el Parlamento Valenciano por esta cuestión. "No vamos a permitir que la Generalitat dé carpetazo a este asunto ordenando su extinción como si no pasará nada. Llevan desde el 2016 sin presentar las cuentas y queremos saber si han recibido subvenciones o aportaciones privadas", manifestó a este periódico la portavoz de la formación, María José Catalá.

La Generalitat Valenciana, en respuesta a las preguntas planteadas por el PP, recordó la cronología de los hechos. Como Fiadelso no cumple con la obligación legal de presentar sus cuentas anuales para que la administración fiscalice su actividad, solicitó en julio a la fundación que procediera a su extinción. Le dio para hacerlo un mes, pero expirado este plazo la entidad ni presentó los balances ni inició su extinción, de modo que el Gobierno valenciano presentó una "solicitud de extinción judicial", que se encuentra todavía en periodo de información previa.

Tras la extinción judicial por parte del Ejecutivo autonómico, según precisa la Generalitat en su respuesta al PP, "se procedería a instar a la liquidación judicial". Y aquí lanza una clara advertencia. Avisa de que tal liquidación podría incluir "la acción de responsabilidad contra los patronos de la fundación".

El Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana alertó de que Fiadelso tiene pendiente "presentar los planes de actuación desde 2012 y las cuentas económicas desde 2016, así como la subsanación de las de 2011 a 2015". El organismo lamenta que, sin estos balances, no tiene "constancia del funcionamiento de la fundación ni tampoco del cumplimiento de sus fines fundacionales en los ejercicios citados". Esto "incumple lo previsto en los artículos 29, 30 y 31 de la Ley 50/2002".

5 millones públicos

La Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social se autodescribe como una ONG "independiente del poder político y económico". Fue impulsada por José Luis Ábalos en 1992, tras ser director general de Cooperación durante dos años con el Ejecutivo autonómico del socialista valenciano Joan Lerma. Este último gobernó hasta la llegada de Eduardo Zaplana en 1995.

Ábalos se apartó en 1998 de la primera línea de Fiadelso, pero mantiene una estrecha relación con el patronato, pues comparte al 50% la mencionada propiedad del bajo de la fundación con Gustavo Casal, el presidente. Además, el suegro del político, Mario Perles, es el secretario. La mujer del exministro, Carolina Perles, fue patrona de la ONG hasta el año 2019. Y entre los vocales de la fundación continúa todavía su discípulo Aarón Cano.

En su página web constan las cuentas anuales de doce ejercicios, desde 2004 a 2015. En dicho periodo obtuvo alrededor de cinco millones de euros en subvenciones públicas para llevar a cabo proyectos de cooperación internacional en Lationamérica. Se centraron en el desarrollo de infraestructuras, tanto educativas como de agua. Colaboraban con municipios que asumían después dichas infraestructuras, según explicaron a este periódico fuentes de la fundación.

En Fiadelso aseguran que entre 2016 y 2020 la ONG ha carecido de actividad, si bien reconocen que todavía han tenido "algunos ingresos públicos" en estos cinco ejercicios. "Pero solo resquicios", manifiestan. Defienden además que la ONG "fue "asfixiada económicamente" desde 2008 por el conseller del PP Rafael Blasco, quien "la apartó de todos los proyectos". También lo habría hecho "el Ayuntamiento de Valencia".

"Pagaron con Fiadelso denuncias del PSPV-PSOE por el caso Cooperación", lamentan. Según afirman, el 90% de sus ingresos procedían de la Generalitat Valenciana que gobernaba el PP. El porcentaje restante llegaba en buena medida de las juntas de Andalucía y Castilla-La Mancha, que sí controlaban los socialistas.