'Deberes' valencianos para la reforma constitucional de Bolaños: volver al 'Dret Civil' que tumbó el PSOE

Una de las grandes reivindicaciones de la Comunidad Valenciana, la de recuperar el Dret Civil anulado por el Tribunal Constitucional en 2016, lleva 20 meses sin avances, atrapada en la burocracia del Congreso de los Diputados. La voluntad de PP, Podemos, Compromís y PSOE en la autonomía (ese último, pese a ser el partido que lo empujó al precipicio legal del TC) no está siendo suficiente para rescatarlo. Por ello la Asociación de Juristas Valencianos, que es quien abandera su restitución, ha visto una oportunidad en la reforma constitucional que empieza a abordar el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

El denominado Derecho Civil Valenciano es un desarrollo normativo que fue impulsado en la autonomía durante las legislaturas del PP. En esencia, su recuperación supondría la restitución de tres normas de ámbito familiar: la Ley 10/2007, de 20 de marzo, del régimen económico matrimonial valenciano; la Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven (ley valenciana de custodia compartida) y la 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunidad Valenciana.

El PSPV-PSOE, cuando estaba en la oposición, recurrió contra el mismo al estar en contra del régimen económico matrimonial. En concreto, se oponía a que se fijara por defecto la separación de bienes en lugar del régimen en gananciales. Consideraba que el cambio perjudicaba de forma mayoritaria a las mujeres. Pero su ofensiva legal desembocó en una consecuencia mucho más severa: el TC tumbó al completo el Derecho Civil Valenciano en 2016 al entender que el compendio normativo invadía las competencias estatales.

El autogobierno valenciano vio recortada entonces la autonomía legislativa que había sido aprobada políticamente en el año 2006 por el Congreso y el Senado, cámaras que, en última instancia, validan los Estatutos de Autonomía. Y precisamente ha sido el socialista Ximo Puig, que ostenta la presidencia regional desde 2015, el mandatario que más tiempo ha padecido esta limitación.

El objetivo de las mencionadas formaciones es revertir este escenario, tal y como se acordó en las Cortes Valencianas. Pero la recuperación del Derecho Civil Valenciano requiere una reforma de la Constitución Española (con tres quintos de los apoyos parlamentarios) que ni siquiera ha llegado a votarse hasta la fecha.

La ola reformadora

Por este motivo la Asociación de Juristas Valencianos quiere aprovechar la ola reformadora del Gobierno de España. Esta fue plasmada en el 40 Congreso Federal del PSOE, en la que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, asumió una secretaría de nueva creación: la de Reforma Constitucional y Nuevos Derechos. Se trata del elegido por Pedro Sánchez para abanderar el complejo y ambicioso proyecto de mejorar la Carta Magna.

Además, el PP se ha mostrado dispuesto en colaborar, al menos en cuestiones puntuales. Se trata de un aspecto menor, casi estrictamente terminológico, pero los populares se han abierto a votar a favor de una reforma quirúrgica del Artículo 49 de la Constitución que sustituya el término "disminuidos" por la referencia "personas con discapacidad". "¿Si se ha logrado con este asunto, por qué no extenderlo a otros de común acuerdo entre PP y PSOE como la recuperación del Derecho Civil Valenciano?", razona José Ramón Chirivella, presidente de la asociación.

El presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, manifestó recientemente que el partido (en concreto, sus diputados y sus senadores) no solo está a favor de reformar también la Constitución Española para recuperar el 'Dret Civil', sino que está dispuesto a "liderar" esta encomienda. 

Está por ver si este aire reformista cristaliza finalmente el la ansiada reforma o queda en agua de borrajas. Por el momento, la Asociación de Juristas Valencianos ha logrado que 532 de los 542 municipios valencianos reclamen la restitución del Derecho Civil en sus plenos. Todas las localidades menos diez. En el ámbito de los partidos políticos, PP, PSOE, Compromís y Podemos están plenamente a favor. Cs y Vox plantean reticencias, pero tampoco están plenamente en contra. Al menos no de forma beligerante.

El atasco en el parlamento

Con el objetivo de avivar el trámite parlamentario, la diputada valenciana Roser Maestro (Izquierda Unida), registró el pasado mes de abril en nombre del grupo de Unidas Podemos una solicitud dirigida a la Mesa y a la Junta de Portavoces del Congreso con el objetivo de acelerar la modificación de la Constitución Española para la recuperación del Derecho Civil Valenciano.

Pero tampoco funcionó. La solicitud de Podemos pretendía que desde la Mesa y la Junta de Portavoces se remitiera al Pleno "con carácter inmediato" la Proposición de Ley 101/000003 de "reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución Española para la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano, presentada por la Comunidad Valenciana-Les Corts".

La propuesta, firmada por todos los diputados autonómicos de Unidas Podemos detallaba que el objetivo era "la recuperación efectiva de una competencia acordada por las Cámaras hace más de 15 años con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2006". "Por parte del municipalismo, la sociedad civil y las Cortes Valencianas se reclama con insistencia y razonabilidad para garantizar el autogobierno valenciano", subrayaron.

"Se trata de un tema vital para la Comunidad Valenciana, ya que perpetuar la situación actual tal y como está reduce la capacidad legislativa de nuestras instituciones", argumentó. "No puede haber más demoras. El trámite de urgencia para la reforma debe ponerse en marcha este mismo año. Es una cuestión de justicia histórica y vamos a seguir luchando por ello", reclamó. Pero sigue sin ser sometida a votación en el pleno desde entonces.