El fiscal dice que Fernando Roig dio a Carlos Fabra 1,7 millones por patrocinar al Villarreal con 8,1

El documento precisa que, "según un borrador obtenido en los registros efectuados en el domicilio de Carlos Fabra Carreras, en el año 2011 negociaba un reconocimiento de deuda a favor del Villarreal CF SAD por importe de 8,1 millones de euros en concepto de 'contratos de esponsorización', con aplazamiento y liquidación de la deuda existente para el 31 de mayo de 2013". Como informó este diario, el Villarreal CF ingresó un total de 18,76 millones por lucir publicidad del aeropuerto entre los años 2006 y 2011.

El fiscal considera que Fernando Roig y sus empresas dieron los 1,7 millones al político en respuesta a este patrocinio. "Aunque las cantidades entregadas se justificaron como préstamos, obedecen en realidad a donaciones efectuadas a favor de Carlos Fabra Carreras en consideración a sus cargos públicos, como presidente de la Diputación Provincial de Castellón, por su influencia política y también como miembro del consejo de administración de la empresa pública Aeropuerto de Castellón SL", asevera.

Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción se enmarcan en la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón. El magistrado Jacobo Pin ya ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación de la provincia, tal y como informó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

"Existen indicios que apuntan a que ocultó su patrimonio ante la Justicia y la Administración Tributaria para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales, percibió sobornos y blanqueó dinero", según el juez. En concreto, se trataría de cerca de 29 millones de euros (26 en cuentas bancarias y 2,7 en metálico) que ocultó para esquivar una deuda con el Fisco de cerca de un millón de euros.

Carlos Fabra, en un acto del Aeropuerto Castellón. EFE

Según explicó este miércoles el TSJCV, el instructor detalla en su auto algunas de esas operaciones, como las entregas de dinero realizadas a Fabra por algunos empresarios encausados en estas diligencias, como el presidente del Villarreal Club de Fútbol SAD, Fernando Roig; o el administrador de Facsa, Enrique Gimeno.

Al respecto, el escrito de Fiscalía detalla dos entregas de dinero realizadas por Fernando Roig y sus empresas. Por un lado, una de 1,4 millones de euros a través de dos sociedades, formalizada en el año 2013 como un crédito hipotecario. Por otro, un cheque de 300.000 euros entregado en 2014, correspondiente a un préstamo personal a favor del político del Partido Popular.

Se trata de transferencias que ya fueron recogidas en el auto inicial del magistrado Jacobo Pin, y que juntas suman los mencionados 1,7 millones de euros. El juez consideró entonces que se trataba de préstamos que "en la práctica, eran a fondo perdido".

La primera operación fue la más compleja, según el fiscal. Los 1,4 millones sirvieron para pagar deudas previas contraídas por Carlos Fabra con el propio Fernando Roig. Fiscalía precisa que Migumi SL, sociedad administrada por Miguel Pérez Ferrer, "entregó entre 2010 y 2013 un total de 450.000 euros a Carlos Fabra". En concreto, abonó 150.00 y 200.000 euros a cuentas del propio Fabra y otros 100.000 a su hijo Borja Fabra.

"Una decisión personal"

"Aunque el administrador de Migumi SL era Miguel Pérez Ferrer, empresario de confianza vinculado a Fernando Roig Alfonso, apoderado suyo y de sociedades vinculadas a él, la causa de las tres transferencias fue una decisión personal de este último, justificada como un préstamo personal que había solicitado Carlos Fabra", indica el fiscal.

Posteriormente, esta deuda inicial quedó integrada en "un préstamo personal con garantía hipotecaria" sobre el chalet en el que reside Carlos Fabra Carreras en Oropesa del Mar, por un importe de 1,4 millones de euros.

Compareció ante notario para firmar este préstamo Borja Fabra Fernández, según el escrito de Anticorrupción. Lo hizo en representación de sí mismo, de su madre María Desamparados Fernández Blanes, y de sus hermanos Andrea, Claudia y Carlos Fabra Fernández. Todos ellos en calidad de deudores.

Como acreedor la firmó de nuevo Miguel Pérez Ferrer, esta vez en representación de la sociedad Nerofer SL, administrada por Fernando Roig Negueroles (hijo de Fernando Roig Alfonso).

Carlos Fabra, en una imagen de archivo. EE

El fiscal subraya sobre este crédito que se brindó pese a que no se podía cancelar la hipoteca previa que ya existía sobre el inmueble, que de hecho fue renovada en 2016 por 40 años. También que "no consta devolución de importe alguno del referido ni de sus cuotas ni del importe total o parcial, ni reclamación del importe del mismo". "En sus respectivas declaraciones judiciales, Fernando Roig Alfonso y Fernando Roig Negueroles han manifestado que el préstamo no ha sido devuelto", afirma.

Además, el fiscal considera que Fernando Roig Alfonso y su entorno colaboraron en las operaciones "ilícitas" de Carlos Fabra para esquivar sus obligaciones con la Agencia Tributaria. "Tanto Miguel Pérez Ferrer como Fernando Roig Negueroles accedieron con pleno conocimiento de su finalidad a la voluntad de Fernando Roig Alfonso, prestando sus sociedades y su consentimiento a las ilícitas operaciones", asevera.

"En concreto, su conjunta intervención supuso primero la entrega de 450.000 euros a Carlos Fabra Carreras en consideración a su influencia política, y más tarde la de 1,4 millones de euros entregados formalmente a la esposa e hijos de este", afirma el fiscal. Añade que prestaron el dinero "con una garantía ficticia, totalmente insuficiente e irrealizable que, por sus propias condiciones, suponía una entrega a fondo perdido".

"6 años de prisión"

Por último, considera que "la formalidad de aparentar que se prestaba el dinero a su familia conlleva entender que se ocultaba así la verdadera entrega a aquel, cuyos problemas judiciales derivados de impagos a la Agencia Tributaria eran públicos y notorios en aquel momento".

Sobre esta base, la Fiscalía considera que Fernando Roig Alfonso, su hijo Fernando Roig Negueroles y Miguel Pérez Ferrer fueron partícipes del "delito de frustración de la ejecución, castigado con una pena de hasta 6 años de prisión y multa de hasta 24 meses". A su vez, los considera partícipes de un delito de cohecho "castigado con penas de prisión de hasta 1 año y suspensión de empleo y cargo público de hasta 3 años".