La Junta pospone la ley de Doñana y acuerda con el Gobierno alcanzar una alternativa en un mes

Principio de fumata blanca sobre Doñana. Tras un año y medio de rifirrafes entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, ambas administraciones han llegado a un principio de acuerdo respecto a Doñana tras dos horas de reunión al más alto nivel en el palacio de san Telmo, sede del Ejecutivo andaluz.

En una rueda conjunta, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado el aplazamiento de la proposición de ley para aumentar la superficie de regadíos sobre 700 hectáreas en la zona norte del espacio protegido.

La ministra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, por su parte, que ambos gobiernos se dan un mes de plazo para crear un marco de actuaciones para preservar el parque, dotado en un principio de 350 millones de euros.

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Sobre el mismo no han adelantado ninguna medida. En estas cuatro semanas los equipos del Gobierno y de la Junta trabajarán conjuntamente y mantendrán una interlocución con todas las partes afectadas, incluidos, por supuesto, los agricultores que se iban a beneficiar por la ley de regadíos. Moreno espera que este nuevo plan contente a la mayoría.

Las palabras de la ministra a su llegada ya denotaban un tono de son de paz para arreglar un conflicto que llevan arrastrando más de un año y medio. "No necesitamos ir a ningún tribunal para que nos diga que las administraciones debemos trabajar por salir adelante en Doñana", recalcó la vicepresidenta tercera en funciones.

La norma preveía llegar a su fin con su aprobación en el pleno de la próxima semana. Finalmente no será así porque la proposición de ley no será incluida en el orden del día de la sesión plenaria tras varios aplazamientos.

Esta reunión se producía in extremis, 24 horas antes, tras un año y medio de rechazo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y de los grupos de la oposición de izquierdas del Parlamento andaluz.

En cualquier caso, el presidente ha subrayado que el aplazamiento de la polémica ley no significa su retirada. Se trata de una tregua de un mes en el que la Junta y Gobierno se han comprometido a alcanzar un nuevo plan para el parque tras meses de desencuentros, distanciamientos y de guerra política con tres procesos electorales de por medio.

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El plan irá en la misma línea que el presentado por la ministra en Almonte hace casi un año, dotado con la misma cantidad. Una de las propuestas que ya avanzó el Ministerio fue la expropiación de fincas colindantes para reducir los derechos de riego y para frenar su deterioro en definitiva.

La ministra ha aclarado que no se refería a las hectáreas contempladas en esta normativa. Sin embargo, tampoco ha negado que parte de ese presupuesto se dedique a adquirir esos terrenos afectados.

Ambos mandatarios han valorado este principio de acuerdo tras posiciones enquistadas. Habría sido el Gobierno central el que, según fuentes del Ejecutivo regional, quien contactó con la Junta para mantener este encuentro que, hasta hace muy poco, supeditaban como condición previa a la retirada de la norma. 

Reunión con los agricultores

Fue la semana pasada, tras aplazarse la votación en principio para no coincidir con la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando se produjo esta llamada.

La condición que se pidió al Ministerio es que se sentaran con los agricultores, circunstancia que se produjo esta misma mañana para conocer su postura y su problemática de primera mano.

En cualquier caso, ni el Gobierno andaluz ni el central han marcado líneas rojas para arrancar esta negociación. "No son buenas para alcanzar un acuerdo", ha asegurado Moreno. 

El objetivo final es un acuerdo definitivo sobre Doñana y que se pueda cerrar la sanción de la Unión Europea y el posible veto de la Unesco y sacar a Doñana del foco internacional.