Doñana.
La ley de regadíos de Doñana encara su recta final y puede aprobarse en dos semanas
El Parlamento ha dado luz verde a la ponencia de la ley, tras la incorporación de enmiendas del PP, y el dictamen se aprobará el martes.
15 septiembre, 2023 15:23La ley para regular las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, que son Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana, podría quedar aprobada en dos semanas. Más concretamente, en el pleno del próximo 27 de septiembre.
El Parlamento de Andalucía ha dado el visto bueno este viernes a la ponencia de la norma impulsada por el PP andaluz y Vox. Con este trámite su aprobación es inminente, ya que el dictamen quedará listo el próximo martes y sólo quedaría el debate final ante el pleno del Parlamento.
Aunque en principio se apuntó a octubre como fecha más probable, el objetivo es incluirla en el orden del día del pleno del 27 de septiembre. No obstante, según aseguran fuentes del PP a este periódico, la fecha está condicionada a que el reglamento del Parlamento lo permita. Si no pudiera ser, se aprobaría en el siguiente a mediados de octubre.
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El ponente del PP-A en la proposición de ley, Manuel Andrés González, ha asegurado que todo se ha desenvuelto conforme a los plazos establecidos por el reglamento de la Cámara. También que se dará cumplimiento al compromiso adquirido por su grupo de que la finalización de la tramitación de la ley se llevaría bien "antes del comienzo del verano de 2023 bien al finalizar el mismo".
En cualquier caso, la jornada coincide con el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo fijado para los días 26 y 27 de septiembre. Tras el debate, el primer día se celebrará la primera votación, en la que Feijóo tiene que conseguir mayoría absoluta. De no lograrlo, habrá una segunda votación 48 horas después, el jueves 28 de septiembre.
La compra de 7.500 hectáreas
La ley ha encarado su proceso final en la misma semana en la que el presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció la compra de 7.500 hectáreas de la zona conocida como Veta la Palma, una finca situada en la provincia de Sevilla dentro del espacio protegido del Parque Natural.
La operación no es baladí, ya que permitirá mantener como humedal más de 3.500 hectáreas -casi la mitad de las adquiridas-, en las que invernan cada año unas 300.000 aves. En palabras de Moreno, supone el mayor hito ambiental realizado en los últimos 45 años tras la ampliación de 1978.
En un principio, la noticia puso de acuerdo a casi todos los actores que de una u otra manera influyen en el parque natural. Lo valoraron de manera positiva, aunque todos también insistieron en que se retirara la citada proposición de ley, que ahora encara su recta final.
El diputado popular ha insistido este viernes en el Parlamento que "esta ley, para nada, afecta a Doñana y nada tiene que ver con el agua". Los populares insisten en que estas zonas serían regadas únicamente con agua superficial una vez que el Gobierno realice las obras pendientes desde 2018.
González ha asegurado, tras el anuncio de esa compra, que Juanma Moreno es el presidente de la Junta que más "ha trabajado e invertido en el Parque de Doñana a lo largo de la historia".
El objetivo de la norma es "resarcir un daño" que se le causó a cientos de agricultores como consecuencia de la entrada en vigor de un plan, el llamado plan de la fresa, aprobado por anteriores gobiernos socialistas.
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No opinan así desde el PSOE. El ponente socialista en la proposición, el diputado Mario Jiménez, ha asegurado que "queda claro que el presidente de la Junta va a por Doñana".
Además, cree que con el avance de la tramitación urgente de la norma, la Unesco, "con toda seguridad", terminará quitando la protección de Doñana como Patrimonio de la Humanidad. Por este motivo, el próximo martes su grupo volverá a pedir la retirada de la ley.
También se ha referido al trámite de este viernes el coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, quien ha criticado que PP-A y Vox continúen adelante a pesar de las advertencias de la Comisión Europea. "De aprobarse sería letal para un parque nacional que ya está en una situación absolutamente crítica".
