Marlaska, 'ministro de cesiones': Policía Judicial, Prisiones, Tráfico, Rescate, Puertos y ahora el Seprona

Esa política no tiene precedentes. Ningún otro ministro del Interior hizo tantas transferencias y de tanto calado. La última cesión es la de la seguridad ciudadana de puertos y aeropuertos del País Vasco.

Además, la Policía autonómica vasca también tendrá "la responsabilidad policial de los planes de apoyo operativo en las infraestructuras críticas del Puerto de Bilbao, incluido el propio puerto y la zona conocida como restringida". 

El siguiente paso será la supresión del Seprona, con el fin de transferir las competencias en delitos medioambientales también a la Ertzaintza. Así quedó estipulado, aseguran fuentes de Interior, en los acuerdos firmados por el PSOE y los nacionalistas vascos para la investidura de Pedro Sánchez.

El criterio en Interior, hasta la llegada de Marlaska, era el de que la custodia, vigilancia, protección de la seguridad ciudadana, mantenimiento del orden público, prevención de la delincuencia e instrucción de atestados por delitos en puertos y aeropuertos eran cometidos sensibles que ni podían ni debían ejercerse por cuerpos que no fuesen Policía Nacional o Guardia Civil. 

Según fuentes consultadas en ambos cuerpos por EL ESPAÑOL, la política de Interior de cesiones permanentes en el ámbito policial afectará a las condiciones de trabajo de los agentes destinados en los puertos y aeropuertos de País Vasco y Cataluña. El martes, los Mossos d'Esquadra estrenaron su primera comisaría en el Aeropuerto de El Prat.

El permanente goteo de transferencias de Interior se inició en 2021 con Prisiones. Era un compromiso de Pedro Sánchez con Bildu y PNV.

Fue una decisión muy polémica, que tenía en contra, entre otros colectivos, a los de las víctimas del terrorismo. Antes de formalizarse el traspaso, Interior ya había acordado el traslado a cárceles vascas dela mayoría de miembros de la banda terrorista ETA repartidos por las cárceles de toda España. 

Al año siguiente, en Navarra, se consumaba un acuerdo que propiciaría una nueva cesión. La Guardia Civil de Tráfico sería sacada de las carreteras navarras antes de 2023 tras un acuerdo del Gobierno con Bildu.  Era la condición con la que se sellaba el apoyo de esta formación para que salieran adelante los Presupuestos Generales del Estado.

La adopción de esa medida se ha retrasado hasta ahora porque el Tribunal Supremo tumbó el real decreto del Ejecutivo. Para que ese traspaso pueda hacerse de acuerdo con la ley, el Supremo determinó que era preciso reformar la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna), la norma equivalente al estatuto para la Comunidad Foral.

Ahora, con esa modificación ya realizada, el Gobierno aprobó hace unos días el anteproyecto de ley orgánica para entregar a la Policía Foral el control de las carreteras del territorio navarro, expulsando a la Guardia Civil.

A la vez que Bildu y PNV presionaban a Interior y al Ejecutivo, en Cataluña hacían lo propio ERC y Junts. En 2022, consiguieron que el Gobierno decidiera que los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que buscaban información en la órbita independentista en Cataluña y País Vasco fueran reasignados a otras áreas, dejando de indagar sobre actividades cercanas al separatismo radical. 

Del mismo modo, en marzo de 2023, Interior ordenaba retirar del País Vasco, de Navarra y de Cataluña la presencia de los grupos de la Guardia Civil dedicados al rescate de montaña y la desactivación de explosivos.

Con esta decisión se acordaba suprimir los Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil que operan en el valle del Roncal. También se eliminaba el GREIM en la región pirenaica de Puigcerdá, que depende de la Comandancia de la Guardia Civil en Gerona. 

Hace unas semanas, la Generalitat de Cataluña obtenía una nueva competencia coincidiendo con la celebración de la Copa América de Vela: los Mossos d'Esquadra desempeñarán por primera vez competencias de Policía Judicial en el mar, tanto en zona terrestre como en el ámbito portuario.  

En la Guardia Civil hay un clamor contra todas estas medidas. Consideran que no se aplican por cuestiones operativas, sino como pago a los nacionalistas por la necesidad de supervivencia del Gobierno debido a sus precarias fuerzas parlamentarias. Y que todo se hace "a costa de la seguridad pública".

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) sostienen que esta clase de medidas irán en detrimento de la seguridad de los ciudadanos: "Por la descoordinación entre cuerpos policiales, por la disparidad de recursos (medios que pueden ofrecer unos y otros para garantizar la atención ciudadana), por la falta de capacitación o experiencia profesional, por la duplicidad de funciones que se va a producir, y porque los intereses políticos de quienes toman estas medidas no se alinean con el interés general".