El abogado contra el 'Tsunami': "Para la UE no es lo mismo una causa en la que hay terrorismo"

José María Fuster-Fabra (Barcelona, 1957) representa a los dos policías nacionales heridos en los disturbios protagonizados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic, en 2019.

También, a una acusación popular en la causa judicial derivada de la Operación Judas, las pesquisas en las que la Guardia Civil investigó a varios miembros de los CDR (Comités de Defensa de la República) que, supuestamente, cocinaban explosivos. En este caso han sido procesados por terrorismo 12 radicales.

Las dos causas han pasado por el juzgado de Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional y ambas se tramitan por un supuesto delito de terrorismo. La de Tsunami afecta directamente  al expresident fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont. Aunque, al estar aforado, es el Tribunal Supremo quien ha pasado a ser el que investiga al político fugado.

¿Cree que se logrará que Puigdemont se libre de su implicación en el caso Tsunami? 

Como se dice en términos futbolísticos, yo creo que hay mucho partido por delante. Hay que ver qué es en concreto lo que dice el Tribunal Constitucional sobre la amnistía. Estoy convencido de que esta amnistía es inconstitucional. En segundo lugar, qué dirá Europa si se plantea una cuestión prejudicial si la ley entra en vigor, que puede paralizar la aplicación de la norma.

No voy a adelantar lo que nosotros vayamos a hacer, pero espero que nuestros jueces y tribunales planteen las cosas como creemos que deben plantearse. 

En el caso Tsunami, la Fiscalía se opone a la consideración de los hechos investigados como delito de terrorismo. De hecho, aboga por trasladar el caso a un juzgado de Barcelona. 

Cuidado: hubo doce fiscales de sala [del Supremo] que estaban de acuerdo con nosotros, de los quince que hay en total. Supone un sector importante de la Fiscalía, que ya se ha pronunciado. En el caso CDR, sin ir más lejos, la Fiscalía acusa por terrorismo, y nosotros estamos muy en esa línea. 

Es verdad que, en el caso Tsunami, pusimos de manifiesto la contradicción que se produjo cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró, en un principio, que había indicios de terrorismo, para después modificar su criterio. Entonces apoyamos la postura del juez García-Castellón.

Ustedes persiguen el reconocimiento de los dos policías que defienden como víctimas del terrorismo...

De entrada, y de cara a los tribunales europeos, no es lo mismo una causa en la que hay terrorismo, que otra en la que no lo hay. Además, es un delito finalista: se realizan una serie de actos para revertir el orden constitucional, o para alterar la paz pública.

No es lo mismo, para Europa, que haya víctimas de terrorismo a que no las haya. Los dos agentes deben ser reconocidas como víctimas de terrorismo, así se consideran ellos.

Defendió usted en el Congreso, hace unos días, que la Ley de Amnistía es un indulto general encubierto, porque los delitos que se condonan siguen existiendo en el Código Penal, y además viola el principio constitucional de igualdad, en tanto que se exonera a unos y no a otros en el mismo período. Además, destacó el hecho de que afecte a aquellas personas vinculadas "directa o indirectamente", con el procés. 

Es una ley fraudulenta. Se ha vestido de amnistía porque el indulto general está prohibido en la Constitución. Además, el delito de malversación sigue existiendo, no desaparece, porque si una persona, en el mismo período, malversó fondos públicos en Andalucía para cualquier otra finalidad, en su caso, seguirá siendo delito. Esto también vulnera el principio de igualdad. 

Respecto a la expresión "directa o indirectamente vinculados" en el procés, hay un asunto importante. En el texto de la ley no podía aparecer la palabra lawfare, tontos no son. ¿Por dónde se pretende introducir el lawfare? Por los acuerdos que hubo entre Junts y el PSOE a cambio de la investidura.

Esos acuerdos decían que habría una serie de comisiones de investigación. Las decisiones resultantes de estas comisiones serían vinculantes a los efectos de aplicación de la Ley de Amnistía. De modo, que, si en una comisión se decide que, por ejemplo, Juan Pérez, por no mencionar a nadie en concreto, puede ser sujeto de la amnistía porque se le persiguió por ser independentista, automáticamente se le aplicaría la ley. 

Así, en la expresión, ya inserta en la ley, "indirecta o directamente", se ve también la intención de colar la amnistía para todo independentista, sea cual sea su delito. Eso es lo que pretenden hacer. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, trataremos de evitarlo. Esto lo dije en el Congreso y nadie me ha replicado aún.

Ahora, no sólo los responsables del procés denuncian ser víctimas de lawfare. También lo hizo el presidente del Gobierno recientemente, en referencia a su etapa en la oposición. ¿Hay lawfare en España? 

Hasta donde yo sé, el presidente del Gobierno no es jurista. No lo era cuando calificó los hechos del procés como rebelión, ni cuando dijo más tarde que esto, prácticamente, no fue nada.

Yo soy jurista, profesor y doctor en Derecho. Pero si me dicen que opine sobre la vacuna AstraZeneca, pues diré que no tengo ni idea del tema. Pero de Derecho sabe todo el mundo, especialmente cuando les dan un micrófono (risas).

El lawfare es un término jurídico muy duro. Lo acuñó un general americano, y es cuando un Estado utiliza el aparato de la Justicia para conseguir algo que de otra manera sólo podía conseguirlo por medio de una unidad militar regular. Es tal barbaridad... 

Pero el término se ha adaptado ahora para definir cualquier tipo de persecución judicial dentro de un Estado democrático.

Sí, pero en el sistema judicial español hay un mecanismo, a través de los recursos, que te permite hacer una revalorización de los criterios que se hayan expuesto tanto en fase de instrucción como después del juicio. Es un sistema jerárquico, pero cada juez es absolutamente independiente, y tiene su criterio. Si yo considerase que cada vez que a un cliente le han quitado la razón, ha habido lawfare, sería demencial, delirante.

Hay jueces, es verdad, de distintas sensibilidades. Pero el sistema, aun no siendo perfecto, es garantista. Otra cosa es la sensación que pueda tener la persona juzgada. Y si es una persona conocida, y existe un juicio mediático paralelo, esta sensación de contrariedad se puede multiplicar. Pero el sistema español es tan garantista como cualquier otro sistema europeo.

Tras la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía, prevista para finales de este mes en el Congreso, las dos causas en las que su equipo está trabajando dejarán de existir, según parece.

En mi trayectoria vital me impliqué en la lucha antiterrorista contra ETA en el País Vasco. Estuve acusando a miembros de la banda y defendiendo a policías y guardias civiles. Hice aquello guiado por mi sentimiento patriótico en una comunidad que no era la mía. ¿Qué no voy a hacer en la mía, que es Cataluña? No me rendiré, desde luego. 

Las últimas encuestas muestran que el independentismo está perdiendo  fuelle electoral. ¿Cree que el cambio de mayorías en el Parlament y un Govern de Salvador Illa mejoraría esta situación?

No sirvo como analista político, pero sí puedo decir que en el PSC tengo muy buenos amigos, y allí hay gente de un sentimiento indiscutiblemente constitucionalista, de izquierdas, como debería ser todo el Partido Socialista.

El problema es que, desde hace muchos años, la deriva del PSC ha sido cada vez más cercana a las tesis nacionalistas. No diré a las tesis independentistas, porque no sería cierto. Pero los necesitan para gobernar en España, y a Sánchez lo que le importa es mantenerse en la Moncloa, así que tampoco podemos tener muchas esperanzas en el PSC. 

Usted se ha especializado en las causas de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, guardias civiles o policías. ¿Ha notado un deterioro en la defensa de estos servidores públicos? 

Siempre habrá excepciones, pero por culpa del sistema electoral, al nacionalismo se le han ido haciendo concesiones de todo tipo, y esto ha supuesto la práctica desaparición del Estado en Cataluña.

Las asociaciones constitucionalistas, como Sociedad Civil Catalana, nunca han contado con recursos públicos, sólo con las cuotas de sus afiliados. Al contrario que las independentistas. Ha sido una lucha muy desigual. 

En cuanto a la resistencia jurídica, nosotros tampoco tenemos ningún apoyo. Ni para el caso Tsunami, ni en el caso de los CDR, donde ejercemos la acción popular. Yo he tenido que estar pagando de mi propio bolsillo los billetes para ir a Madrid. Por suerte hay un equipo allí, en el despacho Fuster-Fabra, dirigido por mi primo Ignacio, que se ha volcado en ayudarnos. Si no, habría sido imposible.

Cuando saltó el caso Volhov, el de las conexiones del procés con Rusia, los independentistas quisieron taparlo. Sólo dos abogados nos personamos, Miguel Capuz y yo. Las asociaciones pagaron la fianza para hacerlo posible. Desde entonces ha recaído en los abogados, y que conste que hemos ganado todos los recursos que han presentado las defensas de los investigados contra las resoluciones del juez. A pesar de esto, seguimos solos. Resulta incomprensible. Si hubiéramos tenido ayuda, otro gallo cantaría en Cataluña.