La Audiencia de Zaragoza corrige al juez instructor y archiva el 'caso Ghali' para la exministra Laya

La justicia acaba de exonerar de manera provisional a la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, de toda responsabilidad en el llamado caso Ghali. En un auto remitido a las partes este jueves, al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, la sección 3º de la Audiencia Provincial de Zaragoza corrige al juez instructor de la causa y decreta el sobreseimiento provisional de las investigaciones sobre ella.

Esto fue, precisamente, lo que la Fiscalía Provincial de Zaragoza solicitó al juez Rafael Lasala, cuando hace dos meses pidió el archivo completo de las investigaciones en el caso que indaga acerca de la entrada presuntamente ilegal y con documentación falsa en España del líder del Frente Polisario. En aquel momento, la Audiencia Nacional le requería para declarar por diversas causas abiertas contra él por presuntos crímenes cometidos en el pasado. 

Esta petición se produce meses después de que el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza exonerase a su jefe de Gabinete, Camilo Villarino, de toda clase de responsabilidades. La Abogacía del Estado pidió también el archivo de las actuaciones contra la exministra, y ahora la Audiencia Provincial le ha dado la razón. Eso sí, "sin perjuicio de su reapertura para el caso de que resultasen nuevos indicios contra dicha persona", reza el auto.

"Este Tribunal -continúa el documento- no puede compartir el criterio del Instructor. Si bien es innegable que la Sra. González Laya era conocedora de la intención de que el Sr. Ghali fuera tratado en España y tomó parte activa en los preparativos que condujeron a ello, sin embargo, no existen indicios que soporten la conclusión de que conocía la existencia de un interés judicial sobre aquella persona".

Eso sí, la Audiencia de forma "indudable" que el mandatario saharaui accedió a territorio español sin someterse a los controles fronterizo. Y va más allá: "Esto fue una decisión expresa de personas relacionadas con el poder ejecutivo. Ya se ha dicho que dicha decisión se trataría de un acto político o de gobierno al que no podría darse trascendencia en sede penal".

Prevaricación

El juez instructor sostenía que lo realmente determinante era desentrañar si se permitió la entrada a España de Ghali a espaldas de la justicia, conociendo que tenía causas pendientes en la Audiencia Nacional y ocultándolo para que no declarase por las mismas y su llegada pasase inadvertida. Por eso mantuvo a Laya investigada por un delito de prevaricación.

El punto clave del auto reside en el día en que la mano derecha de Laya, Camilo Villarino, recibe llamada de la Directora de Gabinete del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo. Esa jornada, 23 de mayo, cinco días después de la llegada de Ghali, la funcionaria del equipo de Fernando Grande-Marlaska le indica que conforme a instrucciones del ministro del Interior se iba a comunicar a la Audiencia Nacional la presencia del Ghali en España.

"De esta conversación -argumenta la Audiencia- confirmada por ambos interlocutores, concluye el instructor que el Sr. Villarino tuvo conocimiento de la existencia de las órdenes de localización una vez el sr. Ghali estaba en España y le sirve para acordar el sobreseimiento respecto de dicho investigado".

Enmendando la plana al magistrado instructor, la Audiencia sostiene que aunque se admitiera que esto ocurrió así, "esto no apuntaría más que a la posibilidad de que fuera el presidente del Gobierno quien ordenara que se adoptaran las medidas oportunas en orden a la entrada y posterior tratamiento del señor Ghali en España, pero no a que las personas que aparecen como investigadas en esta instrucción conocieran que la Audiencia Nacional tenía interesada su localización para ser oído como investigado".

Así, a ojos de la Audiencia Provincial, no existe "indicio alguno que soporte que se trataba de hechos que hubieran sido conocidos previamente por la investigada González Laya".