La Fundación Franco sobre su ilegalización: "Si es preciso, nos vamos a un país libre"

La Fundación Francisco Franco no descarta abandonar España si el Gobierno de Pedro Sánchez la ilegaliza. "Si es preciso, nos vamos a un país libre", ha afirmado este martes su presidente, Juan Chicharro, en una entrevista en esRadio. Para éste, la Ley de Memoria Democrática es "liberticida" y busca "borrar de un plumazo el franquismo y la Transición". Eso sí, asegura que no se lo pondrán fácil al Ejecutivo y acudirán a los tribunales.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley, que, entre otras cosas, contemplará la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo; la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos; la exhumación de víctimas del franquismo de fosas comunes sufragada por fondos públicos; o que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad español.

La norma que arranca ahora su tramitación, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las cortes y Memoria Democrática que dirige la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, avanza en la senda que ya abrió la ley de memoria histórica aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y, entre otras cosas, incluye una condena expresa del golpe de Estado militar de 1936 y la dictadura franquista, según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno de coalición.

Asimismo, recoge que será causa de extinción de fundaciones la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del Golpe de Estado, al considerarse que son contrarias al interés general, lo que llevará previsiblemente a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.

A este respecto, también contempla que las personas u organizaciones que atenten, alienten o toleren prácticas en contra de la memoria democrática no podrán recibir subvenciones, bonificaciones ni prestarán ayudas públicas.

Asimismo, el anteproyecto declaran ilegales, nulos y sin ningún efecto todos los consejos de guerra y demás procesos (con las sentencias correspondientes) instruidos por causas políticas durante el régimen franquista, como por ejemplo, la del que fuera presidente catalán durante la II República, y fusilado por el franquismo, Lluís Companys.