Policías y guardias civiles, contra Sánchez por la ley vasca de abusos: "Es otra cesión al nacionalismo"

La gran mayoría de asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional se han alineado para protestar contra la llamada ley vasca de abusos policiales. También se han sumado varias asociaciones de víctimas del terrorismo. Consideran que el texto alimenta la "teoría del conflicto" con la que ETA trata de encontrar justificación a medio siglo de asesinatos, secuestros y extorsión. Pedro Sánchez ha hecho posible que la ley fructifique al retirar un recurso de inconstitucionalidad que en su día interpuso el Gobierno de Rajoy. Y los agentes estallan: "Esto es cesión al nacionalismo y un revanchismo total hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y hacia las victimas del terrorismo".

"Sólo los jueces pueden y deben juzgar los delitos. No pueden los políticos, declarando a su libre albedrío quién es víctima y quién es el responsable", detalla José Cobo, portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), en conversación con EL ESPAÑOL. Es el resumen que hace de una ley que pretende crear una comisión elegida a dedo por estamentos políticos para definir quién ha sido y quién no víctima de abusos policiales.

Asociaciones de la Guardia Civil, sindicatos policiales y asociaciones de víctimas se manifiestan este miércoles contra la ley ante la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en Bilbao. El acto coincide con la apertura del año judicial, en la que participan las autoridades vascas. Entre ellas, el lehendakari Iñigo Urkullu.

Desde la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) afirman que les "llamó la atención" cuando se enteraron de que Sánchez iba a retirar el recurso de inconstitucionalidad sobre el proyecto de ley: "Nos parece una aberración jurídica. Son acusaciones de presuntos delitos graves, como de torturas, lesiones y daños, que la justicia ha desestimado. Cabe la posibilidad de que un gobierno termine por reconocer estos hechos y dando indemnizaciones generalizadas a miles de miembros de ETA sin ninguna prueba fáctica. También supone una falta al honor de todas las fuerzas de seguridad".

Esferas sindicales y asociativas remiten, como ejemplo de cómo actuará esta comisión, al informe sobre torturas elaborado por el Instituto Vasco sobre Criminología que la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco publicó en diciembre. "Los 4.113 casos analizados en el informe eran de denuncias de torturas, y de todas estas denuncias, solo 202 habían sido investigadas por los tribunales", señalan estas fuentes, que lamentan la arbitrariedad al enumerar los casos.

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) remitió un escrito al Defensor del Pueblo en el que le pedía asesoramiento sobre la materia. Según afirma la asociación, la respuesta que le dio éste fue que "la Ley Vasca debería reformarse para adecuarse a la Constitución". 

Los sindicatos y asociaciones policiales, así como las víctimas del terrorismo, ya remitieron una carta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que hablaban de lo "inaceptable" que resulta la retirada del recurso sobre la ley: "Blanquea el pasado criminal de ETA y ensucia el de las víctimas del terrorismo".

Los firmantes: Sindicato Unificado de Policía (SUP), Confederación Española de Policía (CEP), Unión Federal de Policía (UFP), Sindicato Profesional de Policía (SPP), el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSE), Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (ASERFAVITE), Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Unión de Guardias Civiles (UniónGC), Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional y Asociación Pro Guardia Civil (APROGC).

"Otras cesiones"

Según señalan los sindicatos y asociaciones policiales, la retirada del recurso es una "cesión" de Sánchez hacia el Partido Nacionalista Vasco (PNV); partido que le brindó su apoyo para alcanzar la Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

En la misma línea se expresaron al conocer que Sánchez había llegado a un acuerdo con la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, para ceder las competencias en materia de Tráfico a la Policía Foral.