La oferta de Sánchez: poder judicial, impuestos locales y justicia para Companys

La oferta del PSOE y el PSC para desbloquear la situación en Cataluña no solo consiste en una reforma federal de la Constitución con la referencia a la "nación de naciones". En la Declaración de Barcelona presentada este viernes en Barcelona por Pedro Sánchez y Miguel Iceta también incluye una batería de medidas entre las que destacan "desconcentrar" el Consejo de Justicia de Catalunya, implementar una mayor autonomía para "establecer tributos propios" locales y anular el juicio a Lluís Companys. 

En el preámbulo del texto presentado por los secretarios generales de PSOE y PSC se refiere al Estatuto de Cataluña aprobado en 2006 para responder a una "demanda de mayor autogobierno y mejor financiación". "Sin embargo, la frontal oposición del PP a este Estatuto y la sentencia que alteró lo que había votado la ciudadanía acabaron por desbaratar el intento de renovar el pacto de los años 1978 y 1979 -en referencia a la Constitución y el Estatuto de esos años-". En otras palabras, PSOE y PSC critican el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. 

La principal propuesta de Sánchez e Iceta es, como ya se esperaba, poner en marcha en el próximo período de sesiones una subcomisión en el Congreso para negociar la reforma federal de la Constitución que incluya la alusión a España como "nación de naciones", en línea con la plurinacionalidad que defiende el PSOE. Pero esta propuesta no es la única de la Declaración de Barcelona. 

Partes del Estatut

El PSOE y el PSC quieren "implementar iniciativas parlamentarias para desbloquear los más de cinco años de discriminación del Ejecutivo central a Cataluña". Entre ellas la principal es el "desarrollo del Estatuto de Autonomía de Catalunya". Al decir de los socialistas, la propia sentencia del TC reconocía que hay cuestiones del Estatut que "fueron declaradas inconstitucionales más por cuestiones legales de forma que de fondo". Y, por ello, plantean impulsar algunas reformas. 

Una de ellas es reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial "incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Catalunya y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial".

Asimismo, los socialistas contemplan derogar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y, por ende, aprobar "una nueva normativa para las entidades locales" que permita reconocer la institución de las veguerías "como entidad local distinta de la provincia". Además, proponen varias reformas de las leyes tributarias para "reconocer a la Generalitat la capacidad legislativa para establecer y regular tributos propios de los gobiernos locales". 

Mejor financiación y más inversión 

Entre el resto de medidas que proponen PSOE y PSC se hace una referencia genérica a "abordar la negociación del sistema de financiación autonómica" en línea con los Acuerdos de Granada. Igualmente, abogan por aumentar las inversiones del Estado en infraestructuras estratégicas de la comunidad autónoma. 

Desde el punto de vista cultural y simbólico, el texto de Sánchez e Iceta aboga por superar la "insatisfacción existente en Catalunya" que se deriva de "la falta de reconocimiento de elementos simbólicos referidos a su identidad nacional y a su historia".

Memoria histórica

Entre estos elementos identitarios, destaca la propuesta sobre memoria histórica. PSOE y PSC apuestan por "la anulación radical y expresa del juicio al president Lluís Companys, avanzando en la senda de los esfuerzos realizados en este ámbito a través de la Ley de Memoria Histórica, así como de todos los demás procesos y sentencias o resoluciones dictadas por órganos penales o administrativos del franquismo por razones ideológicas, políticas o de creencias".  

Por último, los socialistas apuestan por "reconocer la importancia estratégica y simbólica de la ciudad de Barcelona". Entre ellas cita que la ciudad condal "debe albergar organismos de ámbito estatal". En el pasado, el PSOE proponía trasladar la sede del Senado a Barcelona, pero en esta declaración no se incluye este extremo.