El consejero delegado de La Razón camufló su patrimonio tras el chivatazo de la magistrada

Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado del diario La Razón y en prisión desde el pasado viernes por supuestos delitos de corrupción en operaciones realizadas como presidente de Inassa, empresa filial del Canal de Isabel II, empezó a llevar a cabo “operaciones de transformación de su patrimonio” tras conocer que sus comunicaciones estaban siendo judicialmente intervenidas gracias al aviso de una magistrada.

El empresario sabía, al menos desde el pasado noviembre, que sus conversaciones se estaban ‘pinchando’. Mauricio Casals, presidente de La Razón, alertó de esta circunstancia a Ignacio González durante un encuentro de colaboradores del periódico celebrado en el otoño de 2016. “Una magistrada amiga de la casa”, dijo Casals al expresidente de la Comunidad de Madrid, “ha llamado para decir ‘oye, cuidado, que han grabado una conversación de Edmundo muy extraña’”. González también está ahora en prisión por haber realizado desde el Canal de Isabel II, organismo que presidió cuando fue vicepresidente del Gobierno de Madrid, actuaciones irregulares para enriquecerse.

La resolución en la que el juez Eloy Velasco explica los motivos por los que González y el consejero delegado de La Razón se encuentran en Soto del Real refleja que el ‘chivatazo’ de la magistrada tuvo consecuencias. “Se han obtenido indicios de que Edmundo Rodríguez Sobrino ha estado realizando operaciones de transformación de su patrimonio conocido”, afirma el instructor, que vincula esos cambios a que “es conocedor de las medidas de interceptación de sus comunicaciones adoptadas en esta causa y, por ende, de que él era objeto de la misma”.

Identidad desconocida

Fuentes de la Fiscalía han señalado que la identidad de la magistrada que alertó de la investigación no ha podido ser determinada por ahora y creen difícil llegar a identificarla salvo que los directivos de La Razón informen de ello. En medios de la Audiencia Nacional se descarta que la aludida pertenezca a este órgano y sitúan la filtración en una magistrada de otro tribunal que pudo acceder a la información por sus estrechos contactos con la Audiencia.

Según el auto, González Sobrino también supo que Ángel Garrido (consejero de Presidencia y portavoz del actual Gobierno de Madrid, encabezado por Cristina Cifuentes) había presentado en el verano de 2016 una denuncia por posibles irregularidades advertidas en la anterior gestión del Canal, sociedad pública de la Comunidad de Madrid que ahora preside Garrido.

El instructor señala que “se ha evidenciado la capacidad de influencia de Rodríguez Sobrino sobre directivos del medio La Razón para tratar de detener gestiones de la Administración de la Comunidad de Madrid sobre su gestión en Inassa en fechas coincidentes con la denuncia presentada por Garrido”. El juez no menciona la identidad de esos directivos del periódico, pero la pasada semana tomó declaración como investigados al propio Casals y al director, Francisco Marhuenda.

Fondos ocultos

Además, los investigadores supieron que Rodríguez Sobrino trataba de enterarse de qué información había solicitado la Fiscalía Anticorrupción a las autoridades suizas. Cuentas bancarias del país helvético fueron las que recibieron una supuesta comisión de 1,4 millones por la adjudicación a OHL del contrato para la construcción del tren de Móstoles a Navalcarnero. Esta parte de la investigación afecta a Ignacio González pero no a Rodríguez Sobrino. Lo que sí concierne a este último es la operación del Canal para la compra de la sociedad brasileña Emissao a un precio sobrevalorado que, en parte, se pagó en Suiza.

“El grado de participación de Edmundo Rodríguez Garrido en la compra de Emissao y los numerosos indicios obtenidos de la existencia de un patrimonio oculto sin declarar que pudiera serle atribuido –aún sin determinar- dan solidez a que pudiera ser uno de los destinatarios de una cantidad por determinar de los fondos públicos supuestamente desviados con ocasión de esa operación societaria”, indica el instructor.

Según el juez, Rodríguez Sobrino también utilizó sus contactos en Inassa para saber qué investigaciones se estaban llevando a cabo en esta filial del Canal que presidió hasta abril de 2016, cuando fue cesado por Cifuentes tras aparecer en los ‘papeles de Panamá’. Además de las irregularidades apreciadas en la compra de Emissao, las diligencias han aportado elementos de que pudo conocer y participar en el pago de sobornos a cargos públicos y funcionarios de Panamá, República Dominicana, Haití y Colombia a cambio de que Inassa fuera adjudicataria de contratos.

Intensa preocupación

La resolución judicial refleja, así, una frenética actividad de Sobrino para tratar de averiguar qué estaba pasando y, paralelamente, su preocupación por poner a buen recaudo su capital. Velasco señala que el empresario, al saberse investigado, “habría intentado alejar su patrimonio con la doble intención de dificultar el descubrimiento de su origen y eludir las posibles responsabilidades civiles que pudieran serle atribuidas a consecuencia de esta causa penal”.

La investigación ha puesto de manifiesto la existencia de bienes de Edmundo Rodríguez en el extranjero (fondos en Inglaterra e inversiones inmobiliarias en Colombia y la República Dominicana), así como la supuesta utilización de su hija como testaferro para ocultarlos.

Edmundo Rodríguez Sobrino se acogió en 2012 a la llamada “amnistía fiscal” y regularizó una cartera de fondos “de origen desconocido” que ascendía a 402.239 euros depositados en Crédit Agricole.