La Oficina Antifraude de Carmena podrá interrogar a todos los funcionarios y realizar inspecciones "sin previo aviso"

Manuela Carmena y su equipo de Gobierno han plasmado sobre el papel su Oficina Antifraude ideal. El reglamento estará escrito a lápiz hasta que pase por el pleno y se convierta en realidad, pero del documento provisional se desprenden las líneas generales de lo que será la herramienta contra la corrupción de la alcaldesa, proyecto concebido junto al PSOE.

El órgano disfrutará de plena autonomía en sus funciones, quedará adscrito al pleno -donde rendirá cuentas periódicamente- y se mantendrá ajeno al Gobierno y a la Administración. El que fue presentado como 'producto' estrella tendrá potestad para interrogar a todos los funcionarios de Madrid, acceder a los expedientes que considere necesario y realizar inspecciones en los centros de trabajo público "sin previo aviso".

Cualquiera podrá denunciar

Cuestionada la independencia de la Oficina por la oposición, Ahora Madrid aduce que la Dirección será elegida por el pleno, requiriendo el nombramiento una mayoría cualificada. No obstante, los partidos contrarios hablan de "trampa": la candidatura será propuesta por el equipo de Gobierno y, si la votación fracasa en primera instancia, tan sólo requeriría mayoría absoluta en el segundo intento, lo que dejaría la elección en manos de Carmena y el PSOE.

En el documento al que ha tenido acceso este periódico, los de Carmena aseguran que cualquier persona, física o jurídica, podrá denunciar corrupción ante la Oficina y que se dará a ésta la posibilidad de conservar su anonimato. "La participación de la sociedad civil" se menciona en varias ocasiones. De hecho, el órgano contará con un consejo asesor de independientes elegido por la Cámara.

Obligados a colaborar

El reglamento esbozado por la alcaldesa deja claro que todos los órganos municipales se verán obligados a colaborar con la Oficina y abre la puerta a realizar informes acerca de aquellas personas que entorpezcan la labor del órgano antifraude.

En esa 'colaboración' se incluyen dos apartados, que ilustran la amplia potestad que el Consistorio quiere atribuir a la Oficina. El artículo 34 de este borrador habla de "inspecciones sin previo aviso" a los centros de trabajo, donde los miembros de la Oficina podrán requerir toda la documentación que consideren necesaria y entrevistar a los funcionarios allí presentes.

Si la entrevista es programada e individual, el órgano antifraude deberá avisar al sujeto con quince días de antelación, que podrían ser tres en caso de considerarse la conversación "urgente".

En la notificación, detallan los papeles, "se harán constar los extremos sobre los que se requiere información" y "se informará a la persona convocada del carácter voluntario de su comparecencia, de la posibilidad de realizar alegaciones y de acudir acompañada de asistencia letrada".

¿Qué pasa con la Justicia?

En su quehacer, la Oficina inspeccionará los posibles casos de uso irregular de fondos públicos, los conflictos de intereses, el aprovechamiento personal, y todo lo que, en definitiva, suponga corrupción política. Entre los sujetos a investigar se encontrarán, además de la Administración, las empresas públicas, los consorcios adscritos al Ayuntamiento y las sociedades mercantiles que tengan más de un 50% de su participación de carácter público.

El reglamento especifica que las labores del órgano antifraude no chocarán con la Justicia. La Oficina no podrá investigar una causa al mismo tiempo que lo hagan los tribunales y tampoco podrá acceder a la documentación que estén empleando los magistrados, aunque sí que podrá ir más allá en un caso que el poder judicial considere cerrado. En este extremo se podrán buscar, dice el documento, "responsabilidades que no sean penales".

Carmena justificará la creación de la Oficina por el aumento de la preocupación del ciudadano por la corrupción y el fraude y porque "las iniciativas en el ámbito local no han sido numerosas" en este sentido.

La Oficina anticorrupción comenzará a trabajar con la vista puesta en el urbanismo, la planificación ambiental y la contratación pública, donde se producen los mayores riesgos -así lo asevera el informe de Naciones Unidas que ha guiado a Carmena en la elaboración del reglamento-.