España se baja del coche oficial

El Congreso seguirá con el mismo número de coches oficiales y conductores. La Mesa del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la propuesta que regula la utilización de los vehículos oficiales del Parque Móvil del Congreso. Ante la petición de Ciudadanos y de Podemos de cambiar la norma para adaptarse a los nuevos tiempos, la decisión adoptada no ha supuesto un cambio sustancial.

Tanto Ciudadanos como Podemos rechazaron utilizar este servicio días atrás, aunque no han recibido el acuerdo con la misma satisfacción. Para Ignacio Prendes, secretario segundo de la Mesa por Ciudadanos, esto supone “un avance importante porque ya no habrá coches oficiales para personas o cargos, sino que servirán para cubrir las necesidades de los servicios de la Cámara”.

Sin embargo, Gloria Elizo, vicepresidenta tercera de la Mesa por Podemos, considera que tener coche oficial “es un privilegio que no debería de existir” para aquellos que trabajan en las instituciones.

Al contrario de lo acordado con respecto al Parque Móvil del Congreso, el Parque Móvil del Estado lleva recortando el número de coches y de conductores desde hace ocho años para reducir el gasto de la Administración pública. Un descenso en el servicio de transporte que el Congreso ha decidido no llevar a cabo. Mantiene sus 31 coches oficiales.

La única novedad que presenta la norma adoptada es que los miembros de la Mesa, a excepción de su presidente, Patxi López, no tendrán exclusividad para utilizar un coche y un conductor. Existirán ocho vehículos y ocho chóferes a disposición de los miembros de la mesa, el secretario general, los secretarios generales adjuntos y la directora de gabinete del presidente de la Mesa.

El resto de vehículos se reparten de la siguiente forma: diez para los grupos parlamentarios (uno por grupo excepto en el caso de los mayoritarios, a los que les corresponde dos); y, por otra parte, otros doce coches para el resto de personal del Congreso, los que se conocen como vehículos de incidencias.

Para dar esta cobertura, el Congreso dispone de seis coches propios y 25 bajo contrato de alquiler. El último pliego que se formalizó data de junio de 2014. La empresa a la que se le adjudicaron todos los coches fue BBVA Autorenting, por valor de 1.300.000 euros, a razón de 305.882,35 euros al año hasta 2017, con la posibilidad de prorrogar el pago hasta 2019. Otro de los gastos asociados a los coches oficiales es el del combustible. Esta partida está adjudicada a Solred por 55.000 euros.

Los coches oficiales del Estado caen a la mitad

Tras la decisión adoptada por el Congreso, los chóferes no tendrán que temer por ser reubicados en otro departamento. Los conductores del Parque Móvil del Estado (PME) no han corrido la misma suerte durante los últimos años. El número de vehículos como el de chóferes del PME se viene reduciendo de forma constante desde el 2007. Cinco años más tarde, el Ejecutivo de Mariano Rajoy activó la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (Cora), operación donde se enmarca esta reducción de vehículos y personal.

En los últimos ocho años, el PME ha adelgazado su flota de vehículos a la mitad. De 1.195 en 2007, a 647 en 2015. A falta de los últimos datos de 2015, esta reducción progresiva ha supuesto un ahorro de 18,2 millones de euros desde el 2012, según expuso el Ejecutivo el año pasado.

El número de chóferes ha descendido al mismo ritmo que lo hacían los vehículos. En el 2005 el PME tenía registrados 1.199 conductores, pero esta cifra se redujo hasta los 767 en el 2015. Tal y como aclararon desde el Ministerio de Hacienda, gran parte de este descenso se debe a jubilaciones; y, en los casos en los que el PME tuvo que prescindir de conductores, estos fueron reasignados para otros cometidos en el mismo Parque, ya que son funcionarios del Estado.

Un conductor del PME afiliado a CCOO y que prefiere no identificarse explica que “habría que tomar alguna determinación” porque se están quedando “sin gente”. “Además, andamos fatal de material, no se atreven a comprar más coches porque de cara a la sociedad no quedarían bien”, cuenta este chófer que lleva 30 años en el sector. Según las memorias anuales del Parque Móvil del Estado, desde el 2010 no han adquirido ningún vehículo nuevo. Todos los vehículos fueron adquiridos, al menos, ocho años atrás.

En el caso de los coches de los que se prescinde, la Administración realiza subastas cada año para darles salida. Durante los últimos seis años el PME no ha comprado ningún vehículo y ha organizado subastas anuales. En la de 2014, se vendieron 71 vehículos por casi 200.000 euros, triplicando la la tasación previa.

El rechazo al coche oficial en Madrid

Las nuevas fuerzas políticas que llegaron a las instituciones en las elecciones municipales de 2015 enarbolaron el rechazo a los coches oficiales como una de sus banderas del cambio. Las imágenes de los nuevos concejales llegando en bicicleta, en metro o a pie a los consistorios españoles acapararon el foco mediático durante varios días. De los actos simbólicos, están llegando a los hechos.

El Ayuntamiento de Madrid tomó recientemente una medida para reducir el número de coches oficiales. El 1 de noviembre, el consistorio madrileño prescindió de 50 de estos vehículos. Desde el ejecutivo liderado por Manuela Carmena argumentan esta decisión como una apuesta por “reducir gastos innecesarios y dirigir el esfuerzo económico y financiero hacia inversiones sociales que demanda la ciudadanía”.

El resto de grupos del Pleno de Madrid no comparten el mismo entusiasmo. Desde el PP consideran que “con una agenda oficial intensa es muy complicado moverse en transporte público”, afirman fuentes del partido. Una tesis que comparte el Grupo Municipal Socialista. Su secretario, Ramón Silva, explica que es cierto que existen coches de incidencias a disposición de los concejales, pero que “casi siempre” cuando piden uno, “no está disponible”.

Actualmente, los grupos políticos tienen derecho a un coche oficial para cada portavoz y seis de apoyo al resto de concejales del Pleno. Esta medida de reducción de vehículos ya fue ejecutada en su momento por el PP en 2011 a petición de UPyD. El entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón decidió suprimir 20 de estos automóviles.

Igual que pasa con la reducción de coches en el Parque Móvil Estatal, al reducir el número de vehículos, el número de conductores de cargos electos también mengua. En 2010 fueron 19, que los trasladaron al Parque Móvil del Estado. Por el momento no se sabe con exactitud qué va a pasar con los chóferes que se vean afectados por la reducción actual de vehículos. Aunque la voluntad es asignarles otras funciones dentro de la Administración.

Según estimaciones confirmadas por David Batista, representante de UGT, esta decisión afectará a entre 12 y 14 conductores. El ejecutivo madrileño y los sindicatos llegaron a un acuerdo en julio del año pasado que aún no se ha hecho efectivo. En él se especifica que aquellos chóferes “de cargo electo” seguirán siendo conductores pero de “incidencias”.